Nadie pagaba su pensión. Ese fue uno de los insólitos caminos por los cuales Catherine-Michelle Castille recobró la libertad. Confinada en Sainte-Pélagie, separada de su esposo y de sus hijos, había aguardado sin conocer qué destino le deparaban. Quienes tenían la encomienda de custodiarla podían rechazar a sus amigos; lo que no podían era subsistir indefinidamente de una deuda insoluta. Cuando la institución reclamó lo que se le adeudaba, fue preciso reexaminar las razones de su encierro. Un gasto que nadie estaba dispuesto a asumir vino a interrumpir tres años de cautiverio.
Catherine-Michelle Peuchet había nacido en Stenay en 1724. Sus padres la habían enviado a París a la casa de un pariente llamado Langlois. Allí conoció a Castille, un hombre que llevaba los libros de diversos comerciantes y gozaba de una acreditada reputación de rectitud. Poseía ahorros; ella, por su parte, recibió de un tío capellán una dote de diez mil libras. El contrato, firmado el 6 de octubre de 1744, establecía la comunidad de bienes. El matrimonio se celebró el 26 de diciembre en Saint-Gervais, tras la preceptiva publicación de las amonestaciones y en presencia de testigos. Para la joven, la unión contaba con todas las garantías: documentos, una iglesia, firmas y el consentimiento familiar.
Transcurrieron seis años. Nacieron tres hijos: dos varones y una niña. El menor, Hippolyte-Louis, vino al mundo en julio de 1750 y fue confiado a una nodriza en Brie. El 4 de noviembre, su padre había acudido a visitarlo. Catherine se hallaba en la calle de la Verrerie, en una estancia contigua al aposento de la señora Delage, maestra costurera. Junto a ella permanecía su pequeña hija Reine-Michelle, de cuatro años y medio. Fue entonces cuando se presentó un exento provisto de órdenes de arresto contra ambos cónyuges.
El motivo esgrimido trastocó cuanta certidumbre albergaba: se acusaba a Castille de ser un religioso que había abandonado su abadía y contraído una unión vedada por sus votos. Catherine protestó. Su vecina Delage acudió presurosa, aseguró conocerla y se ofreció a responder por su conducta. El exento prosiguió con su cometido. La joven madre fue conducida a Sainte-Pélagie. Al día siguiente, Castille fue arrestado en Brie, despojado de sus pertenencias y de sus documentos, y luego trasladado a la abadía de Orval. El niño quedó al cuidado de la nodriza. Una familia congregada hasta entonces mediante actos públicos resultaba dispersada por el rigor de otras órdenes.
Las autoridades eclesiásticas invocaban una profesión emitida en Orval en 1714 y la posterior huida del monasterio en 1725. Sin embargo, la validez y los documentos de tal profesión serían impugnados más tarde. La detención había sido instigada por el abad de Claraval. Dom Mayeur, encargado de los asuntos de la orden, y un tío de Catherine llamado Jean Peuchet figuraban asimismo en las gestiones. Un acuerdo entre ellos contemplaba la cesión al tío de los bienes de Castille, con la obligación de sufragar los gastos necesarios para hacerlo arrestar y conducirlo a Orval. El hombre que financiaba la persecución estaba destinado a percibir la fortuna de la cual se sustentaba el matrimonio.
Esa fortuna consistía primordialmente en papel: créditos, efectos reales, acciones. Por costumbre, Castille llevaba su cartera consigo cada vez que salía. Los precintos no se colocaron en la vivienda hasta dos días después del arresto de Catherine, y durante ese lapso se alegaron sustracciones de bienes. Cuando se retiraron los sellos en enero de 1751, los efectos de Castille fueron liquidados por el tío. La costurera Delage conservó los de Catherine con la determinación de restituírselos. Incapaz de impedir el apresamiento, salvaguardó al menos aquello que aguardaba el regreso de su amiga.
En Sainte-Pélagie, a Catherine se le vedaba el acceso a quienes hubiesen podido brindarle apoyo. Ignoraba qué suerte habían corrido su marido y sus hijos. Cada visita denegada la sumía no solo en el encierro, sino en el absoluto desamparo de noticias respecto de aquellos cuyas necesidades solía velar y con quienes compartía sus días. Delage intentó verla y tropezó con una pintura infamante de la cautiva, como si la supuesta mala reputación de la mujer justificara de antemano el cierre de las puertas. Mayeur y Peuchet, por el contrario, gozaban de libre acceso. Las salidas que le ofrecían eran bien distintas: el tío la apremiaba a demandar la nulidad de su matrimonio; Mayeur se esforzaba por persuadirla de tomar los hábitos. El primero perseguía extinguir el vínculo conyugal que ella había profesado; el segundo le proponía trocar su vida marital por el retiro definitivo de un claustro.
Ella rehusó someterse a esta última salida. Medió una comunicación con Orval, cuya respuesta trajo consigo la fe de defunción de Castille. Catherine jamás volvería a verle. La crónica omite las circunstancias de su fallecimiento; el documento recibido se limitaba a constatar una separación ya irreversible. El matrimonio cuya vigencia ella reclamaba ya no podría devolverle a su esposo. Restaban sus hijos, su patrimonio y la exigencia de que se reconocieran los atropellos sufridos. Para conseguirlo, debía en primer lugar abandonar el recinto donde pretendían disponer de su porvenir sin su concurso.
Al tío correspondía abonar la pensión del cautiverio, mas desatendía la obligación. Los administradores de Sainte-Pélagie elevaron una petición al teniente general de policía el 27 de enero de 1753; una sentencia dictada en marzo lo conminó al pago. Al carecer de fondos para satisfacerlo, los rectores de la casa se negaron a sostener a sus expensas a la reclusa. Una nueva indagación sobre su conducta propició su excarcelación, tras cerca de tres años de encierro. Catherine regresó al hogar de Delage, donde halló la acogida fraternal que tras los muros se le había negado.
En aquella casa moraba un joven llamado Delaunay, empleado de la Compañía de las Indias. Conocedor de sus desventuras, contrajo matrimonio con ella. Los nuevos esposos se dirigieron en un principio al sucesor del abad de Claraval en busca de una reparación amistosa. Las gestiones se dilataron durante años. Finalmente, el 30 de diciembre de 1762, entablaron una demanda por daños y perjuicios. La causa fue elevada ante el Gran Consejo. La mujer antaño confinada al aislamiento de una celda se erigía ahora en demandante ante la atenta mirada del público.
Sus adversarios revelaron que se hallaba encinta antes de las nupcias de 1744, pretendiendo esgrimir ese aspecto de su vida privada en su contra. La concurrencia, en un principio favorable, vaciló. Se debatía sobre su virtud como si de ella dependiera el derecho de arrestarla, de despojarla de sus bienes o de privarla de los suyos. No obstante, el litigio retornó a los títulos invocados contra Castille. La defensa exigió la prueba de su profesión religiosa. El pergamino exhibido presentó visos de alteración; se expusieron las irregularidades del documento y las incertidumbres que rodeaban a los presuntos votos. El sustento mismo que había justificado el operativo judicial dejaba de parecer incontrovertible.
El abogado Gerbier asumió la defensa de Catherine; el ministerio público respaldó la pretensión de indemnización. El 7 de septiembre de 1763, el Gran Consejo condenó a los religiosos involucrados a satisfacer treinta mil libras por daños y perjuicios en favor de ella, y una suma idéntica para su hija Reine-Michelle. La responsabilidad pecuniaria así declarada no convertía a todos los miembros de la orden en autores materiales directos de las detenciones; sin embargo, otorgaba a las víctimas una reparación judicial tras años de vanas promesas y puertas cerradas. Madre e hija figuraban a partir de entonces en la sentencia con sumas diferenciadas.
Refiere la crónica que, al salir del tribunal, una lluvia de flores cayó sobre Catherine, arrojadas por floristas apostadas entre la multitud. Había llevado sucesivamente los apellidos Peuchet, Castille y Delaunay; ninguno borraría los años arrebatados durante su primer matrimonio. La compensación pecuniaria dictada no devolvería la vida a su esposo, muerto en Orval. Mas una distancia fundamental separaba el principio y el fin de aquel periplo: al ser apresada, había preguntado cuál era su delito; al abandonar el juicio, era a quienes habían dispuesto arbitrariamente de su vida a quienes una sentencia conminaba a reparar el daño.