El castillo de Condé ya había cambiado de manos en los prospectos antes de haber sido comprado. Tal era uno de los resortes del asunto que el tribunal correccional de París examinó en la primavera de 1873: anunciar la adquisición de una finca señorial, prometer la fundación en ella de un orfanato para los niños de Alsacia y Lorena, y ofrecer luego al público obligaciones presentadas con el respaldo hipotecario de dicha propiedad. Mas la finca no pertenecía a la sociedad. Tan solo mediaba una promesa de venta, sujeta a una indemnización por rescisión de cien mil francos si el comprador no formalizaba su oferta antes del 30 de agosto.
Cuando la Gazette des Tribunaux da cuenta de la sentencia, el castillo se revela menos como el corazón de una obra pía que como la fachada de una empresa financiera. La promesa patriótica no era forzosamente fingida en su intención original, pero sirvió para conferir autoridad moral a cifras y garantías que los magistrados consideraron falaces. Tras el reclamo de la palabra «orfanato», era preciso examinar el contrato, el título real de propiedad, las rentas de la finca y el dinero efectivamente recaudado.
Un establecimiento sin capital
El hombre que ocupaba el centro del sumario se presentaba con el nombre de Chéron, arrogándose asimismo el de Villiers, al cual, a tenor de la crónica judicial, no le asistía derecho alguno. Ya había conocido la quiebra en 1866. A comienzos de 1872, abrió en la rue Bonaparte un establecimiento al que bautizó «Banco Católico». Carecía de capitales y tenía arrendado el mobiliario de su aposento. El anuncio resultaba ambicioso: la casa se proponía intervenir en numerosas operaciones agrícolas, industriales y comerciales, dirigidas en particular al clero, a las comunidades religiosas y a las familias.
El 17 de marzo, Chéron mandó publicar los estatutos de la proyectada sociedad. Su capital debía ascender a dos millones y medio de francos. Las acciones prometían un seis por ciento de interés, al que se añadiría una participación en los beneficios. Con todo, la constitución definitiva quedaba supeditada al desembolso de una cuarta parte del capital; sin aguardar a tal trance, la empresa se arrogaba ya la facultad de emitir obligaciones hipotecarias. Desde este primer engranaje, el calendario primaba la recaudación de fondos antes de que el asiento anunciado estuviese plenamente constituido.
La operación del castillo fue expuesta a continuación a varios socios. El 4 de julio de 1872, se suscribió un documento privado con diversas personas, entre ellas el conde de Villarceau, de Faby, Dehon y Klotz. Juntos suscribieron un fondo de veinte mil francos para poner en marcha la idea. Chéron debía adquirir la finca de Condé, en el departamento de Eure, por un millón sesenta mil francos. Una sociedad civil establecería allí un orfanato para los niños cuyos progenitores hubiesen perecido durante la guerra de 1870, y repartiría los beneficios derivados de la explotación del predio y del trabajo de los huérfanos.
La promesa gozaba de un poderoso atractivo porque congregaba tres anhelos que el público deseaba ver colmados: una obra benéfica, la reparación moral de una derrota nacional y una inversión lucrativa. Los prospectos prometían veinte mil obligaciones hipotecarias a 242 francos con 50 céntimos, amortizables en cuarenta años a 400 francos, las cuales devengarían un cinco por ciento sobre su valor nominal. Otros reclamos publicitarios hablaban de un rendimiento cercano al diez por ciento, pagadero cada semana, en oro y libre de impuestos. La hacienda, según decían, produciría trescientos cincuenta mil francos anuales, amén de las subvenciones públicas.
La crónica pone al descubierto el contraste decisivo: la propiedad apenas rendía treinta y cuatro mil francos. Ni siquiera pertenecía aún a la sociedad; el título esgrimido ante los suscriptores no era más que una promesa sujeta a plazo y a penalización pecuniaria. La heredad no podía garantizar, a modo de activo firme, lo que la tramoya societaria aún tenía pendiente de comprar.
Nombres que infunden confianza
La publicidad no se limitaba a las cifras. En los prospectos se reproducían cartas de obispos que aprobaban la obra. Una junta de patronato colocaba, junto a la firma de un prelado romano, al general Martin, comandante de la subdivisión de Eure, así como al doctor Chéron, médico jefe del hospicio de Saint-Lazare. La Gazette precisa que los obispos habían respaldado el propósito caritativo, no la operación financiera. El general retiró su adhesión en cuanto conoció la verdadera índole del negocio; el facultativo protestó contra el uso indebido de su apellido.
Semejante abismo entre la obra aprobada y la colocación financiera anunciada constituye uno de los puntos de quiebre del sumario. Una carta de encomio podía otorgar una aparente fianza a un prospecto sin por ello garantizar las obligaciones emitidas. El nombre impreso y el consentimiento que pretendía representar no coincidían. En aquella época, al igual que en cualquier suscripción de fondos, los lectores no tenían necesariamente acceso a las conversaciones y reservas que habían precedido a la imprenta.
El director del periódico L’Épargne, Klotz, había asumido un convenio formalizado con anterioridad por Destrez. Debía colocar doce mil obligaciones y percibir una comisión de 32 francos con 50 céntimos por título para cubrir sus gastos de publicidad. El dinero no se disipó únicamente en anuncios: a la fecha de la detención de Chéron, el 30 de agosto, se habían entregado 75 840 francos a Klotz y 5 722 francos con 50 céntimos a Chéron. Las autoridades incautaron dichas sumas, a excepción de diez mil francos ya empleados por Klotz y 722 francos que Chéron retenía consigo.
Otros títulos habían sido arrancados ya de un talonario con matriz. La crónica refiere el episodio de un tenedor de 190 acciones de una sociedad de salvamento de galeones a quien se le ofreció colocar obligaciones por mediación de Chéron. Este hombre consintió en ceder 416 títulos a un tipo determinado, antes de que su auténtica naturaleza se convirtiese en materia de debate judicial. Tales maniobras muestran hasta qué punto la oferta circulaba ya por redes de conveniencia: accionistas, intermediarios, publicistas y próceres locales.
La sentencia deslinda las responsabilidades
El tribunal escuchó a los acusados a lo largo de dos vistas, celebradas el 4 y el 11 de marzo. Tres de ellos se hallaban huidos: Chéron, de Faby y Destrez. De Villarceau fue absuelto de todos los cargos, por estimar el tribunal no probado que hubiese obrado con dolo fraudulento. Tal pronunciamiento reviste tanta importancia como las condenas: el mero hecho de haber participado en la sociedad o de haber creído en su utilidad no bastaba, por sí solo, para demostrar la intención criminal.
Chéron, juzgado en rebeldía, fue condenado a cinco años de prisión y a tres mil francos de multa. De Faby y Dehon sufrieron cada uno trece meses de cárcel y mil francos de multa; Klotz y Destrez, dos años de reclusión y dos mil francos de multa. El fallo judicial impide considerar a todos los partícipes culpables en el mismo grado: algunos se hallaban ausentes, otros resultaron condenados y De Villarceau quedó libre de culpa por no haberse acreditado su mala fe.
En su relación de los hechos, la Gazette saca a la luz un tinglado harto más complejo de lo que el vocablo «banco» daba a entender. La sociedad no poseía aún el castillo, los rendimientos anunciados distaban de los ingresos reales de la finca, el capital previsto estaba aún por allegarse y la propaganda transmutaba apoyos circunscritos a la labor caritativa en promesas de certidumbre patrimonial. Fueron estos desajustes, y el concurso desempeñado por cada encausado, los que brindaron a los jueces materia suficiente para deslindar la ilusión alimentada de la connivencia con el fraude.
El castillo permanece en el centro del litigio, mas no podía soportar todo el peso que le atribuían. Antes que asilo para huérfanos, era un bien de adquisición incierta; antes que garantía hipotecaria, una mera promesa; antes que manantial de pingües rentas, una heredad cuyo provecho era muy inferior a las cifras impresas. La justicia no dirimió el mérito moral de un orfanato: juzgó a las personas y las maquinaciones mediante las cuales se había inducido a los suscriptores a desprenderse de sus caudales.
La postrera ironía radica en esta desproporción: el prospecto pintaba un porvenir cuyos beneficiarios habrían sido niños desvalidos, mientras que las sumas efectivamente allegadas apenas alcanzaban una brizna del capital proclamado. El nombre de una causa nobilísima había dotado a la inversión de la apariencia de una certeza inexpugnable, cuando el propio castillo seguía fuera de todo alcance. En la sentencia dictada en 1873, la promesa caritativa no podía suplir la falta de un título de propiedad.