En Edimburgo, el 12 de abril de 1567, James Hepburn, conde de Bothwell, compareció en persona ante el tribunal de justicia reunido en el palacio del Senado. El cargo formulado no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del crimen que se le imputaba: el asesinato del rey, Enrique, lord Darnley, esposo de María Estuardo. En la noche del 9 de febrero, rezaba el auto, se había prendido una gran cantidad de pólvora bajo la casa donde descansaba el príncipe, cerca de la colegiata de Kirk o' Field; la explosión había volado el edificio por los aires, matando a su morador. Aquella fecha era la que consignaba la acusación. La detonación, en cambio, sobrevino en la madrugada del 10 de febrero.
Bothwell designó a dos letrados, David Borthwick y Edmund Hay. Se iba a juzgar a un prócer por la muerte de un rey, mas la primera cuestión planteada no versó sobre la pólvora ni sobre la hora del homicidio. Versó sobre la potestad de juzgar.
Henry Kinloch se personó en nombre del conde de Erroll, condestable de Escocia. Sostuvo que el condestable ostentaba jurisdicción privativa para encausar a hombres de tal condición cuando el crimen hubiese acaecido en las proximidades de la estancia del príncipe. Si el tribunal de Argyll proseguía la causa, protestó, invadía una jurisdicción inmemorial. El magistrado, tras deliberar con su asesor, resolvió que no obstante instruiría el proceso: Kinloch no había aportado título probatorio que sustentara su alegato. Bothwell exigió que se levantara acta de ello. En breves instantes, las partes habían fijado la regla del día: cada reparo quedaría consignado, cada protesta asentada, sin que ello impidiera la continuación de la audiencia.
La otra ausencia, de mayor trascendencia aún, era la de Matthew Stewart, conde de Lennox, padre de Darnley y parte acusadora. No había hecho acto de presencia en la sala. Robert Cunningham, su servidor, acudió en su lugar provisto de un memorial firmado y un poder notarial. Solicitó que se señalase otra fecha para su señor. El plazo concedido, alegaba, había resultado harto breve; Lennox no había podido reunir a sus deudos y parciales, de cuya presencia consideraba depender su honor y su seguridad frente a una facción adversa de mayor pujanza. Si de grado o por fuerza había de juzgarse en esa jornada, añadió, formalizaba su protesta contra el modo en que se ventilaba la causa.
El texto transmitido por Borrow recoge asimismo la expresión más virulenta de dicha protesta. En ella, Lennox aseveraba que, si los jueces absolvían a los reos, no podrían parapetarse en la ignorancia: a su juicio, la autoría de los homicidas era pública y manifiesta. No intervenía a la manera de un testigo llamado a declarar sobre lo que hubiere presenciado en la casa devastada por la pólvora; hablaba como un padre que acusaba e incurría en el fundado temor de que una sentencia absolutoria clausurara para siempre la vía a cualquier otra prueba.
La curia se negó a conceder el aplazamiento. El juzgador tomó en consideración los memoriales de Lennox, el mandato del Consejo Privado, los requerimientos de la defensa y la expresa voluntad de Bothwell de que se examinara la causa en su integridad. Autorizó no obstante a Cunningham para que se sumara a la acusación. La vista avanzaba así entre dos exigencias inconciliables: imprimir premura, según lo resuelto por la reina y el Consejo, o dispensar al progenitor del finado el tiempo y la debida protección que reclamaba. Lennox no acudiría a sostener por su propia boca la acusación; su formal protesta, en cambio, quedaría unida a los autos.
Las misivas remitidas por este a la reina otorgaban voz a su incomparecencia. En la primera, fechada en Howstoun el 26 de febrero, Lennox agradecía a María las comunicaciones recibidas e instaba a no postergar la acción hasta la convocatoria de las Cortes o Parlamento. Los libelos fijados en las puertas de la sala del Senado, denunciaba, designaban nominalmente a ciertos sujetos como ejecutores del crimen. Solicitaba su inmediato prendimiento, la convocatoria de la nobleza y el procesamiento de los inculpados; si los cargos demostraban ser infundados, bien se les podría otorgar la libertad. Reclamaba a un tiempo una instrucción perentoria y un procedimiento reglado que permitiese verificar la veracidad de los pasquines.
En una segunda misiva, con fecha del 17 de marzo, el tono tornábase más apremiante. Lennox identificaba a aquellos sobre quienes decía albergar vehementes sospechas: Bothwell, James y Gilbert Balfour, David Chambers, John Spence, Franciscus Bastian, John de Bordeaux y Joseph, hermano de David Rizzio. Imploraba a la reina su detención y su interrogatorio. No afirmaba haber sorprendido a los conjurados en connivencia; exigía que se les tomara declaración jurada.
Bothwell, por su parte, se hallaba presente, arropado por sus letrados y por pares que habrían de dictaminar a breve plazo sobre su suerte. El tribunal había seleccionado a dieciséis jurados, contándose entre ellos condes, lores y señores territoriales designados por sus dominios. La presidencia ordenó su retirada a una cámara contigua para la correspondiente deliberación. El progenitor de Darnley no compareció ante sus ojos; su criado, habilitado para coadyuvar en la acción penal, representaba sus derechos. El relato no consigna deposición alguna de testigo visual, ni pieza de convicción debatida durante la sesión secreta. Consigna, por el contrario, que el cuerpo del jurado, tras ponderar los artículos del libelo acusatorio, pronunció a Bothwell libre y exento del homicidio en su conjunto y de cuantos cargos de él dimanaban.
Fue leída la sentencia de absolución. Un segundo testimonio notarial, impetrado por el canciller del jurado, dotó al fallo de mayor firmeza procesal: los acusadores y quienes les asistieran no podrían aportar en lo sucesivo nuevos memoriales o probanzas en sostén del cargo; nadie, advertía el documento, había logrado acreditar la verdad material del delito ni indicio alguno de este. Los jueces protestaban además que no debía imputárseles falta o dolo en su resolución. Semejante salvedad emanaba del propio tribunal, mas no bastó para disipar la sospecha.
La crónica atribuye después a Bothwell un desafío destinado a contrarrestar el juicio del vulgo. Hizo fijar en la plaza del mercado que la ley lo había declarado inocente, pero que se hallaba presto a sostener su pureza en liza y desafío personal contra cualquier varón de noble cuna y acreditada honra que le atribuyese la muerte del soberano. Otro cartel replicó casi al instante. Un caballero admitía el reto y se comprometía a demostrar por el filo de las armas que Bothwell había sido el ejecutor principal del magnicidio; impetraba la intercesión del rey de Francia y de la reina de Inglaterra para que se fijara campo de batalla bajo su tutela regia. El nombre del caballero respondiente no figura consignado en el capítulo original.
A este postrer emplazamiento, el memorial no registra réplica por parte de Bothwell. Lennox había librado sus misivas; Cunningham había formalizado su protesta; los jurados habían absuelto al conde. En las rúas, los libelos continuaban clamando por otro fallo, mediante la prueba de las armas. Al mes siguiente, en mayo, María contraería matrimonio con Bothwell. El padre de Darnley había obtenido audiencia judicial, mas no el plazo ni las garantías de incolumidad que imploraba para acudir a sustentar por sí mismo la acusación.