El hombre había pasado parte del primer acto junto a un inspector de policía. Nada en su conducta había despertado la atención de este. Debajo de ellos, la sala se iba llenando; era precisamente lo que Santiago Salvador esperaba. No había elegido a una persona. Había elegido una asamblea, y, en aquella asamblea, todos los rostros le resultaban indiferentes.
El 7 de noviembre de 1893, el Liceu abría su temporada en Barcelona con Guillermo Tell. Salvador había adquirido una entrada y subido al quinto piso. Bajo sus ropas lo acompañaban dos bombas. En su casa, antes de salir, le había explicado a su mujer que se las llevaba porque su presencia en la vivienda entrañaba peligro. El peligro, pues, iba a cambiar de dirección. Descendería desde las alturas de un teatro sobre gentes que habían pagado para oír cantar.
Salvador era natural de Castelserás, en Aragón. Sus padres lo habían destinado a las labores del campo; siendo adolescente, había residido en Barcelona y ejercido luego diversos empleos domésticos. Había servido en casas de personajes lo bastante principales como para que sus nombres figurasen un día en su interrogatorio. Casado, había vendido vino, regentado una taberna, mantenido cierto comercio con la clientela y, finalmente, practicado el contrabando. Su vida no ofrecía ascenso ni acomodo duradero: los oficios y los negocios se sucedían en ella sin que ninguno lograse retenerlo.
Hacía unos tres años, según decía, que los periódicos, los libros y los mítines obreros le habían inculcado el gusto por las ideas anarquistas. En los círculos que frecuentaba, había escuchado a Paulí Pallàs, autor de un atentado contra el general Martínez de Campos. Con naturalidad, se buscaría en la muerte de Pallàs el móvil de su propio crimen. En el juicio, Salvador rechazaría expresamente tal explicación. Afirmaría haber querido golpear a la propia sociedad burguesa. Esta negativa a una venganza particular volvía su determinación aún más aterradora: ningún agravio individual permitía trazarle límites.
Había pedido los artefactos a Mariano Cerezuela, a quien presentaba como partidario de la acción. Los había guardado en un baúl, entre la ropa blanca, advirtiendo a su mujer para que no se lastimase. Cuando hubo comenzado el segundo acto, los arrojó hacia la platea. Una sola bomba estalló. La otra quedó allí como la medida material de lo que todavía habría podido suceder.
Los nombres de las víctimas, leídos más tarde en la sala de audiencias, devolverían familias donde el asesino solo había vislumbrado una clase social. Cayo Cardellach, sus dos hermanas, su esposa y su sobrina habían perecido. El padre de esta última, herido, sobrevivía a aquel grupo familiar casi enteramente aniquilado. En otra fila, un padre, una madre y su hija habían sido segados juntos. Otros matrimonios no regresarían jamás. El sumario judicial consignaría veinte muertos y veintisiete heridos: cuarenta y siete existencias que ninguna abstracción política podía devolver a su lugar.
En medio del desconcierto, Salvador aguardó unos instantes antes de salir con los demás. Guardaba una pistola oculta bajo la blusa y llevaba consigo además un frasco de veneno. Un guardia, apostado en el piso inferior, intentó detenerlo; logró pasar, no obstante. Hacia las once, según su declaración, regresó a su domicilio y relató el crimen a su esposa. Ella rompió a llorar. Él reconoció haberla amenazado para hacerla callar. El hombre que pretendía redimir a la humanidad empezaba, en su propia alcoba, por prohibirle a una mujer su espanto.
La fuga no fue un gran viaje bien dispuesto. Buscó lechos, socorros, conocidos susceptibles de darle amparo. José Prats le facilitó una habitación y unas cuantas pesetas. Salvador marchó después a Sant Feliu de Llobregat, regresó, partió de nuevo hacia Aragón, pasó por la casa de Antonio Alfaro y acabó en Zaragoza, en la de un primo. Cuando la policía llegó, intentó disparar; un tiro no salió y volvió el arma contra sí mismo. La herida no le procuró la muerte que con tanta largueza había repartido.
El 11 de julio de 1894, el furgón que lo conducía al tribunal hubo de abrirse paso entre una densa muchedumbre. Comparecían con él dos hombres: Prats y Alfaro, acusados de haber favorecido su cobijo o su huida con conocimiento del crimen. La diferencia entre socorrer a un hombre exhausto y ocultar a un asesino iba a convertirse en su dilema capital, en medio de un proceso donde Salvador acaparaba casi toda la atención.
La vista se abrió con malos auspicios para la defensa. Su letrado solicitó un tribunal de cinco magistrados, juzgando necesario ese número tratándose de una petición de muerte; el presidente le opuso las disposiciones relativas al jurado y lo trató con una rudeza que la prensa reprodujo sin atenuantes. Mas el propio presidente impidió luego al fiscal obligar al procesado a encorsetar sus respuestas en márgenes demasiado estrechos. El tribunal tenía sus cóleras, sus normas, y en ocasiones la segunda refrenaba a la primera.
Salvador no negó su acción. Explicó que había aguardado a que el teatro estuviera lleno. Admitió que la presencia de la selecta sociedad barcelonesa había determinado su elección. Matar a este o a aquel le importaba poco: había querido sembrar el terror. Semejante confesión eximía a la acusación de inventar un alma tenebrosa. La intención se exponía por sí misma, con una nitidez casi administrativa.
Los testigos aportaron fragmentos menos sistemáticos. El inspector nada había advertido durante el primer acto. Una espectadora había visto caer un objeto sin lograr distinguir la mano que lo arrojaba. Un herido había sentido el estallido y su propia herida. La esposa de Salvador, Antonia Colom, se declaró incapaz de prestar declaración y se retiró. Su silencio nada tenía que ver con el vacío de un expediente: era la continuación de aquella noche en que su marido le había exigido que dejara de llorar.
Al reanudarse la sesión, el fiscal retiró los cargos contra Prats y Alfaro. Se decretó su puesta en libertad, a reserva de que no mediase otra causa de detención. El proceso no iba, pues, a triturar indistintamente a cuantos habían abierto una puerta al fugitivo. En cuanto a Salvador, el debate se centró en la tipificación penal de los hechos. Su defensor procuró encuadrarlos en el delito de estragos por explosivos; la sala apreció veinte asesinatos consumados y veintisiete en grado de tentativa. El jurado deliberó apenas unos minutos. Se pronunció la pena de muerte; a las diez y media de la noche, el furgón se llevaba al condenado.
Salvador fue ejecutado el 21 de noviembre de 1894. Había transcurrido un año desde la representación interrumpida. En ese año habían cabido el sumario, los debates, las esperanzas del reo y su postrimería; para los supervivientes, aquel tiempo no había colmado una sola ausencia. En el juicio, el asesino había ofrecido una explicación general de su acto. La justicia le había respondido con calificaciones y con penas. Entre ambas orillas permanecía la nómina de las víctimas, con esa obstinación propia de los nombres que desbarata los grandes discursos: una hermana, otra hermana, una esposa, una sobrina. Aquellos habían acudido juntos al teatro.