Una noche, los dos futuros condenados llegaron a casa de Massimo d'Azeglio en compañía de unos amigos y con un apetito voraz. Su anfitrión ya había cenado; hubo que volver a poner la mesa, servir jamón, una tortilla y algo de beber. Aquella visita no fue de su agrado. Un año más tarde, volvió a verlos en la Piazza del Popolo, bajo la guillotina. En sus memorias, el refrigerio inoportuno y la ejecución se suceden con una proximidad estremecedora: aquellos muchachos a quienes se hubiera querido despedir cuanto antes se habían convertido en hombres a los que ya no se les concedería un mañana.
D'Azeglio conocía sobre todo a Leonida Montanari, médico en Rocca di Papa. Apreciaba su vivacidad, su coraje y su conversación. Cuenta haberlo encontrado un día absorto en la lectura de Maquiavelo, precisamente en el capítulo dedicado a las conspiraciones. Aquel recuerdo adquiriría a posteriori el valor de una advertencia. Montanari había estudiado los peligros de las empresas clandestinas; sin embargo, se embarcó en una trama en la que el recelo entre camaradas desembocó en una tentativa de asesinato.
Angelo Targhini, hijo de un cocinero de Pío VII, pertenecía al mismo círculo. Su pasado ya pesaba sobre él como una losa. Una condena por el homicidio de Alessandro Corsi, perpetrado en 1819, lo había conducido a presidio. La sentencia de 1825 atribuiría a aquel encierro su iniciación en las sociedades secretas, y a su regreso a Roma, la organización de un grupo carbonario. La acusación lo retrataba como un cabecilla autoritario; sus compañeros de filas, al ser interrogados, le atribuían un afán de mando que toleraba mal las deserciones.
La hermandad congregaba a hombres de condiciones muy diversas: un médico, estudiantes, empleados, un letrado y personas sin oficio fijo. Podían compartir la hostilidad hacia el gobierno pontificio sin compartir por ello la misma audacia, los mismos rencores ni la misma visión sobre el desenlace que debía alcanzarse. Algunos tomaron distancia. En una sociedad clandestina, un miembro que deja de acudir no deja únicamente un asiento vacío: se lleva consigo nombres, lugares de reunión y confidencias que los demás desearían poder revocar.
Dos de aquellos hombres despertaron los recelos de la facción. Emilio Pontini fue uno de ellos. ¿Había delatado realmente a sus antiguos correligionarios? Incluso D'Azeglio, nada indulgente con los conjurados, mantiene la duda: o había traicionado, o creían que lo había hecho. Entre esas dos opciones pendía una vida humana. El temor a la policía bastaba para transformar una zozobra en acusación, y esa acusación en una condena privada. Quienes denunciaban el arbitrio gubernamental reproducían idéntico proceder en el seno de su propia camarilla.
El auto judicial permite reconstruir la velada de junio de 1825 tal como la planteó la fiscalía. Targhini fue a buscar a Pontini a su casa, lo llevó a una taberna donde bebieron juntos y luego lo acompañó por la calle. Nada en aquella aparente camaradería presagiaba el ataque. Cerca de Sant'Andrea della Valle, según la sentencia, Montanari los aguardaba y asestó una puñalada en el costado al transeúnte. Las crónicas posteriores no concuerdan plenamente sobre quién descargó el golpe; la responsabilidad material de cada uno se convirtió a su vez en motivo de controversia.
Pontini sobrevivió. Este hecho, casi eclipsado tras la posteridad de los dos ajusticiados, alteró por completo el curso de los acontecimientos. El hombre a quien se pretendía acallar podía hablar. La policía no tardó en dar con los implicados y sus vínculos. La congregación, que había creído blindar su secreto castigando una deserción, quedó expuesta por ese mismo acto de violencia a las detenciones que buscaba evitar. Aquella venganza supuestamente protectora había entregado al grupo a sus captores.
Otra visita, acontecida casi en el mismo instante, figuraba en el sumario. Luigi Spadoni y Pompeo Garofolini se habían presentado en casa de un segundo antiguo camarada. Uno permaneció de guardia en la calle mientras el otro intentaba convencerlo para que saliera. El enfermo se hallaba tomando un baño de pies; no los siguió. La comisión relacionó esta tentativa con la emboscada tendida a Pontini y dedujo la existencia de una conjura concertada. Un pormenor doméstico tan insignificante había bastado para librar a un hombre de un encuentro que habría podido serle fatal. Aquel detalle pesaría de manera determinante en la interpretación política de los hechos.
El 21 de noviembre, una comisión especial constituida bajo la presidencia de Tommaso Bernetti, gobernador de Roma y director general de la policía, juzgó a seis acusados. El expediente vinculó la agresión contra Pontini con el delito de lesa majestad. La causa rebasaba así la mera agresión a un particular: ponía en entredicho a una organización ilícita y socavaba la autoridad del sumo pontífice. Un abogado de pobres presentó alegaciones defensivas, de forma oral y por escrito, tal como hace constar el texto impreso del fallo. El procedimiento siguió siendo el propio de un tribunal sumario del poder, destinado a sentar un escarmiento ejemplar.
Targhini y Montanari fueron sentenciados a muerte; Spadoni y Garofolini, a galeras perpetuas; Ludovico Gasperoni y Sebastiano Ricci, a diez años de prisión. La gradación de las penas reflejaba el grado de culpabilidad atribuido, pero la impresión y fijación de edictos de la sentencia por todos los Estados Pontificios les otorgaban un alcance universal. Era preciso que la población supiera el precio que se pagaba por pertenecer a tales cofradías y por convertir sus amenazas en hechos sangrientos.
Aquel era un Año Santo: la capital recibía multitudes de peregrinos, al tiempo que la cruzada contra las sociedades secretas movilizaba todos los recursos del gobierno de León XII. La solemnidad de la fe no había puesto en suspenso la maquinaria de la represión política.
El 23 de noviembre de 1825, ambos reos fueron conducidos a la Piazza del Popolo. D'Azeglio recuerda una vigilia interminable en una capilla improvisada, con sacerdotes que los apremiaban a recibir los santos sacramentos y la firme, inquebrantable negativa de los condenados. La ejecución se llevó a término. El cronista no deducía de semejante entereza una inocencia que no les otorgaba; advertía en ello una flagrante contradicción que hería su sensibilidad. El mismo poder que anhelaba arrancarles la conversión fijaba con exactitud la hora a partir de la cual ya no tendrían ocasión de mudar de parecer.
Su testimonio no guarda la misma piedad hacia ambos ajusticiados. Montanari sigue siendo para él el joven galeno empujado a la perdición; Targhini, por el contrario, encarna al genio maligno de la trama. Otras memorias han cuestionado con posterioridad este cómodo reparto de papeles entre el alma extraviada y el corruptor. Una vez convertidos los difuntos en figuras de combate político, sus semblanzas se volvieron tan discutidas como el propio significado del crimen. Los partidarios del orden pontificio hacían hincapié en la alevosía del ataque; sus detractores, en el tribunal de excepción, el patíbulo y la pretensión de aterrorizar a la disidencia.
Su memoria acabó por adueñarse de la misma plaza de la que se les había querido borrar. Una lápida conmemorativa se descubrió allí en 1909. Entre el tributo de la posteridad y la condena oficial de antaño, Pontini corría de nuevo el riesgo de quedar relegado a un mero figurante. Sin embargo, no había sido sino un hombre al que sacaron de su hogar al cobijo de una amistad fingida. La esencia de toda esta tragedia se condensa en el umbral de una puerta: la confianza concedida, la puñalada recibida, la supervivencia que desbarata la conjura y, finalmente, dos vidas más segadas en nombre de una autoridad resuelta a clausurar cualquier disenso.