Una mujer muerta aún podía firmar, percibir dinero, viajar a Lyon y remitir instrucciones a su esposo, con tal de que un hombre vivo se encargase de sus negocios. Antoine-François Derues apuró semejante conveniencia hasta sus últimas consecuencias. Madame de La Motte había desaparecido; él explicaba que la dama había cobrado el precio de sus tierras y emprendido la fuga. Diversas actas respaldaban sus palabras. Una finca cambiaba así de dueño sobre el papel, mientras la vendedora yacía en un sótano parisino y su hijo recibía sepultura en Versalles bajo un nombre ajeno.
El caso de 1777 se abre con una ambición inmobiliaria. Establecido como tendero en París, Derues había tratado con los esposos de La Motte para adquirir las tierras de Buisson-Souef. El compromiso inicial se remontaba a diciembre de 1775. No obstante, comprar exigía pagar, y el mercader no disponía de los caudales que hacía esperar. Entre el ansia de posesión y la realidad de los fondos, mantenía abierto ese espacio tan socorrido donde los estafadores acomodan sus promesas: mañana, un ingreso; pronto, una herencia; tras la próxima firma, todo quedaría zanjado. Los propietarios aguardaban una suma, no un relato. Madame de La Motte viajó, pues, a París con el fin de ultimar el negocio.
Llegó a la ciudad acompañada de su hijo y halló alojamiento en casa de Derues. Esta hospitalidad resulta capital para entender el crimen. Situaba a la acreedora bajo el techo del deudor, a su mesa, expuesta a las bebidas y pócimas que este pudiera servirle. Acto seguido, el muchacho fue colocado en una pensión. A finales de enero de 1777, la madre cayó enferma. La sentencia, tal como la reproducen las crónicas de la época, atribuye su deceso a un veneno suministrado por Derues. Señala asimismo el alejamiento de la criada y las precauciones tomadas para mantener a distancia a los visitantes. La intimidad brindada como un favor se trocaba en el medio propicio para aislar a la víctima.
Madame de La Motte expiró en la noche del 31 de enero. Derues no tramitó la correspondiente declaración de fallecimiento. El cadáver fue ocultado en un cofre y trasladado a la calle de la Mortellerie, a un sótano arrendado bajo el alias de Ducoudray. Allí quedó escondido. La suplantación del nombre no solo buscaba despistar a los curiosos: separaba dos operaciones que la instrucción judicial habría de reunir con posterioridad. De un lado figuraba el comerciante que negociaba unos predios; del otro, un arrendatario de sótanos cuyo trajín diario bien podía pasar por el de cualquier mercader que precisa almacenar sus géneros.
Quedaba el muchacho. Derues le hizo creer que su madre se hallaba en Versalles y anhelaba verle allí. El adolescente siguió sin recelo al hombre que acababa de hacerla desaparecer. Instalado en una habitación alquilada en casa de un tonelero, el joven cayó a su vez enfermo. El fallo judicial deja constancia de las bebidas y mixturas suministradas por Derues, así como de su negativa a reclamar un médico a pesar del agravamiento del paciente. El chico murió el 15 de febrero. Derues dispuso su entierro al día siguiente bajo el nombre de Beaupré, haciéndolo pasar por su sobrino. La mentira se infiltraba esta vez en un libro parroquial: ya no le bastaba con circular de boca en boca.
En tanto que ambas víctimas se desvanecían a los ojos de los vivos, sus firmas y sus supuestas voluntades continuaban operando. Una escritura fechada en febrero daba fe del pago de cien mil libras y alteraba los pactos precedentes. Otro documento pretendía simular una maniobra financiera capaz de otorgar verosimilitud al desembolso. En marzo, una gestión efectuada en Lyon aportó aún una prueba aparente de la supervivencia de Madame de La Motte. El sumario no exige inclinarse por ninguna de las versiones pintorescas sobre los disfraces imputados a Derues. Lo que la condena deja definitivamente probado es el uso de documentos espurios para sustentar un pago imaginario.
Al marido, Derues le reservaba un relato todavía más despiadado que la simple ausencia: su esposa habría huido con el dinero en compañía de un desconocido. De esa forma, la desaparición pasaba a ser culpa de la propia ausente. Contaba con el desconcierto, la vergüenza y acaso la perplejidad de un hombre al que se le notificaba haber sido burlado. La maniobra posee una eficacia diabólica: fuerza a quien busca a un pariente a empezar por defender su honra. Pero La Motte no se dio por vencido. Se impugnaron los descargos, se vigilaron los pasos del tendero y se confrontaron las escrituras con las circunstancias que pretendían atestiguar.
La investigación acabó alcanzando el sótano. Ya no cabía esperar una carta, deliberar sobre una fuga ni dejarse arrastrar hacia un nuevo domicilio. En aquel reducto, la desaparecida recobró su nombre. El escondrijo entregó al fin su evidencia: el cuerpo de Madame de La Motte fue hallado en el local arrendado con identidad fingida. En Versalles, el enterramiento del joven fue igualmente restituido a su verdadera estirpe. Ambas muertes confluían por fin en el mismo auto judicial. Los papeles que habían fingido mantenerlos con vida o adulterado sus apellidos se convertían en las piezas de convicción de una empresa criminal.
El tribunal del Châtelet condenó a Derues el 30 de abril de 1777. La sentencia fue ratificada por el Parlamento a comienzos de mayo. Su trascendencia excedía el mero envenenamiento: sopesaba las falsificaciones, el pretendido finiquito, los ardides ideados para adueñarse de la heredad y las calumnias vertidas contra la difunta. El fallo ordenaba asimismo que se enmendase la partida de defunción del hijo. Semejante mandato administrativo figura entre los más elocuentes del proceso. Después de tantas patrañas concebidas para el engaño, un registro civil debía restituir a un finado su verdadero apellido, a fin de que su padre y las partes interesadas pudieran hacer valer sus derechos.
Derues persistió en negar el envenenamiento. Fue sometido a la cuestión de tormento antes de su ejecución, tal como ordenaba el procedimiento criminal de la época para descubrir posibles cómplices. Sostuvo la negativa hasta sus últimos instantes. Tras tantos embustes urdidos para disipar sospechas, no le restaba más que rechazar la autoría del veneno. Los magistrados se habían pronunciado; sus desmentidos no podían ya detener el camino hacia el patíbulo. El 6 de mayo fue conducido a la plaza de Grève, donde se le quebrantaron los huesos en la rueda antes de arrojar sus despojos al fuego.
Los grabados que han pervivido ilustran las fases de este suplicio y acreditan el negocio editorial que de inmediato suscitó el suceso. El modesto comerciante que codiciaba una hacienda se transfiguraba en un personaje de dominio público, destinado a romances de ciego y anales del crimen. Con todo, la finca de Buisson-Souef jamás se liquidó con las sumas consignadas en los protocolos notariales. Fue perseguida a costa de dos vidas humanas y apuntalada por un andamiaje de falsedades. La pesquisa judicial tuvo que desmontar esa tramoya folio tras folio, localizar un sótano, una tumba y una identidad. No se trataba solo de prender a un envenenador: se impidió que un hombre llegase a poseer legalmente aquello que había intentado usurpar suprimiendo a quienes se lo debían.