El estampido apenas acababa de resonar cuando un hombre cruzó el vestíbulo tambaleándose. William Smith, diputado por Norwich, lo vio avanzar hacia él; creyó en un primer momento que buscaba refugio. El hombre dio unos pasos más, cayó de bruces contra el suelo y ya no se incorporó. Solo al darle la vuelta, con el auxilio de otro testigo, reconoció Smith a Spencer Perceval. El jefe del gobierno británico había entrado en los Comunes para cumplir con sus deberes. Ahora lo trasladaban a la estancia del secretario del Speaker, y los hombres que lo sostenían sentían cómo la vida se le escapaba entre las manos.
Junto a la chimenea, John Bellingham había permanecido sentado. No había aprovechado la confusión para ganar la calle. Acababa de descargar una pistola; encima de él hallarían una segunda, aún cargada. Cuando el procurador Henry Burgess le inquirió la causa de su proceder, su respuesta devolvió el homicidio al asunto con el que llevaba tanto tiempo importunando a las administraciones: se le negaba toda reparación. Era el 11 de mayo de 1812. Para quienes rodeaban a Perceval, acababa de morir un hombre. Bellingham creía haber obtenido, por fin, una audiencia.
La cuenta pendiente
El asunto había comenzado lejos de Westminster, en el comercio con Rusia. Bellingham se había trasladado a Arjánguelsk; allí, ciertas desavenencias monetarias lo enfrentaron a sus socios. Había padecido prisión, implorado la intervención de los representantes británicos y disputado las resoluciones dictadas en su contra. De regreso a Inglaterra en 1809, no dejó atrás aquel suceso. Lo convirtió en una reclamación contra su propio gobierno, al que reprochaba haberlo desamparado.
Conviene dejar su desacuerdo en boca de los hombres que lo sostuvieron. Bellingham se proclamaba víctima de una persecución. El antiguo embajador, lord Granville Leveson Gower, sostendría por el contrario que unos árbitros lo habían declarado deudor de dos mil rublos y que la legación británica carecía de atribuciones para sustraerlo a una detención legítima. En una misiva fechada el 17 de mayo, leída públicamente en el Parlamento tres días más tarde, recordaría sus gestiones en favor del mercader, pequeños auxilios económicos e incluso una noche de asilo en su propia residencia.
Aquella carta constituía asimismo la defensa del embajador impugnado. No zanja por sí sola el expediente ruso; veda, empero, que se narre el alegato de Bellingham como una verdad inconcusa. Se oponían dos versiones. Bellingham pretendió dirimir la disputa mediante un acto que no podía fijar ni la cuantía de sus pérdidas ni la responsabilidad de aquellos a quienes inculpaba.
En Inglaterra, escribió, compareció, volvió a empezar. La crónica judicial lo muestra deambulando de una autoridad a otra, del Consejo Privado a la Tesorería, recabando el favor de un diputado, suplicando al príncipe regente. Cada negativa lo devolvía a sus legajos iniciales. Poseía una relación minuciosa de sus infortunios; aquellos a quienes la sometía no le reconocían el crédito que pretendía fundar en ella. Entre ambos extremos, la distancia no cesaba de ensancharse.
Un bolsillo en la casaca
Un episodio referido durante el juicio confiere a semejante obstinación una forma casi doméstica. Anne Billet, que conocía a Bellingham desde la infancia, relató haberlo acompañado junto a su esposa a un despacho ministerial. Pretendía demostrarles que su solicitud estaba a punto de prosperar. El funcionario, no obstante, le reiteró que nada debía esperar. Al salir, Bellingham tomó la mano de su mujer y le presentó aquella visita como un motivo de sosiego. La testigo interpretaba semejante conducta como indicio de perturbación mental; el relato no nos autoriza a trocar su juicio en un diagnóstico retrospectivo.
El 23 de marzo de 1812, Bellingham había remitido a los magistrados de Bow Street una carta amenazadora. En ella advertía de que, si persistían en denegarle reparación, se tomaría la justicia por su mano y estaría dispuesto a responder de su proceder ante las autoridades judiciales. En su defensa, llegaría al extremo de presentar una contestación que lo dejaba en libertad de emprender las acciones que estimase oportunas como si fuera un permiso para pasar a los hechos. Era su propia interpretación, no una autorización para matar.
Por aquel entonces frecuentaba los Comunes. Vincent George Dowling, quien volvería a toparse con él tras el disparo, lo había visto en la tribuna y le había oído inquirir los nombres de los oradores, en particular los de los miembros del gabinete. Aquellas visitas contaban, pues, con un testigo. Reunían en una misma trama a los personajes que intentaba identificar y los memoriales que no lograba hacer admitir.
Otro testigo solo había tenido trato con sus prendas. James Taylor, sastre de profesión, había recibido el encargo de añadir a una casaca un bolsillo lateral, de una longitud señalada con precisión por el cliente. Llevó a cabo el trabajo y entregó la prenda. En la vista oral, aquella insignificante labor de costura cobró una dimensión sobrecogedora entre los preparativos: lo que para el artífice había sido un encargo rutinario se transformaba en pieza de convicción de un asesinato. Nada permite atribuirle entonces el menor conocimiento de su funesto destino.
El vestíbulo
El 11 de mayo, hacia las cinco, John Morris reparó en Bellingham cerca de la hoja habitualmente cerrada de la puerta doble. Le pareció que acechaba a alguien. Morris prosiguió su camino hacia la tribuna; casi de inmediato, oyó la detonación. El crimen no se perpetró en medio de una solemne alocución. Hirió a un hombre en aquel corredor de paso donde se entraba, se cruzaban y se aguardaba antes de los debates.
Smith y su acompañante retiraron a Perceval a un lugar apartado. Asomó sangre en sus labios; los últimos hálitos de vida se extinguieron en contados minutos. El cirujano William Lynn, requerido de urgencia, nada pudo hacer por salvarlo. Entretanto, Burgess se había aproximado a Bellingham y le había arrebatado la pistola descargada. Dowling descubrió la otra arma oculta entre las ropas del reo. Aquella segunda pistola no llegó a dispararse: suponerle un segundo blanco inequívoco equivaldría a prolongar el crimen más allá de lo que los testigos nos transmiten.
Bellingham respondió a las preguntas y fue interrogado en el recinto. Pretendía distinguir entre Perceval, el individuo, y el ministro contra el cual dirigía su reclamación. Semejante sutileza podía servirle para un discurso; nada había dejado en pie del cuerpo que acababan de retirar. Jane Perceval perdía a su esposo; doce hijos, a su padre. El gobierno bien podía hallar un sucesor. La familia, jamás.
Cuatro días para comparecer
El proceso dio comienzo en el Old Bailey el 15 de mayo. Bellingham había confiado en obligar a las autoridades a examinar su querella; se hallaba ante un jurado convocado para juzgar un homicidio. Sus letrados intentaron obtener un aplazamiento para recabar pruebas relativas a su estado mental. El acta recoge sus gestiones y las objeciones del acusado respecto a sus documentos, parte de los cuales obraba en poder de la acusación. Con todo, la audiencia se celebró aquel mismo día. Los papeles incautados le fueron devueltos antes de su alegato de defensa, previa comprobación de su custodia; el acta hace constar que su abogado ya disponía de copias.
Él mismo rehusaba ser salvado mediante una tesis que habría mermado, a sus ojos, el valor de su reclamación. Agradeció a la acusación que rebatiese el argumento de la demencia y desgranó luego prolijamente sus agravios. Reconocía haber causado la muerte, mas impugnaba el carácter criminal que la justicia atribuía a su acción. Declaró asimismo que habría preferido toparse con el antiguo embajador. Tal aseveración arroja luz sobre el verdadero objeto de su inquina; no exculpa en modo alguno a la víctima que de hecho eligió abatir.
Los testigos llamados por la defensa expusieron sus observaciones. Anne Billet describió aquella convicción inquebrantable en una fortuna inminente, mantenida sin haber recibido dinero alguno, y la aparente imposibilidad de hacerle admitir el fracaso de sus pretensiones. El jurado desestimó la defensa. Bellingham fue declarado culpable y condenado a muerte. Su certidumbre de hallarse legitimado para obrar no se había transmitido a los hombres que lo juzgaban.
La semana clausurada
El 18 de mayo fue ahorcado en Newgate. Siete días mediaron entre el asesinato y la ejecución. La crónica relata que, al pie mismo de su postrer suplicio, volvía a evocar a Rusia y a su familia. Puede advertirse, en semejante porfía, la dimensión voraz que había cobrado su pleito; no cabe buscar en ella ni un indicio médico inédito ni la justificación que el tribunal le había denegado.
Dejaba también él una esposa y varios hijos. Ninguna reparación podía depararles aquel disparo. En cuanto a la familia Perceval, el Parlamento le aseguró un desahogado porvenir: se votaron cincuenta mil libras, además de una renta vitalicia de dos mil libras para Jane. El dinero perseguía ahora otro destino: enjugar las consecuencias de un homicidio en lugar de saldar la reclamación de un comerciante.
Bellingham había pretendido sentar al gobierno en el banquillo de su propia historia. Había disparado contra un hombre, para descubrir después que el juicio versaría sobre aquel cadáver y sobre su propio ademán criminal. Sus memoriales no habían desaparecido. Permanecían allí, con sus ruegos, sus rechazos y sus contradicciones. Mas aquel a quien había querido pasar la cuenta ya no podía responder.