El certificado hipotecario debía abrir un crédito de cincuenta mil francos. En Ginebra, el banquero Keller aguardaba una escritura notarial y la prueba incontestable de que los inmuebles ofrecidos en garantía se hallaban libres de cargas. En Romorantin, los registros decían exactamente lo contrario. Entre ambos extremos, un nombre había sido raspado y corregido: el del padre de Jules Plessard había sido sustituido por los nombres de pila de su hijo. La falsedad no resolvió nada. Suspendió el desembolso de los fondos, despertó los recelos del registrador de la propiedad y devolvió ante el tribunal de lo criminal de Loir-et-Cher una trama de deudas, letras de cambio fabricadas y asociaciones mercantiles que jamás cumplieron sus promesas.
Las vistas se celebraron del 16 al 18 de mayo de 1873. Cinco personas figuraban en la causa, pero solo tres comparecieron en el banquillo: Jules-Ernest-Honoré Plessard, Samuel Isaac y Fauvereau. El matrimonio Marteau, antiguos comerciantes de Vierzon, se había dado a la fuga y fue juzgado en rebeldía. La distinción reviste trascendencia: el proceso congregó a reos presentes y ausentes, y la crónica de la época no confunde la condena dictada contra estos últimos con un debate contradictorio sostenido en estrados.
Plessard era molinero en Châtres y alcalde de dicho municipio. El auto de procesamiento y la prensa lo describían como un propietario cuya firma inspiraba universal confianza. En 1862, arrendó una casa a Marteau, quien distaba de pagar con puntualidad sus alquileres. A tenor de la versión expuesta en las crónicas judiciales, el arrendatario no tardó en proponer a su casero que se sumara a ciertos negocios comerciales de un brillo supuestamente prometedor. La asociación prometida no se cimentó sobre ganancias reales; se inauguró, por el contrario, sufragando las deudas de Marteau.
Para saldar seis mil francos, Plessard comenzó suscribiendo efectos de comercio. Más tarde avaló nuevos compromisos, uno de los cuales ascendía a doce mil francos. De manera paulatina, el arrendador se convirtió en mero suministrador de fondos. Pagaba las deudas que asfixiaban a su socio, comprometía su propio patrimonio y desgastaba el crédito que su firma le granjeaba. La crónica procesal no desglosa la contabilidad exhaustiva de estos tratos, pero expone con nitidez su pendiente fatal: Plessard se endeuda para sostener a Marteau y acaba hallándose a solas frente a un cúmulo de obligaciones insostenibles.
Fue en esa tesitura cuando, según la declaración de Plessard recogida por el periódico, Marteau le explicó que resultaba factible emitir efectos negociables empleando nombres imaginarios o imitando firmas de terceros. Bastaría, según este razonamiento, con reembolsar las letras a su vencimiento para eludir cualquier querella. La instrucción judicial inventarió setenta pagarés falsos confeccionados entre 1869 y comienzos de 1871. La cifra ilustra con creces la magnitud de la maniobra, si bien el mecanismo no era sino el clásico sostenimiento de un crédito artificioso mediante la creación de obligaciones cuyos presuntos otorgantes no existían o jamás habían consentido en ellas.
Plessard terminó por exigir cuentas a Marteau. Su versión sostiene que este lo amenazó con revelar la existencia de las letras falsificadas si insistía en reclamar el cobro de un crédito ya reducido casi a la nada. El periódico reprodujo esta explicación sin elevarla a la categoría de hecho acreditado por documento independiente. La declaración arroja luz sobre la relación de coacción que Plessard afirmó haber sufrido; no obstante, en modo alguno borra su intervención directa, habida cuenta de que él mismo reconoció haber perpetrado las falsedades mercantiles. En la ruina más absoluta, recurrió a otros intermediarios.
Un anuncio financiero en la prensa lo puso en contacto con un pretendido director llamado Seris. La crónica asevera que Seris no era otro que Fauvereau, quien utilizaba el apellido de su cónyuge. Este no proporcionó a Plessard la suma convenida; le facilitó, en su lugar, pagarés a la orden suscritos por individuos complacientes que vendían su rúbrica a cambio de una tarifa oscilante entre dos y cinco francos. El recurso no tardó en agotarse. Acto seguido, Fauvereau presentó a Plessard ante Isaac, quien puso sobre el tapete la creación de una entidad de crédito en París.
El proyecto aparentaba solventar dos urgencias simultáneas. Treinta mil francos constituirían el fondo de maniobra del nuevo banco; otros treinta mil se destinarían a poner a flote la maltrecha hacienda de Plessard. La cifra total oscila en la narración entre cincuenta y sesenta mil francos. Se tanteó a un banquero de Ginebra, Keller, a fin de que aportara el capital. Este exigió una condición en apariencia rutinaria: la hipoteca debía gravar bienes libres de toda carga y el correspondiente certificado oficial debía acreditarlo fehacientemente. Ahora bien, las propiedades del hijo Plessard se hallaban colmadas de embargos y deudas, mientras que las de su anciano padre figuraban, según las actas, limpias de cualquier inscripción desfavorable.
El 5 de julio de 1872, alguien solicitó ante la oficina de hipotecas una certificación relativa a los bienes de Plessard padre. El documento, expedido al día siguiente, consignaba los nombres Jacques-Philippe-Honoré. El hijo se llamaba Jules-Ernest-Honoré. La homonimia parcial propició la maniobra delictiva: bastó raspar el papel y sustituir «Jacques» por «Jules» y «Philippe» por «Ernest». A simple vista, el certificado parecía describir las fincas del hijo, cuando en rigor concernía a las del progenitor. El 10 de agosto, un notario de la zona fronteriza francesa protocolizó la escritura por la cual Keller se comprometía a entregar cincuenta mil francos fiándose del certificado negativo de cargas.
El banquero, receloso, no liberó los fondos. Temiendo que se hubieran practicado nuevas inscripciones desde la expedición del título, exigió que la escritura y el mandamiento fuesen presentados de nuevo ante el registrador de Romorantin. Semejante cotejo desbarató la impostura. El funcionario reconoció de inmediato una falsificación material perpetrada en un documento dimanado de sus propias oficinas y dio parte a la justicia. El préstamo quedó frustrado; la causa penal inició su curso instructorio y recaló en el tribunal del jurado.
Las responsabilidades procesales no se confundieron. La crónica relata que Plessard confesó las numerosas falsedades en efectos de comercio, achacando su primera instigación a Marteau. Por lo que toca al certificado hipotecario, admitió haber realizado él mismo los raspados del papel, si bien Fauvereau estaba al corriente de la maniobra y se encargó ulteriormente de dar curso al documento adulterado. La posición de Isaac difería notablemente: el ministerio público no logró demostrar que estuviese enterado de la alteración material del certificado, y el relato precisa que semejante imputación obedecía a una insinuación de Fauvereau. Concebir un plan financiero, oficiar de intermediario y conocer la comisión de una falsedad documental constituyen supuestos netamente distintos.
La prensa coetánea añade que los perjudicados por las letras falsas de la primera época fueron casi íntegramente resarcidos, merced sobre todo a los cuantiosos sacrificios patrimoniales asumidos por la familia Plessard. Dicha reparación no eliminaba la existencia material del delito de falsedad; situaba, no obstante, el proceso en una densa red de quebrantos mercantiles donde las obligaciones comportaban damnificados reales, pagos parciales y pérdidas que no admitían simplificarse en una cifra única.
Tras tres prolongadas jornadas de debate, el jurado dictó su veredicto a altas horas de la noche del domingo. Plessard fue condenado a cuatro años de prisión correccional, tras apreciársele circunstancias atenuantes. Fauvereau fue sentenciado a cinco años de trabajos forzados, sin concesión de atenuante alguna. Samuel Isaac resultó absuelto. El matrimonio Marteau, en rebeldía, fue condenado en ausencia: quince años de trabajos forzados para el marido y siete años para su mujer. Fallos en modo alguno asimilables entre sí: dibujaron cuatro desenlaces netamente diferenciados según la entidad de las conductas y la posición procesal de cada reo.
El certificado había sido adulterado para infundir tranquilidad a un prestamista sobre el patrimonio de Plessard. Al alterar los nombres de pila, hizo surgir la sombra del padre tras la persona del hijo, tornando los registros públicos en una trampa insalvable para cuantos pretendieron servirse de ellos. El tribunal condenó a la mayor parte de los implicados, pero absolvió a Isaac ante la ausencia terminante de pruebas que acreditasen su conocimiento de la falsedad hipotecaria. La cadena de deudas esclarece cómo llegó Plessard a mendigar crédito a cualquier precio; no basta, por sí sola, para dictaminar la culpabilidad individual de cada uno de los actores.
Nota documental: crónica judicial contemporánea de las vistas de la Audiencia de Loir-et-Cher, sesiones del 16 al 18 de mayo de 1873, publicada en la Gazette des tribunaux el 29 de mayo, páginas impresas 508–509. El texto original presenta diversas vacilaciones tipográficas y lecturas OCR del apellido Fauvereau/Favereau; se ha optado por la grafía mayoritaria y la empleada en los encabezamientos sin pretender dirimir cada variante. Se han desestimado los prejuicios antisemitas y las descripciones denigrantes vertidas por el cronista de la época. Las explicaciones atribuidas a Plessard y las sospechas sugeridas por Fauvereau se recogen con su debido carácter de parte; las sentencias judiciales se consignan de forma estrictamente individualizada.