El sábado 22 de julio de 1837, John Smith regresaba del mercado en compañía de su esposa cuando un disparo lo derribó en una calle de Glasgow. Dos balas lo habían alcanzado. Falleció tres días más tarde, legando una acusación que nadie podía entonces verificar: creía que hiladores veteranos lo habían mandado matar por haber vuelto al trabajo en la fábrica de Houldsworth, después de que los obreros de dicho taller hubieran cesado sus labores para exigir un aumento salarial. Su sospecha incoaba una causa; no señalaba todavía a un asesino.
Hacía semanas que la ciudad vivía al compás de una huelga que enfrentaba a hiladores, patronos y obreros dispuestos a trabajar por una remuneración menor. En su crónica, el Pitaval describe una Asociación clandestina, juramentos, amenazas y agresiones contra los hombres que continuaban con su faena. El compilador imprime a estos sucesos un tono marcadamente incriminatorio y los vincula a una trama que habría comenzado varias décadas atrás. Preciso es, pues, discernir lo que los testigos manifestaron en el juicio de las deducciones generales que el relato colige.
Las declaraciones sacaron a relucir actos de violencia anteriores: disparos contra trabajadores, vitriolo arrojado al rostro de un joven hilador llamado Cairnie, tentativas de incendio en talleres y la muerte de la viuda M’Pherson, alcanzada durante un asalto destinado, según los testigos, a herir a su hija, empleada en una hilatura. El testigo James Murdock refirió asimismo la agresión a McQuarrie, herido de bala a plena luz del día. Estos episodios configuraban un clima de zozobra, pero cada uno poseía sus propios autores, sus circunstancias y su grado de prueba; su mera acumulación no bastaba para atribuir la muerte de Smith a los encausados de 1838.
Tras el deceso de Smith, los patronos hiladores ofrecieron quinientas libras esterlinas por cualquier indicio que condujera a la captura del homicida; el gobierno añadió otras cien. El dinero no quebrantó, en un principio, el silencio reinante. El temor a las represalias pesaba sobre los obreros, y la viuda, interrogada tras los hechos, no logró identificar las siluetas que había vislumbrado en la penumbra. Se limitó a referir el tiro disparado por la espalda, la caída de su marido y el tardío auxilio de los transeúntes. En su lecho de muerte, Smith había declarado que no se le había advertido ni escuchado antes de pronunciar contra él una suerte de sentencia; tres días antes del ataque, alguien le habría susurrado que no desearía hallarse en su pellejo.
El sheriff del condado de Lanark, Archibald Alison, resolvió finalmente intervenir. En la noche del 29 de julio, acompañado por el capitán Miller y una veintena de agentes de policía, acudió al lugar donde debía congregarse el comité de la Asociación. Allí sorprendió a varios cabecillas y mandó detener a quince hombres. La documentación y los libros de cuentas incautados en la sala y en una estancia contigua estaban llamados a cobrar tanta relevancia como las declaraciones de los testigos. La huelga concluyó; en las jornadas sucesivas, los obreros regresaron a las hilaturas. Mas los arrestos no esclarecían aún la muerte de Smith: abrían una instrucción sobre una organización y sobre los actos que se le imputaban.
El proceso dio comienzo en el mes de enero siguiente y se prolongó durante ocho jornadas. El sumario acumulaba cargos de conspiración para imponer salarios mediante la intimidación, atentados contra personas y bienes, y participación en violencias de antigua data. La causa de Smith constituía la acusación más grave: William M’Lean era presentado como el ejecutor material, y los directivos de la Asociación como quienes lo habrían reclutado. Los magistrados hubieron de dirimir asimismo complejas cuestiones de procedimiento escocés, entre ellas la admisibilidad de un documento hallado en poder del tesorero Hackett y la procedencia de admitir declaraciones testificales sobre testimonios de oídas.
James Moat fue uno de los testigos capitales. Habiendo pertenecido a la Asociación durante casi veinte años, aseveró que se había constituido un comité secreto en el transcurso de la huelga. A su juicio, los delegados habían debatido medidas contra los obreros que retomaban el trabajo; atribuía a ciertos encausados funciones de mando y describió los salvoconductos que la organización expedía a sus afiliados. Un manuscrito suscrito por «William Mean», hallado entre los legajos del comité, recomendaba a su portador ante los demás trabajadores. Moat juzgaba insólito tal documento y explicó que la Asociación solía librar semejantes títulos a aquellos a quienes deseaba alejar de la ciudad.
El segundo testigo de relieve, Murdock, relató los juramentos exigidos a los neófitos. Recordaba los vocablos «Ashdod» y «Armagedón», una Biblia sostenida bajo el brazo y la solemne obligación de acatar los dictados de la mayoría. Afirmó que tales prácticas iban acompañadas de conminaciones hacia los «Nobs», término con que se tildaba a los operarios que aceptaban el jornal menguado durante una huelga. Su testimonio corroboraba la existencia de una disciplina coercitiva; con todo, no situaba a M’Lean en el escenario del crimen.
Los rectores de la Asociación impugnaron la versión de Moat y negaron de plano la existencia de un comité criminal. Presentaron los fondos incautados como socorros prestados a los obreros desprovistos de sustento y definieron el comité de vigilancia como un simple medio para persuadir a los trabajadores de proseguir la huelga. Diversos testigos de descargo aseguraron no haber oído jamás mentar juramento ni violencia alguna. La solidez de sus recuerdos se vio empañada por contradicciones, señaladamente en torno a un certificado de coartada confeccionado para M’Lean con posterioridad a los hechos. Algunos firmantes fueron incapaces de ratificar las horas consignadas; uno de ellos confesó haber firmado hallándose M’Lean ya en presidio, si bien el documento ostentaba una fecha anterior a su captura.
La declaración de Robert Christie arrojó una nueva sombra de sospecha. Manifestó que M’Lean le había hablado de un arma de fuego y de su propósito de dar muerte al capataz Arthur; aseguró asimismo haberle prestado un par de guantes negros poco antes del fallecimiento de Smith. Tras el crimen, según Christie, M’Lean habría regresado a su taberna pronunciando palabras que lo comprometían de forma manifiesta. Pese a ello, Christie había demorado la revelación de tales pláticas. Habiendo sido él mismo arrestado y tras abandonar Glasgow, justificó su tardanza en el temor simultáneo a quebrantar su juramento y a ser blanco de represalias. La defensa hizo hincapié en estas vacilaciones, en su presumible interés por la recompensa oficial y en las discordancias cronológicas de los bandos que prometían la suma pecuniaria.
El fiscal replicó que la prima no constituía una componenda secreta ofrecida a un falso testigo, sino una recompensa pública destinada a allegar noticias fidedignas. Los jueces facultaron al jurado para escuchar a Christie, dejando a su soberana apreciación la credibilidad que mereciese. Un consignatario marítimo corroboró que M’Lean había intentado, antes de la muerte de Smith, concertar un pasaje con destino a Newport. A ello se sumaron otros indicios: conversaciones escuchadas al descuido en una taberna, la adquisición de proyectiles por parte de individuos señalados como hiladores y la fuga de M’Lean tras las primeras detenciones. Sin embargo, ningún testigo presencial había visto al tirador abatir a Smith.
La defensa de M’Lean rehusó terminantemente que las violencias de antaño se erigiesen en prueba automática contra su patrocinado. Su letrado recordó que una asociación gremial podía declarar legalmente la huelga, y conminó al jurado a deslindar este legítimo derecho de las agresiones y del homicidio. Desacreditó la coherencia de Christie y la fragilidad de las pruebas directas. Los defensores de los demás procesados alegaron que el ministerio público había amargado violencias espaciadas a lo largo de varios años con hechos concretos acaecidos en 1837, sin acreditar fehacientemente que cada uno de aquellos hombres hubiese ordenado o ejecutado los actos más execrables.
El juez procedió igualmente a delimitar las diferencias entre los distintos cargos sumarios. A su juicio, la prueba practicada acreditaba una conspiración de menor entidad, encaminada a intimidar a los patronos y a los obreros que continuaban en sus puestos. No demostraba, en cambio, con idéntica certidumbre, la existencia de una empresa concertada de incendio y asesinato. Respecto a M’Lean, razonó que las declaraciones de Christie, de otorgárseles crédito, resultaban abrumadoras, pero que la convicción del tribunal popular debía forjarse más allá de toda duda razonable. Las cuestiones sometidas al jurado versaban, por consiguiente, sobre hechos singulares y no sobre una responsabilidad corporativa indiscriminada.
Tras cinco horas de deliberación, los miembros del jurado emitieron un veredicto por mayoría. Declararon probados los cargos 1, 2, 3 y 10; desestimaron los restantes. Las actas del proceso no reproducen la relación íntegra y numerada de las acusaciones, circunstancia que veda atribuir con absoluta certeza cada guarismo a un lance determinado. El tribunal sentenció a los reos a siete años de deportación en ultramar. El texto consigna que la severidad del castigo suscitó debate y que con posterioridad se elevaron peticiones de gracia, mas no refleja un pronunciamiento de culpabilidad por asesinato contra M’Lean: la condena recaída en este juicio se circunscribió a los cargos declarados probados por la mayoría.
El término de la causa judicial distó de ofrecer la diáfana respuesta que reclamaba la muerte de Smith. Sancionó ciertamente las prácticas de coacción y agresión que el jurado estimó acreditadas, al tiempo que desestimó las imputaciones de mayor gravedad. La versión del Pitaval enfatiza el restablecimiento del sosiego público y la honda conmoción provocada por las audiencias; asimismo, adopta un tono de severa censura moral contra la Asociación y sus miembros. Corresponde al lector seguir el encadenamiento de testimonios y resoluciones sin confundir el prisma valorativo del cronista con los pronunciamientos estrictamente jurídicos del tribunal.
En medio del arroyo, Smith había expirado sin que su esposa pudiera distinguir los rostros de los agresores. En el estrado, las palabras vertidas bajo juramento, los registros intervenidos y las coartadas contradictorias vinieron a suplantar aquel mudo drama. Empero, el juicio no transformó cada conjetura en verdad judicial. Su desenlace radicó puntualmente en tal distinción: determinados cargos de conspiración e intimidación se tuvieron por demostrados; otras imputaciones decayeron por insuficiencia de prueba. El asesinato que había prendido la mecha de aquel proceso continuó siendo, en las páginas de la crónica, un enigma infinitamente más gravoso que la propia sentencia.