William Roupell pareció durante largo tiempo haberlo recibido todo de la fortuna antes incluso de haberla ganado. En 1857, entró en el Parlamento tras una costosa campaña por las calles de Lambeth; defendía las reformas y se hacía aplaudir como un hombre ya maduro para la gestión de los asuntos públicos. Luego, en 1862, en lugar de responder ante sus acreedores, abandonó Inglaterra. Pocos meses más tarde, regresó para comparecer ante un tribunal, no ya como representante del pueblo, sino como testigo de sus propias falsificaciones.
La historia que el proceso sacó a la luz había comenzado mucho antes de aquella huida. Richard Palmer Roupell, comerciante en plomo, había amasado una fortuna considerable y poseía tierras en varios condados. Richard y Sarah habían convivido durante años antes de contraer matrimonio. William nació durante esa unión previa; su hermano mayor, John, enemistado con el padre, se había marchado al extranjero. Richard, el hermano menor, nació ya después de la boda. El padre había previsto en sus disposiciones testamentarias la protección de su esposa y de sus hijos, confiando una parte sustancial del patrimonio a la custodia de personas de confianza. William, que tenía acceso a los documentos, conocía al detalle las cláusulas y las debilidades de aquel andamiaje familiar.
En 1855, las deudas lo acuciaban. Un terreno colindante con Roupell Park, propiedad de Treadwell, podía adquirirse por cinco mil libras. William explicó a su padre que la Unity Fire Insurance Company le había confiado la gestión de un capital y deseaba arrendar la gran finca familiar; la adquisición de la parcela anexa facilitaría, según él, la operación. Su padre le creyó. Dos libramientos, uno de quinientas libras y otro de cuatro mil quinientas, le fueron entregados a William para pagar a Treadwell. Las actas del proceso demostraron que el dinero jamás alcanzó su destino: las sumas se ingresaron en cuentas que William administraba, y el endoso de Treadwell fue falsificado.
Aquel primer botín no le bastó. William no tardó en fingir que la compañía necesitaba también examinar los títulos de propiedad de la finca de Norbiton Park. Bajo este pretexto, obtuvo los originales que su padre custodiaba. No los llevó a los letrados encargados del asunto, sino que acudió a Powell, un comerciante de impresos jurídicos, e hizo preparar duplicados en pergamino. Después acudió a un abogado, Whitaker, al que convenció de redactar una escritura de donación mediante la cual su padre le cedía la titularidad del terreno. Whitaker, ajeno al fraude, elaboró el documento y se lo entregó para su firma.
William imitó la rúbrica paterna. Seguidamente hizo comparecer a dos hombres, Trueman y Dove, con la excusa de que atestiguaran su propia firma. El texto legal se hallaba cubierto; firmaron sin advertir que se les hacía certificar también la del padre. Provisto de este título, William obtuvo un préstamo de siete mil libras gravando la propiedad. Pudo así pagar a Treadwell, reservarse el excedente y conferir al primer desfalco la apariencia de una transacción impecable. Cuando el terreno se vendió unos años más tarde, el comprador, Waite, pasó a ser tenedor de un título que su letrado consideraba plenamente válido.
En enero de 1856, William reincidió. Hizo creer a su padre que la compañía mostraba interés por la hacienda de Great Warleigh, en Essex, y se apoderó de las escrituras y los contratos de arrendamiento. Una nueva firma fue falsificada; Whitaker, una vez más, redactó la documentación ignorando su auténtico destino. Una tasación fijó el valor del inmueble en dieciocho mil libras, y se obtuvo un préstamo de quince mil. Estas maniobras no solo lesionaban a terceros extraños: esquilmaban los mismos bienes de los que dependía el porvenir de su familia.
El 12 de septiembre de 1856, Richard Palmer Roupell falleció repentinamente. Sarah, desolada, entregó las llaves a su hijo. William registró el escritorio paterno y halló el testamento de 1850, ratificado por un codicilo del 30 de agosto. La finca de Norbiton debía pasar a Richard, su hermano menor. Aquella disposición amenazaba con sacar a la luz los legajos fabricados y los préstamos contraídos sobre bienes que no le pertenecían. En la misma casa donde yacía el cuerpo del padre, William compró un formulario testamentario, rellenó los espacios en blanco y redactó un nuevo instrumento con fecha del 2 de septiembre.
Aquel testamento pretendía instituir a Sarah heredera universal y nombraba a William albacea junto a ella. Imitó la firma de su padre y la de Muggeridge, un anciano sirviente al que previamente había hecho firmar un recibo de cinco libras. La madre ignoraba por completo, según la declaración posterior de William, que se trataba de un documento apócrifo. Tras las exequias, presentó el legajo ante los procuradores de su padre y juró su autenticidad. Había estampado sobre el fraude el único sello capaz de perpetuarlo: su propio juramento.
El patrimonio familiar le permitió sostener su tren de vida pública. Fue elegido diputado por Lambeth en 1857 y reelegido en 1859; hacía gala de una generosidad ostentosa, respaldaba proyectos cívicos y ocupaba el primer plano de la escena social. Entretanto, las propiedades se malvendían, los acreedores proliferaban y el caudal se disipaba sin freno. El capítulo del Pitaval refiere que William llegó a dilapidar unas trescientas mil libras en el lapso de siete años. En marzo de 1862 huyó a España tras haber reducido a cenizas parte de su correspondencia y archivos. Su marcha pareció confirmar en un principio la explicación más común: la de un deudor que ponía tierra de por medio para eludir sus obligaciones.
El asunto volvió a la luz cuando se abrió una causa civil en Guildford el 18 de agosto de 1862. Richard, el hermano menor, reclamaba una finca de Kingston vendida a Waite. El comprador esgrimía la escritura de donación suscrita, según creía, por el difunto padre. Los abogados de Richard sostenían que el instrumento era falso, al igual que el testamento que había situado a Sarah al frente de la sucesión. Para restituir los derechos de la estirpe, debían demostrar el historial de los bienes, las auténticas voluntades del finado y la falsificación material de los documentos.
El nombre de William resonó en la sala. Para asombro de la concurrencia, avanzó hacia el estrado y ratificó minuciosamente los hechos. Relató el falso poder de la compañía Unity, los caudales distraídos, la firma imitada, la donación fraguada y el testamento antedatado. Reconoció haber jurado en falso la veracidad de este último. El contrainterrogatorio del letrado de Waite intentó demostrar que aquella confesión no dejaba de servir al interés familiar: de anularse el título, la propiedad revertiría en los Roupell. El dilema procesal era mayúsculo. ¿Podía merecer crédito un hombre confeso de perjurio cuando venía a denunciar otro perjurio previo?
William respondió asimismo sobre la última voluntad de su progenitor. Alegó que, antes de expirar, este había deseado alterar el testamento para encomendarle la administración general, con la obligación de asegurar rentas a su madre y a sus hermanos. No obstante, admitió haber interrumpido a su padre cuando se disponía a dictar un codicilo, temiendo que este dejase al descubierto el desfalco de Roupell Park. Esta explicación no atenuaba su culpa; ponía de relieve que el testamento espurio no había sido un arrebato aislado, sino el cerrojo definitivo impuesto a una larga cadena de expolios.
Los letrados convinieron finalmente un arreglo amistoso en la jurisdicción civil, repartiendo el valor del terreno. William, por su parte, fue conducido a prisión preventiva y se incoó el procedimiento criminal. El 22 de septiembre, en la vista oral, se declaró inicialmente inocente, para retractarse poco después y asumir su culpabilidad. Declaró que su primer tropiezo había sido contraer una deuda para costear libros y creerse en el deber de socorrer a un amigo; un abismo, dijo, había arrastrado al siguiente. Asumió en solitario la plena responsabilidad de los delitos e imploró que no recayera sospecha alguna sobre los juristas que habían tramitado las escrituras ignorando la maquinación.
Sus palabras no imploraban clemencia. Afirmó haber regresado de un refugio seguro con el único propósito de confesar, tras haber prevenido a los compradores perjudicados, prefiriendo una pena infamante a una existencia sumida en la vergüenza y el miedo. El tribunal lo condenó a trabajos forzados a perpetuidad. La crónica lo describe regresando a su celda sin aspavientos de rebeldía. Para su familia, el fallo no restituía mágicamente los patrimonios enajenados; para los terceros de buena fe, el reconocimiento de las falsedades no consolidaba la firmeza de sus títulos.
Roupell había sabido revestirse con el porte de un diputado reformista y de un hijo fiel consagrado al patrimonio familiar; paralelamente había edificado, pergamino a pergamino, una ficción sobre su propia vida. Su caída no sobrevino a raíz de un descubrimiento providencial, sino en el instante en que un litigio de tierras obligó a los documentos a confrontarse entre sí ante la justicia. La falsificación podía calcar una firma y el perjurio protegerla temporalmente; en el estrado, sin embargo, fue preciso que su artífice compareciera en persona para revelar, de viva voz, cuanto sus papeles habían callado hasta entonces.