En febrero de 1803, el coronel Edward Marcus Despard subió al cadalso de Horsemonger Lane precedido por la reputación de un oficial que había servido a la Corona durante más de treinta años. Jamás admitió la traición por la que iba a morir. «No soy más culpable de lo que sois vosotros, que me escucháis», clamó ante la multitud, según refiere la crónica de Camden Pelham. Para comprender cómo este antiguo ingeniero militar acabó condenado a la última pena, el relato judicial recorre décadas de servicios hasta desembocar en una modesta reunión en una taberna de Lambeth.
Despard ingresó en el ejército en 1766. Sirvió en las Antillas y en América Central, donde su carrera lo condujo a las tareas del cuerpo de ingenieros, al mando militar y a la dirección de obras públicas. La crónica le atribuye la reconquista de Black River, en la costa de los Mosquitos, tras haber sido elegido por los propios pobladores para liderarlos frente a las armas españolas. Consta en las fuentes que las autoridades de Jamaica y el propio monarca le testimoniaron su gratitud. En 1783 fue ascendido a coronel; al año siguiente fue designado superintendente para administrar el territorio de Honduras cedido por España a la Gran Bretaña.
Aquel cargo lo situó en el centro de enconados intereses contrapuestos. Diversos colonos lo acusaron de mala conducta y elevaron sus quejas ante los ministros de la Corona. Despard regresó a la metrópoli y reclamó la apertura de una investigación. Pelham escribe que, tras dos años de infructuosas gestiones ante los despachos ministeriales, se le comunicó que no pesaba contra él acusación alguna merecedora de examen y que el cargo de superintendente había quedado suprimido. Pese a ello, no fue restituido en sus funciones. La crónica presenta estos reveses como el origen de un profundo resentimiento, sin aportar los autos de la investigación ni la versión de los querellantes hondureños.
A partir de entonces, Despard comenzó a censurar con amargura al gobierno. Al amparo de la suspensión del habeas corpus, permaneció detenido durante un tiempo en la prisión de Coldbath Fields. Una vez puesto en libertad, fundó una sociedad secreta con hombres cuyos agravios, a juicio de Pelham, revestían mucha menor entidad que los suyos. Alertada, la policía obtuvo un mandamiento de registro y se personó en la taberna Oakley Arms, sita en Oakley Street, Lambeth.
Los agentes hallaron a Despard reunido en una sala con una cuarentena de personas. El grupo fue conducido ante los magistrados para ser sometido a interrogatorio. Concluida esta primera comparecencia, Despard y treinta y dos de sus compañeros ingresaron en la prisión de Horsemonger Lane a la espera de juicio. Se constituyó una comisión judicial extraordinaria y, el 7 de febrero de 1803, Despard fue el primero en comparecer ante el tribunal procesado por el delito de alta traición.
El fiscal general sostuvo que los conjurados pretendían aprovechar la ceremonia de apertura del Parlamento para apoderarse de la persona del rey y darle muerte. Afirmó que habían captado a soldados, obligando a los recién llegados a prestar un juramento de hostilidad contra el monarca y transcribiendo dicha fórmula para su difusión clandestina. Tras el atentado, planeaban interceptar los correos postales para alertar a sus partidarios en provincias, desatando una insurrección general. Tal fue el plan expuesto por la acusación pública y que Windsor aseguró haber escuchado. Estas acusaciones proceden del relato de Pelham; el texto de la crónica no reproduce las actas literales de las sesiones.
Thomas Windsor ocupó una posición central en la causa judicial. Manifestó haberse incorporado a la sociedad secreta antes de recelar de sus verdaderos propósitos. Puso los hechos en conocimiento de un tal señor Bonus, quien le aconsejó permanecer infiltrado para averiguar si participaban en la trama personajes de relieve. Windsor describió minuciosamente la fórmula del juramento, las asambleas clandestinas y las expresiones vertidas por Despard. Según su testimonio, en la reunión celebrada en la taberna Flying Horse, en Newington, un tal Broughton presentó a dos asociados a un «caballero agradable»: el propio Despard. Este último habría hablado abiertamente de atentar contra el monarca en su camino hacia el Parlamento, asegurando tener «el corazón endurecido» y haber reflexionado con detenimiento sobre la imperiosa necesidad de matarlo.
Windsor refirió asimismo una reunión en Tower Hill. Despard le habría instado a acudir con varios reclutas dispuestos a sumarse al grupo, con el fin de debatir la toma de la Torre de Londres y el apoderamiento de su arsenal. Por su parte, Wood, a quien correspondía montar guardia en el parque, habría aceptado disparar contra el carruaje real. Las autoridades detuvieron a los sospechosos antes de que el plan pudiera ejecutarse. En la narración de Pelham, por consiguiente, la conspiración quedó acreditada únicamente a través de las conversaciones imputadas a los miembros del grupo y de las deposiciones de los testigos en estrados: ningún atentado material llegó a perpetrarse contra el soberano.
Los letrados de Despard, el serjeant Best y el señor Gurney, impugnaron con firmeza la credibilidad de Windsor. Hicieron comparecer como testigos de descargo a Lord Nelson, a sir A. Clarke y a sir E. Nepean, quienes encomiaron el celo, el valor y la impecable hoja de servicios del procesado. Esta estrategia defensiva descansó sobre la intachable reputación moral de Despard, eludiendo responder punto por punto a los episodios pormenorizados por Windsor. Tras el resumen final del juez Ellenborough, el jurado declaró culpable a Despard, si bien recomendó formalmente que le fuera concedida la clemencia real en atención a sus pasados méritos castrenses. A continuación se celebraron los juicios de los restantes encausados. Pelham señala que doce de ellos fueron condenados sobre la base de testimonios semejantes y que tres fueron igualmente encomendados a la gracia del soberano.
Al escuchar la lectura de la sentencia, Despard quebrantó el riguroso silencio que había guardado hasta ese momento. Negó haber arrastrado a soldados a conspiración alguna y denunció que el jurado no debió condenarlo a la vista de los endebles elementos aportados al debate. El tribunal dictó la condena reservada a los reos de alta traición. El sábado 19 de febrero llegó a la prisión la orden ejecutiva que fijaba el suplicio para el lunes inmediato. Con todo, la pena fue conmutada en parte: se dispensó el descuartizamiento que prescribía la ley. El mandamiento comprendía a Despard, Francis, Wood, Broughton, Wratton, Macnamara y Graham; otros tres reos —Newman, Tyndal y Lander— obtuvieron la suspensión temporal de la pena.
La notificación del decreto alcanzó a Despard en su celda. Señaló que el plazo era perentorio, aunque reconoció que apenas abrigaba esperanzas de que la súplica de clemencia del jurado prosperara. Ni la mediación de Nelson ni las peticiones cursadas ante el rey lograron variar el desenlace. Su esposa, a quien Pelham describe como natural de la bahía de Honduras, se mostró abatida en un primer momento, pero recobró una serena entereza al presentarse a darle el último adiós. Las mujeres de los demás reclusos fueron recibidas de igual modo. Al despuntar el alba del domingo, las cuadrillas de carpinteros levantaron el cadalso sobre la techumbre de la cárcel, mientras piquetes de policía y tropa apostaban guardias de vigilancia.
El lunes 21 de febrero, cinco de los sentenciados fueron conducidos a la capilla: Broughton, Francis, Graham, Wood y Wratton oraron junto al reverendo Winkworth. Antes de recibir la comunión, cuatro de ellos reconocieron haber obrado mal, aunque discutieron la gravedad de los hechos imputados. Graham se declaró inocente de los cargos principales, admitiendo tan solo haber asistido a dos reuniones. El capellán dudó en administrar el sacramento a Francis, quien sostenía no haber cometido delito alguno; al cabo, logró que aceptase que había errado al frecuentar tales asambleas. Despard y Macnamara fueron bajados después de sus celdas, despojados de los grilletes y con los brazos atados a la espalda. Al contemplar la carreta y el lúgubre aparato de la ejecución, el coronel se burló abiertamente de lo que calificó de «mascarada absurda».
La comitiva fúnebre alcanzó la plataforma hacia las ocho y media de la mañana. Se procedió a atar sucesivamente a Macnamara, Graham, Wratton, Broughton, Wood y Francis. Despard fue el último en ocupar su puesto. Mantuvo un absoluto aplomo mientras le colocaban la soga e incluso él mismo se ajustó el nudo corredizo, a decir de Pelham. Instantes antes de que cediera la trampa, se dirigió a los ciudadanos congregados. Recordó sus treinta años de leal servicio, proclamó solemnemente su inocencia y acusó a los ministros de la Corona de haberse valido de un pretexto jurídico para destruirlo, por haberse atrevido a defender la verdad, la libertad, la justicia y a los desvalidos. Hizo votos para que tales principios terminasen por triunfar sobre la tiranía y la impostura. El cronista consigna que su voz flaqueó un instante, antes de concluir deseando a la multitud salud, felicidad y libertad.
Los reos fueron ahorcados y, de inmediato, decapitados con arreglo al castigo reservado en la época a los convictos de alta traición. El verdugo alzó la cabeza ensangrentada de Despard ante el público congregado, proclamándola como la de un traidor; el gentío respondió con abucheos y silbidos. Pelham describe una muchedumbre inmensa, aunque sin que se desataran disturbios. Aquel postrer acto público no disipó la contradicción no resuelta que legó el proceso: un jurado lo declaró culpable al tiempo que imploraba para él el perdón regio, mientras que el coronel marchó a la muerte reiterando sin desmayo su absoluta inocencia.