Un diente roto no suele derribar una casa. El de Enrique IV tuvo esa consecuencia, y luego muchas otras. Había recibido, junto con el labio, el golpe destinado a matarlo; tras el cuchillo de Jean Châtel, los magistrados buscaron de inmediato una doctrina, unos maestros y unos cómplices. El rey seguía con vida. El caso, en cambio, estaba a punto de extenderse mucho más allá de la estancia donde acababan de atacarlo.
El 27 de diciembre de 1594, Châtel se deslizó entre quienes rodeaban a Enrique. Era un hombre muy joven, hijo de un comerciante de paños de la Cité, formado en el colegio de Clermont, donde enseñaban los jesuitas. Nada de lo que pudiera tranquilizar a una familia había faltado en sus primeros años: padres acomodados, estudios, un porvenir que el comercio paterno no obligaba a buscar por los caminos. Y, sin embargo, llevaba un cuchillo a una reunión de cortesanos.
El movimiento del rey frustró el suyo. Enrique se inclinaba para acoger a un hombre de su séquito; el golpe lo alcanzó en la boca, le hendió el labio superior y le partió un diente. La fortuna del reino dependió de ese desplazamiento del cuerpo. El joven agresor no había logrado matar. Quedaba en lo sucesivo en manos de una justicia para la cual la intención de regicidio no menguaba por el hecho de que la herida fuese leve.
El interrogatorio condujo con rapidez hacia la religión. En las crónicas antiguas, Châtel aparece convencido de que podía herir a un soberano cuya legitimidad religiosa impugnaba, a pesar de su conversión al catolicismo. Voltaire, al relatar el caso mucho después, refiere que la falta de absolución pontificia formaba parte de este razonamiento. El cuchillo había tropezado así con una cuestión a la que los predicadores y polemistas llevaban años dando vueltas: ¿en qué momento dejaba un rey, a sus ojos, de ser rey?
Mas pasar de semejante lenguaje al descubrimiento de un instigador exigía algo más que una semejanza de ideas. Châtel había estudiado con los jesuitas; no por ello los señaló como los artífices de su acto. Las historias antiguas, opuestas en casi todo, coinciden en este punto capital: no se arrancó de sus respuestas la confesión de una orden personal de asesinato dada por sus maestros. Incluso Voltaire, harto lejos de defenderlos, distingue esta ausencia de mandato de la influencia que atribuye a sus doctrinas.
Las pesquisas se dirigieron, no obstante, al colegio de Clermont. Varios consejeros registraron las celdas y los papeles. Las pesquisas, que ya tenían apresada la mano ejecutora, querían alcanzar las palabras que la habrían guiado. En los escritos atribuidos al padre Guignard, bibliotecario del colegio, se hallaron ataques contra la autoridad de los soberanos y una justificación del asesinato político. Ya no eran rumores callejeros, sino pliegos que podían presentarse ante los jueces.
Pertenecían asimismo a un pasado muy cercano de guerras civiles y de la Liga. Esto fue lo que esgrimirían los defensores de los jesuitas: textos en otro tiempo conservados sin peligro se convertían de pronto en pruebas letales. El relato favorable a la Compañía publicado por Saint-Victor insiste en este cambio de coyuntura, con una vehemencia inversa a la de Voltaire. La discordia ya no gira en torno al cuchillo. Atiende a la distancia que media entre conservar o redactar un libelo, enseñar una doctrina peligrosa y enviar a un discípulo a dar muerte a su soberano.
El padre Guéret, que había enseñado filosofía a Châtel, fue también interrogado y sometido a tormento. No facilitó las confesiones esperadas. Su condición de antiguo maestro bastaba, con todo, para encerrarlo en el círculo de los sospechosos. La trayectoria escolar de Châtel, que incluía asimismo otros centros, se vio reducida al lugar sobre el que se concentraban las hostilidades. Un aula se convertía, retrospectivamente, en la antesala del crimen.
El 29 de diciembre, el parlamento condenó a muerte a Châtel. Dos días mediaron entre el atentado y la sentencia. El joven fue ajusticiado según el terrible suplicio reservado al regicida: el descuartizamiento. La justicia no se detuvo en el reo: su padre fue desterrado, la casa familiar demolida. En el solar donde la familia había vivido y ocupado su lugar en la ciudad, se erigió una pirámide con inscripciones. En cada una de sus caras, la arquitectura enmarcaba las acusaciones; por encima de los ornamentos se alzaba una aguja de piedra rematada por una cruz. El negocio de un pañero debía ceder su sitio a una lección política.
El mismo fallo ordenaba la expulsión de los jesuitas. Se les concedían tres días para abandonar las ciudades donde tenían sus colegios, y luego un plazo para salir del reino; sus bienes fueron confiscados. Se prohibió asimismo a los vasallos del rey enviar a sus hijos a estudiar a los establecimientos de la orden en el extranjero. Esta disposición perseguía a los alumnos hasta en la elección futura de sus escuelas. El proceso de un antiguo colegial venía a alterar el rumbo de muchos otros.
El 8 de enero de 1595, los jesuitas abandonaron París escoltados por un alguacil. Algunos marcharon a Lorena. Guéret escapó de la muerte, pero fue desterrado; Guignard fue ahorcado y su cuerpo entregado a las llamas. A la herida leve del rey respondían varios destinos truncados para siempre. La doctrina del tiranicidio quedaba condenada junto con sus supuestos vehículos, y la pirámide hacía visible, en plena Cité, esta extensión del castigo.
Enrique, sin embargo, no permitiría que aquel monumento dictara eternamente su política. Cuando las circunstancias mudaron, llamó de nuevo a los jesuitas. La pirámide fue derribada por orden suya. Saint-Victor refiere que la demolición se llevó a cabo a plena luz del día, pese a quienes aconsejaban la noche por temor a disturbios. Se derribaba públicamente lo que se había levantado para escarmiento del público. El rey superviviente recuperaba la potestad sobre el sentido otorgado a su propia herida.
Desaparecida la piedra, la imagen pervivía. Diversas estampas conservaban el monumento y sus inscripciones; podían circular de gabinete en gabinete y prolongar la querella. El mismo relato refiere entonces la incautación, en el taller del impresor Leclerc, de la plancha de cobre que permitía reproducirlas. La segunda demolición apuntaba a una imagen. Confirmaba, por el esfuerzo mismo que requería, hasta qué punto una causa judicial podía permanecer viva tras la muerte de su acusado.
Châtel no había matado al rey. Y, sin embargo, había arrojado de sus casas a un padre, a religiosos y a escolares, y levantado en el corazón de París un monumento de oprobio que el rey mandaría destruir más tarde. Un labio podía sanar; el encadenamiento que se desató a partir de aquel golpe no se reparaba del mismo modo. Cuando los transeúntes volvieron a encontrar una plaza sin pirámide, la ciudad había mudado de inscripción. Los antiguos grabados, en algún lugar, custodiaban el texto borrado.