En el registro del balneario, había dado un nombre que no era el suyo. Los establecimientos donde reposa un ministro tienen costumbres de confianza: en ellos se pide una habitación, se toman las aguas, se leen los periódicos en espera del almuerzo. El italiano había sabido introducirse en este orden sosegado. El 8 de agosto de 1897, en Santa Águeda, salió de él revólver en mano.
Antonio Cánovas del Castillo leía en una galería. A esa hora cercana al mediodía, muchos huéspedes permanecían aún en sus aposentos y se disponían a bajar. Un ingeniero de minas, Azpíroz, y el corresponsal Torres se hallaban cerca del presidente del Consejo. Cánovas, pues, no estaba solo; se encontraba únicamente sentado, absorto, accesible. El asesino no tuvo necesidad de forzar puerta alguna. Le bastó con recorrer los pocos pasos que la costumbre autorizaba a cualquier otro huésped.
Sonaron los disparos. Según la relación enviada por Torres, el ingeniero y él se abalanzaron de inmediato sobre el italiano, quien disparó asimismo en su dirección sin llegar a alcanzarlos. Otras personas acudieron a la carrera. Un abogado lo aferró por detrás; un oficial de la Guardia Civil y un inspector terminaron de reducirlo. Cánovas había sido alcanzado en la cabeza y en el cuerpo. Lo trasladaron a su habitación. La escena pública concluía ya; junto al lecho comenzaba aquella en la que los conocimientos de los médicos tropiezan con un límite que ningún rango permite doblegar.
La reina despachó a un facultativo en un tren especial. Los auxilios llegaron demasiado tarde para variar el pronóstico. Cánovas murió y el Estado, mientras la esposa quedaba viuda, acometió la tarea de proveer a la vacante. El general Azcárraga asumió la presidencia interina del Consejo. Se reunieron ministros, circularon condolencias, se dispusieron las honras fúnebres. El telégrafo debía transmitir a un tiempo la muerte de un hombre y la continuidad de un gobierno.
El reo había declarado llamarse Rinaldi, para facilitar después otro nombre, transcrito de diversa manera en los primeros despachos. Bajo aquellas identidades inciertas compareció Michele Angiolillo, un italiano de veintiséis años. La prensa dispuso al principio de una mera filiación: gafas, barba, vestimenta decorosa, paseos solitarios. Pronto contaría con una carrera de desterrado. Nacido en Foggia, convertido al anarquismo, condenado en su patria por propaganda, había recorrido sucesivamente varios países de Europa. Su oficio de cajista lo había conducido hasta Londres. El hombre que penetró en la galería no procedía directamente de su cuna natal; venía también de cuantas reuniones y noticias habían jalonado su camino.
Entre aquellas noticias figuraba el nombre de Montjuïc. Tras un atentado perpetrado contra una procesión en Barcelona, en 1896, las detenciones y las violencias infligidas a los presos habían alimentado una campaña internacional. Para quienes denunciaban semejantes tratos, el castillo había dejado de ser un lugar para trocarse en un vocablo de acusación. Angiolillo convertiría a Cánovas en el blanco inexcusable. Ese tránsito, desde la denuncia de una represión hasta el asesinato de un gobernante, constituía el nudo de su acto: se arrogaba el derecho de juzgar y de ejecutar.
Emma Goldman ofreció más tarde de ello una versión militante, enteramente orientada a explicar dicha determinación. Relataba que, en Londres, varios españoles liberados del presidio habían mostrado sus llagas durante una asamblea; Angiolillo, allí presente, habría quedado hondamente conmovido ante el espectáculo. En su retrato, trabajaba como componedor de imprenta, aprendía inglés, hablaba con dulzura. Sus compañeros no reconocían en él la catadura brutal que con tanta comodidad se atribuye a un criminal. Goldman pretendía hacer comprensible cómo un hombre capaz de afecto podía matar en nombre de un sufrimiento ajeno.
Aquella mansedumbre conservada en el recuerdo de los amigos no borraba la galería de Santa Águeda. El proscrito se había acercado a un lector, había disparado y luego hecho frente a quienes intentaban prenderlo. Al espanto transmitido desde Montjuïc, había sumado otra escena de carne y hueso. Su ademán podía erigirse, para unos, en justa venganza y, para otros, en la prueba flagrante de que convenía recrudecer el castigo. A ningún preso devolvía lo que se le había arrebatado.
El juez de Vergara se personó en el balneario y recibió las primeras diligencias de la Guardia Civil. La instrucción no precisaba rastrear a un prófugo: retenía al presunto autor junto al escenario del crimen, contaba con varios testigos y con una víctima cuyas heridas daban testimonio material del atentado. Restaba fijar su identidad, sus pasos, sus propósitos y cuanto pudiera manifestar sobre sus complicidades. La prensa de los primeros días mezcló estas indagaciones con noticias de complot que la prudencia obligaba a no dar por ciertas.
En Madrid, el gobierno suspendió las comunicaciones telefónicas para vigilar con mayor celo la circulación de las noticias. El propio corresponsal advertía esta censura y las demoras que imponía a su despacho. El parte del crimen viajaba bajo tutela y, no obstante, las versiones se multiplicaban. Se rectificaba un nombre, se contradecía una hora, el pormenor de los tiros variaba de un telegrama al siguiente. El lector distante recibía ya una causa trabada con certezas esenciales y detalles todavía fluctuantes.
El 15 de agosto, una semana después del magnicidio, se constituyó un consejo de guerra en Vergara. El despacho coetáneo describe la pequeña plaza exterior casi desierta, mientras cerca de doscientas personas abarrotaban la sala y los tránsitos inmediatos. El reo compareció custodiado por dos guardias civiles y tomó asiento frente al tribunal. Una breve vista pública condujo al fallo; el presidente y los vocales partieron acto seguido hacia San Sebastián a fin de elevarlo a la autoridad militar superior. El procedimiento había dejado escaso intervalo entre el hombre sorprendido con las armas en la mano y el hombre sentenciado.
Fue ajusticiado mediante garrote ordinario el 20 de agosto de 1897, en la cárcel de Vergara. La noticia arribó a Barcelona en una gacetilla sumamente escueta. Daba cuenta de la muerte y agregaba que ningún suceso digno de mención había acontecido. Tras los nombres mudables, los consejos de guerra, los telegramas y los pronósticos ministeriales, unas cuantas líneas bastaban para clausurar formalmente su trayectoria. El diario consagraba mayor espacio a las cábalas sobre el gabinete venidero; los vivos habían reanudado sus cómputos.
Aquel silencio final no envolvió su memoria. El afable cajista retratado por Goldman y el huésped armado de Santa Águeda siguieron difundiéndose como dos figuras antitéticas. Pertenecían, sin embargo, a la misma persona. Toda la hondura del asunto radicaba allí: no cabía borrar al asesino para comprender al proscrito, ni eclipsar al proscrito para narrar el crimen. En la galería, Cánovas había posado la mirada en una plana de imprenta. Otro hombre, transido por cuanto las gazetas le habían revelado del mundo, resolvió que no llegaría a leer el final.