El domingo 31 de marzo de 1689, Sir George Lockhart sale de misa en Edimburgo. John Chislie lo sigue hasta el callejón donde reside el presidente del Tribunal de Sesiones. Le dispara por la espalda. La bala atraviesa su cuerpo y asoma por el lado derecho del pecho. Lockhart se tambalea y cae. Un médico que había acudido a visitar a la esposa del magistrado lo ve sangrar por la boca. Lo introducen en la casa y lo tienden sobre unas sillas; allí expira casi de inmediato. Chislie no intenta huir: declara ante quienes lo apresan que ha cometido el acto para enseñar al presidente cómo debe impartirse la justicia.
Al día siguiente, la ciudad juzga al presunto homicida. Chislie reconoce haber disparado, pero se niega a detallar ante el tribunal la resolución que desató su cólera. La causa aúna un agravio doméstico, una amenaza reiterada en Londres, una solicitud extraordinaria de tormento y un veredicto en el que el jurado incluye expresamente el término «premeditación». El desenlace no se agota en la confesión: todos se afanan en averiguar si Chislie actuó en solitario.
Sir George Lockhart no es un mero magistrado; preside el Tribunal de Sesiones y ocupa un escaño en el Consejo Privado del rey. Su muerte se produce precisamente cuando los Estados se hallan reunidos en Edimburgo. El 1 de abril, el hermano y el sobrino de Lockhart comparecen en nombre de la familia, incluidos los hijos del difunto. Presentan una petición para que los magistrados puedan aplicar tormento a Chislie y a otro individuo, William Calderwood, sospechoso de complicidad. Los Estados autorizan el apremio corporal, si bien añaden de forma taxativa que este caso extraordinario no podrá sentar precedente.
Dicha autorización suscita otra disputa antes incluso de iniciarse la vista. El Lord Provost protesta alegando que no debe vulnerar los antiguos fueros y privilegios de Edimburgo. El representante del Alto Condestable rehúsa constituir tribunal si el conde de Errol o sus delegados no actúan como jueces únicos. La cuestión de la competencia jurisdiccional se entrevera con la instrucción: el asesinato de Lockhart exige una respuesta perentoria, pero las instituciones no logran avenirse sobre a quién compete dictarla.
Chislie es sometido a tormento. Declara que nadie le aconsejó perpetrar el magnicidio. Admite que, en Londres, había amenazado al letrado James Stewart: si el presidente no le daba satisfacción, acabaría con su vida. Idénticas palabras había dirigido a un hombre llamado Callender y a su propio tío William. La amenaza no era, pues, un arrebato aislado. Chislie confiesa asimismo haber aguardado a Lockhart en Londres, paseando por Pall Mall con una pistola oculta bajo el gabán.
La mañana del crimen, carga su pistola, se dirige a la iglesia nueva y observa a Lockhart emprender el regreso. Lo sigue por el callejón de su morada, lo alcanza por la espalda y abre fuego. Consumada la muerte del presidente, se confiesa satisfecho: no tenía por costumbre dejar las cosas a medias. El juicio no saca a la luz instigador alguno. Chislie niega haber recibido consejo de tercero, mas la autorización de la tortura perseguía precisamente descubrir posibles cómplices.
Ante el jurado, confiesa judicialmente el homicidio y justifica su furor: sostenía que Lockhart había pronunciado un laudo injusto en su contra. Los testigos puntualizan el origen de semejante inquina. Meses antes, una sentencia arbitral dictada por Lockhart y Lord Kemney había asignado una pensión de alimentos a la esposa y a los diez hijos de Chislie. El pago anual ascendía a mil setecientos merks. Chislie había asegurado a Stewart que viajaría a Escocia antes de la Candelaria para liquidar al presidente. El abogado le replicó que tal idea procedía del diablo; Chislie contestó que algún día ajustaría cuentas con Dios tanto como con el juez.
William Chislie, escribano jurídico y tío del acusado, da cuenta de una amenaza semejante durante la primavera anterior. Había prevenido a Lockhart, quien no concedió seriedad alguna al peligro. El móvil se perfila así bajo dos luces contradictorias: Chislie invoca un perjuicio que se le habría irrogado, mientras que el fallo del presidente garantizaba el sustento material de su prole. Interrogado sin rodeos acerca de esta paradoja, guarda silencio. Borrow no detalla el litigio original que precedió al arbitraje; tan solo permite calibrar el abismo que media entre el agravio esgrimido por el homicida y las consecuencias prácticas de la sentencia.
Dos testigos presenciales, David Lockhart y Alexander Walker, han visto el disparo. Reducen a Chislie; Walker colabora en conducirlo al cuerpo de guardia. A sus declaraciones se suma la del médico David Hay, quien había acudido a visitar a la esposa del presidente y halló al marido agonizante. El cirujano John Bailie examina la herida: el proyectil penetró por la espalda y salió por la derecha, a través del pecho. En lo relativo al acto material del tirador, las palabras del reo concuerdan de este modo con las miradas de los testigos y con la lesión verificada en el domicilio. El proceso preserva estas tres vías probatorias, aun cuando el hombre sentado en el banquillo ya ha reconocido el crimen.
El jurado se compone de diez hacendados y cinco mercaderes de Edimburgo. Por unanimidad, declara a Chislie culpable de asesinato, basándose tanto en su confesión como en las testificales. Aprecia asimismo la concurrencia de premeditación. La sentencia se concibe a modo de escarmiento público: el 3 de abril, Chislie deberá ser arrastrado sobre un zarzo desde la prisión hasta la plaza del mercado. Se le amputará la mano derecha aún en vida; acto seguido será ahorcado, con la pistola del crimen suspendida del cuello. Su cadáver quedará colgado en cadenas entre Leith y Edimburgo, su mano clavada en el West Port y sus bienes confiscados.
El presidente asesinado deja varios hijos, en cuyo nombre su hermano y su sobrino acudieron a implorar justicia. El condenado deja diez, cuyo sustento prendió la mecha de su cólera. El acta procesal nombra a los varones que alegan, testifican o sentencian; silencia, en cambio, a la viuda de Lockhart y a la esposa de Chislie. Ambas permanecen, sin embargo, en los dos extremos de esta causa: una recibía la visita de un facultativo en el instante en que herían a su esposo; la otra era la beneficiaria del arbitraje que el asesino tildaba de iniquidad.
La pistola que Chislie llevó bajo el abrigo en Londres debe ahora pender de su garganta. La sentencia manda exhibir sobre su propio cuerpo el arma del delito. En ambos hogares, el del juez y el del ajusticiado, quedan los hijos en cuyo nombre se reclamó justicia.