La etiqueta del sombrero acusaba a Inglaterra. En el proceso contra Giovanni Pianori, el presidente del tribunal destacó las palabras que aludían al Palacio de Cristal de Sydenham y las incorporó a las armas, a la indumentaria y al dinero hallado en sus bolsillos. El zapatero italiano sostenía haber actuado solo. La acusación, en cambio, pretendía hacer comparecer a sus espaldas a todo un universo de proscritos, conspiradores y doctrinas. El sombrero tenía una procedencia; poco faltaba para exigirle que revelase a un instigador.
Nueve días antes, el 28 de abril de 1855, Napoleón III había salido a caballo. En los Campos Elíseos, cerca del Château-des-Fleurs, un hombre abandonó la calzada lateral y avanzó hacia él. El agente Alessandri creyó en un primer momento que se trataba de una petición. Era común que los viandantes abordasen al soberano a su paso para presentarle memoriales, y la misión del agente consistía con exactitud en mantener a distancia a tales suplicantes. De pronto, vio asomar una pistola bajo la ropa. Aquella visita al príncipe acababa de mudar de naturaleza.
Alessandri se abalanzó hacia él. Un carruaje le cortó el paso y le obligó a dar un rodeo; dos detonaciones sonaron durante aquel breve tropiezo. El emperador no fue alcanzado. El agente derribó a Pianori, quien resultó herido en el forcejeo por el puñal que Alessandri empuñaba. Acudieron más policías. Hubieron de proteger acto seguido al detenido de los curiosos, que pretendían darle muerte. El atentado había fracasado, mas una segunda muerte posible se incubaba ya en la furia de la muchedumbre.
Se hallaron en su poder otras armas y una gorra oculta bajo las ropas. Confesó haber pretendido matar al emperador. Su motivo radicaba en la expedición militar francesa contra Roma: consideraba a Napoleón responsable de la ruina de su país y de sus propias desgracias. Los agentes contaban, pues, con un autor capturado in fraganti, un arma empleada y un móvil declarado. La controversia que dominaría el juicio no consistía en saber quién había disparado, sino en determinar qué historia política se le haría relatar a aquellos disparos.
Pianori procedía de los Estados Pontificios. Su trayectoria había cruzado las luchas italianas, el destierro, varias ciudades francesas y Londres. Había viajado bajo la identidad de Antonio Liverani. Ante el tribunal, procuró deslindar su concurso en la guerra contra los austriacos de la etiqueta revolucionaria que se le atribuía sin matices. Se expresaba en un francés defectuoso, vacilaba en el vocabulario y cuestionaba términos cuyo sentido los magistrados daban por indudable. Al preguntar qué era una acera, el presidente se vio en la precisión de explicarle que se trataba del espacio destinado al paso de los peatones.
La instrucción se había conducido a paso acelerado. El 30 de abril, los autos pasaban de la cámara de instrucción a la de acusación. El 7 de mayo, Pianori compareció ante el tribunal de lo criminal del Sena, presidido por Partarrieu-Lafosse. El fiscal general Rouland sostenía la acusación pública; Benoist-Champy asumía la defensa. La sala se llenó desde hora temprana. La supervivencia del soberano y la confesión del tirador conferían al litigio una aparente sencillez, cuya verdadera naturaleza los debates iban a revelar.
El presidente dio lectura a dos despachos llegados de Roma. Atribuían a Pianori antecedentes criminales, condenas anteriores y una fuga carcelaria. El acusado lo negaba. Parte de aquellos nombres no eran sino apodos que se le cargaban; otras afirmaciones, aseveraba, eran inciertas. El marchamo oficial de los informes les otorgaba a ojos del magistrado un peso irreductible a la simple desmentida. Aquellos despachos habían corrido más aprisa que las posibilidades de verificarlos. En la sala, aquel a quien retrataban debía responder en el acto a una semblanza confeccionada muy lejos de allí.
Se examinaron sus ocupaciones. El maestro zapatero Mallet lo consideraba impuntual y torpe: la confección de un par de botines le había tomado demasiado tiempo. Su patrona, al contrario, lo había visto trabajar antes de la marcha a Londres; el portero de la finca recordaba en él un trato pacífico y una conducta arreglada. A su regreso, se había vuelto taciturno. Pianori lo atribuía a un reumatismo en el brazo. La acusación interpretaba ese cambio como la maduración del delito. El mismo silencio podía ser así una dolencia física, un desasosiego o la señal inequívoca de una conjura, según el labio que lo interpretase.
El dinero londinense suscitaba todavía más dudas. ¿Cómo un artesano de ingresos modestos había podido adquirir una pistola costosa, sufragar sus traslados y guardar una suma en oro? Él alegaba su oficio, un patrón cuyo apellido inglés se le escapaba y armas recibidas como pago. Estas respuestas se le antojaban inverosímiles al presidente. Rouland extraía de ellas la certidumbre de una financiación política, aunque se guardaba de señalar con nombres y apellidos al instigador del crimen. En su informe fiscal, le bastaba erigir a Pianori en mero brazo ejecutor de un partido.
Los pormenores de la vida corriente fueron sometidos al mismo sesgo acusatorio. Dos mujeres vistas en su habitación se convertían en visitas turbias; Pianori aseguraba aguardar a unas lavanderas. Una copa de ajenjo apurada antes de salir se exponía como una forma de infundirse valor para el magnicidio; el dueño del cuarto no había advertido en él alteración alguna. La gorra servía supuestamente para mudar de semblante. El sombrero, en cambio, lucía la dirección británica que la fiscalía asociaba con el arsenal. Cada objeto era fáctico; su articulación en una empresa sufragada no pasaba de ser una interpretación rechazada por el reo.
Los policías relataron a continuación el arresto. Varios de ellos juraban que empuñaba ya una segunda pistola; Pianori mantenía que se la habían sacado del bolsillo. Reconocía el hecho capital y disputaba los pormenores. Rouland amplió sus conclusiones a los peligros revolucionarios, al orden civil y a la protección providencial dispensada al monarca. El jurado pronunció el veredicto de culpabilidad. La pena señalada por la ley para el atentado contra el emperador era la reservada a los parricidas: aquel mismo 7 de mayo se pronunció la condena a muerte.
El recurso de casación se articuló principalmente en torno a dos cuestiones que la vista oral había dejado pendientes. ¿Debió el reo haber contado con un intérprete? ¿Era admisible oponerle despachos oficiales de cuyo contenido no se le había instruido a tiempo para preparar su descargo? Delaborde defendió el recurso. El ministerio fiscal adujo que las réplicas del acusado demostraban una inteligencia bastante del idioma y que la lectura de piezas correspondía a las prerrogativas del presidente. La crónica periodística se incorporaba al propio debate jurídico, pues el acta oficial no recogía todos los incidentes que los cronistas reseñaban.
La Corte Suprema de Casación desestimó el recurso. Pianori subió al cadalso en París el 14 de mayo de 1855. El hombre que había atentado contra el emperador no había quebrantado ni su persona ni el régimen; este le había respondido con una administración de justicia que proclamaba su rigor formal con tanta fuerza como su celeridad. Quedaba flotando, empero, entre el atentado confeso y la construcción de la vasta conspiración, un vacío que la oratoria judicial no lograba colmar. En el juicio, un extranjero había preguntado por el significado de ciertas palabras. Le habían respondido que comprendía a la perfección.