Un tejedor de Dundee hacía frente al magistrado. Le mostraban una caligrafía; afirmaba no reconocerla. Le exigían su parecer; replicaba que nadie podía obligarle a decir más de lo que sabía. Thomas Fyshe Palmer, ministro unitario, había consentido en publicar el manifiesto de los Amigos de la Libertad; George Mealmaker comparecía ahora para explicar de qué manera aquel pliego había tomado cuerpo. En el proceso de Perth, en septiembre de 1793, urgía dilucidar qué había escrito, mandado imprimir o distribuido, y decidir a renglón seguido si el texto constituía una práctica sediciosa. La acusación le atribuía diversos papeles; los recuerdos de los miembros de la sociedad discrepaban en torno a la mano que había trazado las primeras líneas.
El manifiesto se dirigía al pueblo de Gran Bretaña. Describía las libertades como amenazadas por la tiranía, acusaba a la Cámara de los Comunes de estar «hecha de prebendas y sinecuras» y exigía el sufragio universal, así como una renovación frecuente de los representantes. Vinculaba la guerra con los tributos y los quebrantos del comercio, para luego apremiar a los ciudadanos a congregarse en defensa de sus derechos. Esta incitación a obrar brindaba a la acusación el fundamento de su tesis sediciosa.
El manifiesto no disimulaba la identidad de sus adversarios. Reprochaba al ministerio y al Parlamento haber arrastrado al país a una guerra ruinosa, evocaba las quiebras, los hogares sumidos en la indigencia y la sangre vertida. Sus redactores decían no sorprenderse por el rechazo de su petición; lejos de cejar en su empeño, hallaban en ello una razón añadida para reclamar una reforma. No era, pues, una fórmula aislada de una arenga lo que el ministerio fiscal sometía a los jurados, sino una proclama pública cuya impugnación abarcaba a todo el movimiento.
Para Palmer, reclamar una representación más equitativa constituía un deber elemental hacia sus semejantes. Para la acusación, diseminar semejante llamamiento quebrantaba la paz pública. En el tribunal, esta controversia tropezaba con un obstáculo de índole estrictamente material: ¿quién había redactado el manifiesto? ¿Quién lo había enmendado? ¿Quién había resuelto llevarlo a las prensas?
Mealmaker, antiguo tesorero y expresidente de la sociedad, explicó que él mismo había presentado un primer borrador del manuscrito ante el comité. El documento se había depositado sobre la mesa y había sido leído por Palmer, a quien él y otros habían invitado. El texto se hallaba inconcluso. En la asamblea extraordinaria, varios miembros habían debatido y votado diversas enmiendas, destinadas a ser copiadas en limpio antes de la impresión. Mealmaker ignoraba quién había aportado aquella versión y quién había consignado los añadidos; no había asistido a la redacción de estos últimos en el intervalo entre ambas reuniones. Interrogado acerca del autor, terminó por declarar: «Creí que era el señor Palmer, pero no estaba seguro». No recordaba que se hubiera levantado acta alguna de aquellas sesiones ni había visto las hojas que, según se decía, habían sido arrancadas de los libros de registro. Creía que el manuscrito revisado se había entregado a Palmer y a James Ellis, o a uno de los dos, con vistas a su impresión; no podía certificar que el ejemplar presentado en la vista coincidiera palabra por palabra con el debatido en la asamblea.
El magistrado pretendió sortear aquellas cautelas. ¿Reconocía Mealmaker, en el documento que se le ponía a la vista, la copia de la asamblea extraordinaria? No. ¿Sabía a qué mano se asemejaba la letra? No deseaba comprometerse. Lord Eskgrove le recordó su obligación de declarar cuanto creyese. El testigo opuso lo que sabía de ciencia cierta a lo que pretendían hacerle conjeturar; luego, interrogado sobre las correcciones del manuscrito, reconoció haber redactado algunas de su propio puño. Con todo, no había escrito nada entre una sesión y otra. Aquel pormenor mudaba los términos del litigio: diversas manos habían dejado su impronta en un manifiesto sobre el cual la acusación pretendía fijar una responsabilidad individual.
Las pesquisas no se limitaban a la pluma. ¿Había sufragado la sociedad el coste de la imprenta? Mealmaker declaró haber visto un recibo y una orden de pago a favor de Palmer; creía que dicha orden se había hecho efectiva. ¿Había recibido un impreso de manos del procesado? Lo recordaba, si bien dudaba sobre si él mismo lo había solicitado. Por lo que tocaba al lugar de estampación, había oído mentar Edimburgo, sin poder certificarlo de primera mano. Aquellas respuestas suministraban a la acusación indicios materiales sobre la circulación y los dispendios del impreso, aun cuando la identidad de su redactor continuara escapándosele.
Stewart, miembro de los Amigos de la Libertad, recordaba haberse encontrado con Palmer en Methodist Close, junto a Mealmaker y David Wood. Palmer aún no pertenecía al grupo; los hombres lo invitaron a unirse, mas ninguna reunión se celebró aquella noche. Más tarde, Stewart vio un borrador en el seno del comité. Juzgaba que Mealmaker era su autor. En una reunión semanal posterior, Palmer había abogado por una publicación en la prensa; Stewart no recordaba que se le hubiese encomendado redactar el manifiesto. La acusación aportó ejemplares cotejados, las cartas de Palmer fechadas los días 3, 9 y 20 de julio, así como una minuta de Alexander Morrin dirigida a Palmer. Sostuvo asimismo el envío de cerca de un centenar de copias a William Skirving, en Edimburgo, y de una veintena a James Smiton, en Newburgh. Otros tantos pliegos habían sido entregados a los libreros de Dundee Edward Leslie y Robert Miller. Palmer, por su parte, se había negado a suscribir la declaración tomada por Harry Davidson, sheriff sustituto. Los impresos y la correspondencia apuntalaban el cargo de difusión; mas no zanjaban la incógnita sobre la mano que había redactado cada pasaje del texto.
A las dos en punto de la tarde del 13 de septiembre, el jurado emitió su veredicto por unanimidad. Declaró que el manifiesto era sedicioso, capaz de soliviantar al pueblo, y halló a Palmer culpable de haber participado en su redacción, de haber ordenado su impresión y de haber organizado su reparto. Aquella resolución iba más allá del vacilante recuerdo de Mealmaker acerca del autor de las primeras líneas: daba por probada la totalidad de los hechos imputados.
Pronunciado el veredicto, Palmer solicitó la palabra. Declaró haber consagrado su existencia a difundir verdades morales y religiosas, y haberse sentido luego incapaz de permanecer como mero espectador ante los debates políticos. Veía en la reforma parlamentaria el cauce para acrecentar la dicha de millones de almas. Reconoció haberse unido a los «tejedores y menestrales de baja condición», según los habían tildado, y haber consentido en publicar su manifiesto para propugnar una representación más justa. Afirmó haber pagado ya su entrega con el oprobio, el reproche y la pérdida de su hacienda. Confiaba en que aun este nuevo trance sirviera a la causa de la ventura humana, y añadió que, de verse sometido a semejante prueba, procuraría sobrellevarla con entereza y serenidad de ánimo.
Lord Eskgrove le replicó que la sentencia debía servir de escarmiento e inducirle a enmendar los desvaríos que lo habían conducido ante los estrados. El actuario leyó a continuación el fallo: siete años de destierro ultramarino, en el paraje que el soberano determinase de acuerdo con su Consejo Privado. Si Palmer quebrantaba el destierro sin causa legal antes del plazo prescrito y era hallado en Gran Bretaña, incurriría en pena de muerte. La orden lo remitía desde la barra a la prisión de Perth, donde los magistrados debían custodiarlo hasta que se presentase ocasión favorable para zarpar. Palmer había hablado de la ventura de millones de seres; el actuario acababa de fijar, por siete años, el confín donde a él mismo le estaba vedado vivir. El relato de Borrow concluye en este mandato de prisión. No relata todavía la travesía: para el reo, el destierro comenzaba con una prolongada espera tras los muros de Perth.