El armero reconoció a su cliente entre los hombres que acababan de prenderlo. Pocos meses antes, aquel joven se había presentado en su tienda con los modales de un viajante de comercio. Había solicitado ver algunas armas; se le había otorgado confianza. Ahora, el carruaje del rey se alejaba, acababa de resonar un disparo y el cliente llevaba un nombre que toda Francia estaba a punto de conocer: Louis Alibaud.
Devisme se hallaba aquel día prestando servicio en la guardia nacional. El encuentro fue fortuito; la instrucción judicial, sin embargo, se vio obligada a escudriñar hasta la menor coincidencia. Cuando se acaba de disparar contra un soberano, cualquier proveedor se convierte de inmediato en un posible miembro de la conjura. Un préstamo, una visita, una recomendación: todo se dispone sobre el mismo pupitre. Las relaciones más ordinarias pasan a exigir explicaciones extraordinarias.
El 25 de junio de 1836, Luis Felipe abandonaba las Tullerías en compañía de la reina y de Madame Adelaida. Alibaud disparó sin llegar a alcanzar a los ocupantes de la berlina. Detenido en el acto, no negó su acción ni el designio que lo guiaba. El magnicidio se había frustrado; su autor pretendía, no obstante, conferirle un significado. Tenía al monarca por enemigo del pueblo, reputaba al gobierno responsable de sus desgracias y pretendía alcanzar, en la persona del mandatario supremo, la causa misma de cuanto lo abrumaba.
Contaba veintiséis años. Antes de aquella jornada en la que redujo su existencia a un solo empeño, su vida había conocido suficientes rupturas como para entrever en ella, ante todo, una incapacidad de arraigo. Nacido en Nimes y educado en parte en Narbona, había recibido cierta instrucción, trabajado como copista, probado suerte en la marina y sentado luego plaza en el ejército. Cada ocupación le había deparado un comienzo; ninguna le concedió el rango que creía merecer.
Las jornadas de 1830 constituyeron el primer gran acontecimiento al que anudó su filiación política. Siendo soldado, afirmó haberse negado a hacer fuego contra los insurrectos; declaró asimismo que no había querido combatir a sus antiguos camaradas. Esta actitud, expuesta con posterioridad a los magistrados, no lo situaba aún al término del camino que conducía al atentado. Le proporcionaba, con todo, una trayectoria personal que engarzar con la del nuevo régimen. El rey elevado al trono tras las barricadas podía ser enjuiciado en nombre de las esperanzas forjadas al pie de aquellas mismas barricadas.
La represión de Saint-Merry, en junio de 1832, cobró en sus declaraciones un lugar decisivo. Alibaud no había intervenido en ella: se encontraba destacado en otra parte con su regimiento. La distancia geográfica no impidió la asimilación moral. Los caídos que no había visto se convirtieron en los difuntos de quienes se arrogaba el desagravio. Con el paso de los años, aquel encono habría de fundirse con sus desengaños privados hasta volverse indistinguible de ellos.
Declarado no apto para el servicio en 1834, anduvo a la búsqueda de empleo. Pasó por las oficinas del telégrafo, recaló en casa de sus padres, aprendió castellano y partió con rumbo a Barcelona. Confiaba en hallar allí una causa y una posición; regresó sin haber abrazado la una ni asegurado la otra. París fue la siguiente tentativa. En el otoño de 1835, arribó con escaso dinero y un optimismo que los meses desgastarían con mayor presteza que sus ropas.
Un antiguo camarada de Narbona, Léonce Fraisse, le brindó socorro. Se hallan en el sumario esos gestos sencillos cuya índole —si nacidos de la caridad o de la complicidad criminal— una pesquisa de Estado nunca acierta a deslindar de inmediato: facilitar un aposento, costear una comida, dar referencias para un trabajo. Fraisse discutía de política con él, pero tales pláticas ponían de relieve sus divergencias. El juez instructor examinó sus vínculos y no logró transformar la camaradería en coparticipación en el atentado.
Alibaud trabajó para un bordador y luego como tenedor de libros en el establecimiento de un tratante de vinos. Este último empleo le aseguraba sueldo, techo y sustento. Habría bastado para frenar el declive de la miseria. Sin embargo, el empleado se mostró negligente, fue despedido y debió asumir de su propio peculio todas las pequeñas expensas que una casa ajena le había ahorrado hasta entonces. El jergón, la cena y la vela volvieron a erigirse en otros tantos acreedores.
Alquiló un cuarto del cual apenas pagó una fracción. Comía a cuenta prometiendo un salario venidero. En sus últimos días de libertad, la venta de un diccionario de español le deparó unas cuantas monedas. Aquel volumen pertenecía a una de las vidas que había intentado encauzar; no le procuraba ya más que el sustento indispensable para franquear una jornada. La penuria constituye aquí una circunstancia acreditada, no una justificación que dispense de atender a las demás personas que viajaban en el carruaje real.
El arma procedía del establecimiento de Devisme. Alibaud la había obtenido bajo el pretexto de una transacción comercial y no la había restituido, aduciendo después su extravío. El armero, el amigo que había servido de mediador para ciertas devoluciones y los dependientes que habían visto pasar al joven debieron reconstruir aquella sucesión de visitas. La preparación del regicidio había adoptado las apariencias de un negocio ordinario. Fue precisamente esto lo que tornó necesarias tantas indagaciones en torno a un culpable no obstante prendido sobre la escena del crimen.
El 25 de junio, Alibaud leyó los periódicos, anduvo de acá para allá y jugó al billar. El testimonio de su adversario de juego introdujo en el sumario una escena singular: un hombre todavía sujeto a las apacibles convenciones de una partida, que rehúsa luego echar otra porque le apremia la marcha. Pocas horas después, tan leves recuerdos servían para fijar la cronología de un magnicidio frustrado. Los testigos no se habían cruzado con la figura histórica; habían tratado con un parroquiano, un vecino, un jugador.
Ante la Cámara de los Pares, la identidad del agresor no dejaba lugar a dudas. Restaba la defensa de un individuo cuyas confesiones amenazaban con hacer pasar toda garantía procesal por dilaciones inútiles. Su letrado, Charles Ledru, solicitó que se aplazaran las sesiones a fin de disponer del tiempo preciso para prepararlas. El tribunal desestimó la petición el 8 de julio: juzgó suficiente el plazo acordado, habida cuenta del flagrante delito y de los interrogatorios ya practicados. Los debates siguieron su curso.
Al día siguiente, tras las declaraciones de los testigos y los alegatos, Alibaud reivindicó de nuevo su acción. Invocaba los ejemplos de la Antigüedad y pretendía colegir de la imposibilidad de alcanzar justicia el derecho de matar. Los jueces tenían ante sí a un procesado que no pretendía únicamente que se le comprendiera, sino que aspiraba a erigir en doctrina el mismo hecho por el cual comparecía en el banquillo. Ningún artificio de lenguaje podía colmar aquel abismo: él hablaba de liberación política; el tribunal juzgaba un intento de asesinato.
El 9 de julio, la Cámara lo condenó a la pena asignada al parricidio, término con que la ley de entonces calificaba el atentado contra la vida del rey. El vocablo extendía a la monarquía la imagen de un linaje y confería al monarca la dignidad de padre. Alibaud fue ejecutado el 11 de julio de 1836. No había arrebatado la vida a ninguno de los ocupantes de la berlina; el atentado condujo de igual modo a su ejecutor al cadalso.
Devisme pudo volver a sus armas, Fraisse a sus ocupaciones, los testigos a sus respectivos comercios. Todos ellos habían tratado con el mismo joven y solo habían conocido de él perfiles truncos. La instrucción los había congregado: el viejo soldado, el viajero devuelto de España, el empleado desidioso, el insolvente, el jugador de billar. Entre semejantes semblanzas flotaba la determinación individual que de súbito los había vuelto solidarios ante la ley. El rey prosiguió su reinado. Quienes habían auxiliado a Alibaud hubieron de reanudar, por su parte, una existencia en la que el recuerdo de un favor prestado había quedado incorporado a las actas del proceso.