Pierre Barrière no llegó a asestar el golpe. Cuando fue arrestado en Melun, en agosto de 1593, Enrique IV seguía con vida y el cuchillo no llevaba sangre real. Aquello que conduciría a este hombre a la rueda de tortura no era más que un proyecto, pero un proyecto cuyas confidencias habían viajado con mayor presteza que él. Había buscado en los religiosos una garantía para su conciencia. Uno de ellos había resuelto salvar al rey.
La corte no solo estaba al corriente de la existencia del peligro; disponía de una descripción detallada. Entre una conversación entablada en Lyon y un arresto consumado en Melun, ciertas palabras habían encontrado a su mensajero y, a continuación, a su destinatario. El asunto de Barrière comienza en esa circulación clandestina, muy lejos de la estampa de un soberano sorprendido en mitad del arroyo. En esta ocasión, una advertencia había surtido efecto antes de cometerse el acto.
Un rey católico, enemigos católicos
Enrique IV acababa de abjurar del protestantismo en Saint-Denis. Confiaba en arrebatar a sus adversarios el obstáculo religioso que oponían a su reconocimiento legítimo. Sin embargo, la conversión no acalló a todos los ligadores. Quienes otrora habían denunciado al monarca hereje podían tildarlo ahora de converso insincero. La mudanza de credo no bastaba para alterar las lealtades, las ambiciones ni las alianzas de cuantos le disputaban el cetro.
París aún no le pertenecía. La guerra había acostumbrado a los hombres a concebir al adversario como un enemigo de Dios; ciertas prédicas presentaban su desaparición física como una obra provechosa para la fe. Ya no se dirimían tan solo los derechos de un príncipe. Se pretendía sopesar su salvación y la de aquellos que empuñaban las armas en su contra. Era un lenguaje temible para un hombre determinado a transformar una convicción en un acto consumado.
Barrière, antiguo barquero y luego soldado, formaba parte de ese orbe de hombres comunes de los que la historia solo suele registrar el oficio y su paso por las filas de un regimiento. Procedía de Orleans. Su vida anterior permanece en penumbra frente a las acusaciones nacidas de su última empresa. En el instante preciso en que entra en la documentación de archivo, persigue dar muerte a Enrique IV y busca interlocutores capaces de conferir a ese designio la condición de un deber sagrado.
La determinación es fundamental. No se conforma con alimentar un odio recóndito. Lo exterioriza, lo somete a examen, pide consejo. El magnicidio proyectado transita por conversaciones de las que aguarda una autorización espiritual. Allí donde cualquier otro habría procurado ocultar sus intenciones, él pretende someterlas al beneplácito de hombres a quienes juzga capacitados para responder por ellas ante Dios.
La negativa de Banchi
En Lyon, el dominico Séraphin Banchi toma conocimiento del plan. Intenta por todos los medios disuadir a Barrière. Al no lograr doblegar su resolución, el religioso decide alertar al rey. Las crónicas de la época asignan el papel de intermediario a Brancaleone, encargado de transmitir la advertencia junto con las señas requeridas para identificar al viajero. Mientras el futuro procesado prosigue su ruta, su semblanza lo precede.
La naturaleza exacta de aquella confidencia suscitaría una disputa ulterior. Sully, y más tarde otros autores, sostuvieron que se había producido bajo el sigilo sacramental de la confesión. Banchi refutó semejante extremo. Para el eclesiástico, el punto no era menor: frustrar un regicidio no equivalía a admitir la violación del secreto sacramental. Largo tiempo después de la muerte de Barrière, se continuaría debatiendo por qué conducto había trascendido su propósito.
Lo medular del episodio sigue siendo la negativa tajante de un clérigo a conceder al homicidio la bendición implorada. El mismo ámbito doctrinal en el que Barrière buscaba aliento fue el que engendró la señal de alarma que sellaría su ruina. La línea divisoria no separaba de forma esquemática a un bando creyente de otro impío; discurría asimismo entre quienes transigían con el asesinato político y quienes lo repudiaban.
En Melun, Barrière fue identificado y aprehendido. Llevaba consigo un arma; había manifestado sus intenciones; se había aproximado a las inmediaciones del monarca. Tales indicios conferían a la conspiración una consistencia material de la que carecía el mero rumor. La empresa había quedado desbaratada. Quedaba por dilucidar cómo calificaría la justicia un atentado frustrado antes de alcanzar a la víctima, y qué otros nombres saldrían a relucir por boca del prisionero.
Los nombres pronunciados
Un tribunal integrado por diez juristas asumió el proceso. Los interrogatorios intentaron sacar a la luz a quienes hubiesen alentado su resolución. Barrière señaló en particular a Christophe Aubry, cura de Saint-André-des-Arts, y al jesuita Varade. De acuerdo con la antigua relación recogida en las Memorias de la Liga, Aubry lo habría remitido a Varade, y este último lo habría afianzado en su empresa, prometiéndole, en caso de perecer en el empeño, la recompensa eterna reservada a los mártires.
Semejante promesa confería a los autos un alcance político descomunal. Ya no se juzgaba únicamente a un soldado portador de una daga, sino una imputación directa contra aquellos que habrían suministrado al reo las palabras necesarias para librarlo del interdicto del homicidio. Los nombres de aquellos religiosos se incorporaban a una contienda mucho más amplia en torno a la autoridad monárquica y a las doctrinas consideradas una amenaza para la corona.
Las declaraciones fueron obtenidas bajo la aplicación del tormento. Constituyen testimonios de cargo en el marco de una coyuntura histórica que la causa real y los detractores de los jesuitas no tardaron en instrumentalizar. Por sí solas, no ofrecen una certeza irrefutable sobre el contenido exacto de aquellos coloquios. El papel acreditado de Banchi en la delación previa y el aliento atribuido a terceros poseen un estatuto dispar: confundirlos supondría soslayar las tensiones y contradicciones que rodean a las propias piezas probatorias del expediente.
La comisión condenó a Barrière a la pena de la rueda. Fue ajusticiado en Melun a finales de agosto de 1593. El espantoso suplicio respondía a la gravedad del atentado concebido contra la persona regia; pretendía exponer públicamente el castigo reservado a toda tentativa frustrada. Enrique IV no había sufrido herida alguna. Su frustrado agresor, en cambio, no sobrevivió a la misión de la que se había creído investido.
Un precedente que reaparece
El litigio no quedó zanjado con su muerte. Cuando Jean Châtel atacó a Enrique IV en diciembre de 1594 causándole una herida en la boca, las acusaciones formuladas durante el juicio contra Barrière volvieron a ocupar el centro del debate. La memoria de aquel primer proyecto servía para interpretar el segundo, al tiempo que amparaba las medidas de represalia adoptadas contra los jesuitas. De este modo, un acero incautado antes de dar el golpe pasaba a ser un antecedente inexcusable en la crónica de otra hoja que, esta vez, sí había alcanzado su objetivo.
Entretanto, Enrique IV había efectuado su solemne entrada en París. El reino proseguía su tortuoso camino hacia la pacificación, sin que aquella victoria política desterrara por completo las amenazas que se cernían sobre la figura del monarca. Barrière había sucumbido porque su confidencia tropezó con una repulsa. En un proceso donde tantas voces pretendían prometer las glorias celestiales, la palabra más certera fue la de quien se limitó a alertar a los vivos.