En el otoño de 1834, Joseph Moseley y William Garside habían sido condenados por el asesinato de Thomas Ashton. No obstante, varias semanas después del veredicto, continuaban a la espera de su ejecución. El alguacil principal del condado palatino de Chester se negaba a intervenir; el de la ciudad de Chester sostenía que semejante carga tampoco le incumbía a él. Dos altos dignatarios se esquivaban mutuamente la ejecución del castigo, mientras los reos permanecían bajo el peso de la sentencia. El proceso había zanjado la culpabilidad; restaba dirimir quién debía conducirlos al cadalso.
La causa se remontaba al 3 de enero de 1831. Thomas Ashton, hijo menor de un acaudalado maestro hilandero de algodón, había tomado el té en casa de su padre, en Hyde, y luego se había encaminado hacia una fábrica recién construida, a cosa de un tercio de milla de distancia. Salió de allí cerca de las seis y media. A las ocho, hallaron su cadáver en el camino de regreso. Había recibido una descarga de pistola en pleno corazón. Los perdigones habían dejado una ancha herida de entrada en el pecho y dos orificios de salida en la espalda; su escasa dispersión revelaba, a tenor de la crónica, que el tirador se hallaba a quemarropa.
Pelham sitúa el crimen en el marco de las violentas tensiones salariales que agitaban las hilaturas de la comarca de Mánchester. Obreros agremiados en uniones defendían tarifas unificadas. En Hyde, los jornales se mantenían en los baremos acostumbrados; en Ashton, los patronos se negaban en redondo a incrementarlos, lo cual exacerbaba el descontento. La crónica vincula el homicidio a este clima de animadversión, si bien puntualiza que el atentado perpetrado por unos pocos hombres no permitía condenar a la totalidad de los obreros asociados. El tribunal, por su parte, juzgaba estrictamente a dos individuos.
La muerte de Ashton sembró la consternación. Sus allegados y el gobierno ofrecieron conjuntamente una recompensa de dos mil libras para dar con los asesinos y obtener la confesión de un cómplice, a condición expresa de que este no hubiese descerrajado el tiro fatal. Partieron pesquisidores en todas direcciones. Mas la investigación no prosperó con presteza; transcurrieron los años sin que se lograra prender a los autores materiales.
En abril de 1834, William Moseley, confinado en la prisión de Chester por otro delito, resolvió declarar cuanto sabía. Señaló como instigador a un individuo llamado Samuel Scholfield e incriminó a Garside y a Joseph Moseley, su propio hermano de sangre. Ambos fueron apresados en Oldham. Por vez primera, la justicia disponía de una relación pormenorizada de los hechos, brindada por quien afirmaba haber tomado parte en la conjura.
El juicio quedó constituido en las asambleas judiciales de Chester el jueves 7 de agosto. William Moseley compareció como testigo de cargo principal. Relató que Scholfield, a quien describió como miembro activo de una unión obrera, había propuesto el asesinato a causa de los jornales estipulados por Ashton. Los conjurados habrían aceptado consumarlo a cambio de diez libras. Convinieron encontrarse en las inmediaciones de la fábrica de Woodley y aguardaron el paso del joven hilandero. Poco antes de las siete, según este testimonio, Garside dio un paso al frente y disparó. Los tres agresores huyeron a la carrera, abandonando a Ashton tendido en mitad del camino. La paga se habría efectuado esa misma noche, sellando luego entre los partícipes un riguroso juramento de silencio.
La deposición distaba de proceder de un testigo intachable. Sometido a un apremiante interrogatorio, William Moseley admitió que su reputación se hallaba mancillada por una dilatada cadena de tropelías. Sin embargo, Pelham asevera que otras declaraciones corroboraron su relato en extremos sustanciales. La crónica omite detallar cada una de estas confirmaciones; se limita a señalar que el jurado consideró suficientes las pruebas aportadas. Ambos procesados fueron declarados culpables y condenados a sufrir la pena capital el sábado inmediato.
Llegó el sábado previsto sin que la sentencia se llevara a efecto. Tanto el alguacil del condado palatino como el de la ciudad de Chester se rehusaban terminantemente a asumir la ejecución. La alcaidía de la prisión enteró a los reos de semejante conflicto de fueros, mas ninguno de los dos dignatarios cedió un ápice. El juez Parke concedió un aplazamiento hasta el 18 de agosto a fin de dirimir la contienda. Esta tregua brindó a las autoridades la ocasión de interrogar de nuevo a los convictos acerca del crimen. Según Pelham, ambos admitieron su participación en la muerte del joven, pero negaron de plano que Scholfield hubiese intervenido en ella. Garside manifestó que él mismo se había ofrecido a declarar como testigo de la Corona y que, de habérsele aceptado, «toda la verdad» habría salido a la luz. Añadió que los magistrados no habían obtenido sino una sarta de patrañas. Semejante alegato no revocaba su condena, pero introducía una versión discordante en el seno de un expediente ya viciado por las declaraciones interesadas de reos y delatores.
Al día siguiente de la vista, William Moseley fue trasladado a Stockport. Sobre la base de sus revelaciones, se procedió a la detención de Scholfield. Este desmintió las acusaciones y quedó bajo custodia. Entretanto, la suerte de Garside y de Joseph Moseley continuaba suspendida de aquella agria querella jurisdiccional. El 16 de agosto obtuvieron una nueva prórroga hasta el 18 de septiembre, y posteriormente otra hasta comienzos de noviembre, al objeto de que el Tribunal del Banco del Rey pudiera dirimir la discordia trabada entre ambos alguaciles.
El dilema ya no radicaba en saber si los acusados debían morir, sino qué autoridad ostentaba la potestad legal para hacer cumplir el fallo. El fiscal general expuso ante los magistrados que una reciente reforma legislativa había abolido el antiguo tribunal palatino de Chester, sustituyendo sus sesiones por las asambleas judiciales ordinarias. No obstante, una cláusula de salvaguarda preservaba las obligaciones seculares de los magistrados y los ciudadanos de la villa. El alguacil municipal aducía que sus deberes ejecutivos dimanaban del tribunal extinto, por lo que, de subsistir obligación alguna, esta recaía forzosamente en el alcalde y en la corporación vecinal. El alguacil del condado palatino, por su parte, tampoco aceptaba semejante encomienda. El fiscal general solicitó entonces los mandamientos formales que permitiesen trasladar a los reos y solventar el conflicto sin mayor dilación.
Los días 11 y 13 de noviembre, Garside compareció ante el Tribunal del Banco del Rey. Su letrado invocó el bando solemne que prometía una gratificación de dos mil libras y el indulto real a cualquier cómplice, siempre que no hubiera sido el ejecutor del tiro mortal. Alegó la defensa que Garside había facilitado informes sustanciales a las autoridades de Cheshire y merecía, por ende, la libertad. El fiscal general replicó con crudeza: el jurado había determinado de forma inapelable que fue Garside quien apretó el gatillo. El magistrado Denman validó esta objeción: la promesa de gracia jamás amparaba a quien el veredicto señalaba como autor directo del disparo. El tribunal resolvió que la sentencia fuese ejecutada por su propio mariscal de sala, con el concurso y la asistencia del alguacil de Surrey.
Los reos fueron conducidos a la cárcel del Banco del Rey. Garside elevó una última petición insistiendo en el argumento de su defensor, mas resultó desestimada. El 25 de noviembre, ambos hombres fueron trasladados al penal de Horsemonger Lane. Pelham refiere que, durante su cautiverio, Garside había intentado cargar sobre otro la autoría del disparo mortal. La crónica menciona en este punto a «Joseph Moseley» como la persona inculpada por el reo, cuando con anterioridad había señalado a William Moseley como el delator y testigo principal. Dicha contradicción en las fuentes impide determinar a ciencia cierta a cuál de los hermanos pretendía incriminar. Añade Pelham que Garside no se retractó de tales imputaciones sino en el último instante de su vida.
A las nueve en punto de la mañana, Garside pisó en primer lugar el patíbulo. Sus postreras palabras fueron: «Cuantas declaraciones he formulado en diversas ocasiones desde mi condena son enteramente falsas». De este modo desautorizaba sus propios testimonios, sin aportar relato alternativo alguno que arrojase luz definitiva sobre las versiones enfrentadas en el juicio.
Scholfield compareció ante la justicia en abril de 1835. El gran jurado desestimó el acta de acusación y recobró la libertad. La condena a muerte de Garside y de Joseph Moseley se había consumado, mientras que el hombre señalado como el cerebro de la conjura eludía el juicio popular. Entre el cadáver descubierto en un camino de Hyde y el cadalso postergado por la porfía de dos alguaciles, la causa había consumido tres años de disputas y múltiples testimonios irreconciliables. La ley acabó por designar quién debía oficiar de verdugo; lo que jamás logró despejar fueron las tinieblas sembradas por quienes allí declararon.