En Madrid, tras la muerte de Francisco del Castillo, su viuda hizo portar una carta dirigida a un hombre que, oficialmente, no existía. Pidió a su dependiente que la despachara a nombre de «Taddeo Santifa». Las señas despertaron suspicacias de inmediato: ¿por qué confiar a la estafeta de correos una esquela destinada a alguien avecindado en la misma villa, en una época en que Madrid carecía aún, según el cronista, de un servicio urbano de reparto regular? El empleado García abrió el pliego. Su tenor era conciso: «Mi querido Vicente», escribía María Vicenta de Mendieta, antes de encarecerle que permaneciera encerrado en su cuarto o huyera de Madrid. Sostenía que nadie sospechaba nada todavía, si bien advertía de que la sumaria avanzaba y que un nuevo alcalde del crimen se había hecho cargo de las pesquisas. «M. V. M.» rubricaba el billete. Aquella misiva permitiría a la justicia atar los cabos que unían a la viuda con el fugitivo al que andaban buscando. La causa nos ha llegado a través de un capítulo del Der neue Pitaval, en su segunda edición de 1857, que compendia sobre todo el alegato de la acusación pública; los datos procesales quedan, por tanto, circunscritos a dicha crónica.
Los hechos se remontaban al 9 de diciembre, pocos meses antes de la vista de 1798. Francisco del Castillo, opulento comerciante madrileño, compartía su vida con María Vicenta, perteneciente como él a una familia de hidalgos. Castillo había viajado por Europa, en particular por Londres, y pasaba por varón instruido, oficioso y de general estimación. La llegada a Madrid, en 1796, de su ahijado y pariente, Santiago San Juan, que venía a ordenarse como letrado, iba a trastornar por completo el sosiego de aquel hogar.
Castillo acogió a San Juan con señalada generosidad: le sentaba a su mesa, allanaba sus trámites de pasantía y le socorría con caudales. Mas entre el mozo y María Vicenta prendió un trato ilícito. Cuando el devaneo se hizo evidente a ojos de la servidumbre, Castillo instó a San Juan a moderar sus visitas a una sola al día, aunque sin cerrarle del todo las puertas de la casa. La crónica decimonónica suele teñir este trance con severos juicios morales sobre la conducta de la esposa. Para la instrucción penal, empero, los indicios de bulto resultan harto más precisos: el amante franqueaba la morada con soltura, el marido estaba al corriente del trato y la cortapisa impuesta a las visitas no bastó para atajarlo.
A finales de 1797, San Juan fingió aprestarse para un viaje de negocios a Valencia. Castillo le adelantó las costas del camino. No obstante, San Juan jamás tomó la posta: mudó de nombre y fue trocando de posada en mesón, mientras María acudía a sus aposentos para perfilar los pormenores del homicidio. A tenor del sumario fiscal recogido por el cronista, los cómplices no albergaban el propósito de desposarse tras la muerte de Castillo, sino que mediaba un concierto de dinero. San Juan propuso en un principio simular que el crimen obedecía a un robo; unas semanas más tarde, aquel 9 de diciembre, un achaque de salud del comerciante pareció deparar la ocasión propicia para el golpe.
Aquel día, María Vicenta alejó con diversos pretextos a los mozos y criados de la casa. Despidió asimismo a Antonio Castillo, un pariente que pretendía velar al enfermo, y estorbó que el cajero subiera a recabar la firma del amo en unas cartas. Al anochecer, mientras le llevaba un brebaje a su marido, dejó entornadas las puertas de la cancela para facilitar la entrada de San Juan. Acto seguido, regresó a la pieza donde cosían las criadas. Las domésticas declararían más tarde que la señora temblaba y suspiraba sin sosiego, mudanza que juzgaron harto insólita. Al estallar el estrépito en la alcoba, hallaron la puerta cerrada por dentro con cerrojo. María fingió un desmayo en el punto mismo en que las doncellas intentaban forzarla. Vecinos y ministros de justicia acabaron por irrumpir en la estancia: Castillo yacía apuñalado. La lámpara por los suelos, los ropajes esparcidos y los cordones de las campanillas seccionados revelaban a un tiempo la ferocidad de la lucha y la cautela con que se había impedido a la víctima pedir socorro.
El teatro del crimen pudo hacer pensar en un latrocinio a primera vista. El bargueño del comerciante se hallaba descerrajado y faltaban dos onzas de oro. Mas aquella sustracción no desvió las sospechas hacia ladrones forasteros: según la crónica, la suma coincidía con el precio pactado con San Juan. La pista más concluyente partió de Antonio Castillo. Al prestar declaración ante los jueces, desgranó el régimen interior de la casa y los llamativos desvíos de aquella última jornada. María, puesta de inmediato bajo custodia, negó de plano toda ciencia del suceso y no señaló sospechoso alguno. La Sala sabía que San Juan rondaba con probabilidad la corte, mas no acertaba a dar con su paradero. Aunque las habladurías culparon en un primer momento a ciertos individuos de los Cinco Gremios Mayores, con cuya corporación comerciaba el difunto, las revelaciones de Antonio recondujeron la atención de las justicias hacia el entorno doméstico.
La carta a «Taddeo Santifa» aportó el eslabón material que faltaba. La mañana del 15 de diciembre, María sondeó a uno de sus dependientes sobre lo que Antonio hubiese manifestado ante el tribunal; ya de noche, volvió a inquirir con zozobra a García acerca de la declaración y le encomendó el billete para el correo. Tras entregar García el pliego al juez pesquisidor, María intentó arrebatárselo y romperlo, lo que motivó que se le redoblara la prisión. Las autoridades dispusieron que la esquela quedara a la vista en la administración de correos y comisionaron a dos alguaciles para apostarse a la espera del destinatario. San Juan compareció en la estafeta, mas los ministros no se hallaban de guardia en el instante preciso en que reclamó el sobre. Los oficiales dudaron antes de entregárselo; el mozo receló y escapó, aunque sin abandonar Madrid. Continuó mudando de hospederías, donde oía comentar el curso de la causa y el clamor popular, empecinado en no huir de la villa. Un esportillero que había trasegado sus fardos lo reconoció al cabo en su último parador. Los alguaciles hallaron allí el vestido talar que llevaba puesto la noche del crimen, guardado sin que se hubieran lavado las manchas de sangre advertidas por el cronista.
Tras su captura, San Juan y María Vicenta prestaron sendas confesiones por separado. El cronista asegura que sus deposiciones coincidían puntualmente en los menores detalles y casaban con los demás indicios acopiados en los autos. La defensa impugnó su validez formal: la interceptación ilegítima de la carta, los grillos impuestos a María y la constante congoja de la instrucción habrían viciado su consentimiento, tachando las confesiones de involuntarias. Alegaron asimismo que la reo había obrado enajenada por una pasión irresistible que anulaba su libre albedrío. La pugna jurídica versó, por ende, tanto sobre la licitud procesal en la obtención de las pruebas como sobre el fondo de lo declarado.
El litigio cobró resonancia general merced a la intervención del fiscal Meléndez Valdés, afamado poeta y magistrado de la Real Chancillería, que asumió la acusación pública ante la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. El texto de Pitaval ensalza su discurso como un hito reformador de la oratoria judicial española, sin verter no obstante la pieza entera. El fiscal encareció la santidad del sacramento matrimonial y fustigó con acritud la relajación de costumbres de su siglo. Conviene deslindar esa retórica moralizante de la osamenta probatoria de los autos: el franco acceso de San Juan a la vivienda, su fingida partida para Valencia, los ardides de aquella tarde, la carta remitida bajo apodo, el sayo ensangrentado y las dos confesiones concordantes. Pese a las excepciones formales y a los alegatos de demencia opuestos por los defensores, el tribunal desestimó que tales argumentos bastaran para eximir a los reos de su responsabilidad criminal.
Ambos fueron condenados a la pena de muerte por garrote vil, suplicio reservado a los reos de su calidad, con la consiguiente confiscación de sus bienes. La crónica describe minuciosamente el ceremonial que precedió al cadalso: tres días de capilla ardiente, las visitas de allegados y las misas sufragadas a instancias de los reos. María no dejó descubiertos; San Juan arrastraba empeños diversos, entre ellos una deuda de ochocientos reales. Aquellas partidas contables, impresas en las gacetas de la corte, acompañaron las noticias sobre las últimas disposiciones de los reos, sin que el papel conservara constancia de palabras de despedida entre ellos.
El 23 de abril de 1798, una multitud venida de todo Madrid y de las provincias comarcanas presenció la ejecución en la Plaza Mayor. Entrada la noche, los despojos fueron sepultados en la cripta de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, donde al día siguiente se ofició un solemne funeral. La carta que debía mantenerlos al abrigo de la pesquisa terminó por unirlos en un mismo sumario, en el mismo tablado y bajo una misma e inapelable sentencia.