El 6 de mayo de 1766, Thomas-Arthur Lally escuchó en el Parlamento de París su condena a muerte por traición, abuso de autoridad, vejaciones y exacciones. El general tenía sesenta y ocho años de edad y cincuenta de servicio. El proceso que lo condujo hasta allí se había iniciado muy lejos de París, en una colonia que Francia ya no era capaz de defender.
Enviado a la India en 1757, Lally debía proteger Pondicherry y las demás plazas francesas contra los ingleses. De origen irlandés, había combatido en Fontenoy y se había distinguido en la lucha contra ellos. La elección del gabinete de Versalles se fundaba, en buena medida, en esa experiencia militar. No obstante, según el relato de Champagnac, el general albergaba una idea en exceso optimista de los medios disponibles: esperaba encontrar caudales, municiones y tropas disciplinadas. Descubrió, por el contrario, unas arcas casi vacías, escasas reservas y un orden de mando desarticulado.
Lally obtuvo primero un éxito en el fuerte de San David, cerca de Pondicherry, y de inmediato mandó arrasar sus fortificaciones. Debía procurarse luego los recursos indispensables para proseguir la campaña. Escribió desde su campamento al gobernador Duval Leyrit, quien administraba la plaza en nombre de la Compañía de las Indias. En aquella misiva afirmaba haber entregado cien mil libras de su propio peculio para sufragar los gastos, y reprochaba al gobernador y a su consejo no haberle facilitado fondos ni crédito alguno. Amenazaba además con informar al rey y a la Compañía del escaso celo de sus empleados y con adoptar providencias para no depender ya de sus decisiones.
Aquel correo no acercó las posturas de ambos mandatarios. Un oficial, citado por Champagnac, refiere que Lally no hablaba sino de cadenas y mazmorras, sin reparar en la edad ni en el rango de sus interlocutores. Se quejaba de todo el mundo y todo el mundo se quejaba de él. El general se consumió en estas discordias en un instante en que la colonia reclamaba resoluciones unánimes. Las tropas francesas padecieron graves pérdidas y se replegaron hacia Pondicherry.
La ciudad quedó sitiada. Lally pretendió resistir hasta el último extremo y prohibió, bajo pena de muerte, hablar de capitulación. A continuación, ordenó requisar las provisiones en las casas particulares, sin excluir las de los miembros del consejo ni las de los principales oficiales. Esta medida terminó por enajenarle los ánimos de quienes ya le eran hostiles. Champagnac refiere que, durante una expedición, Lally amenazó con uncir al gobernador y a los consejeros al transporte de las municiones si estas no llegaban a tiempo. Semejante expresión compendia la semblanza de un comandante que respondía a las dilaciones con la humillación y la cólera.
Cuando Pondicherry se rindió a discreción, los habitantes quisieron dar muerte al general. El comandante inglés hubo de asignarle una guardia para protegerlo. Enfermo, Lally fue trasladado en un palanquín; empuñaba dos pistolas para amedrentar a quien osara aproximarse. Más tarde, los empleados de la Compañía obtuvieron permiso para abrir sus arcones, con la esperanza de hallar tesoros ocultos. No descubrieron en ellos más que algunos enseres, ropas y papeles. Los ingleses incautaron dichos bienes hasta la liquidación de las deudas que Lally aseguraba haber contraído en su propio nombre para la defensa de la plaza.
Prisionero en Madrás, solicitó que se demorara su traslado a Inglaterra, petición que le fue denegada. Champagnac consigna que el capitán del buque mercante le dispensó un trato riguroso durante la travesía y que solo le suministraba caldo de cerdo como alimento. Lally arribó a Inglaterra junto a más de dos mil cautivos. Los reproches mutuos acerca de la pérdida de la colonia no cesaron ni durante la navegación.
En noviembre de 1762, aún prisionero bajo palabra de los ingleses, Lally se personó en Fontainebleau y ofreció constituirse voluntariamente en la Bastilla. Se le tomó la palabra y fue encarcelado. Durante quince meses no se le tomó declaración alguna. Compareció luego ante el Châtelet y, con posterioridad, ante el Parlamento de París; la instrucción se prolongó durante dos años. La querella del ministerio público le imputaba alta traición y lesa majestad. Se le denegó la asistencia de un letrado y hubo de asumir él solo su defensa.
Los cargos resultaban copiosos. Se le censuraban su conducta en Pondicherry, sus palabras contra los consejeros, castigos que habrían excedido las órdenes recibidas e incluso hábitos privados o anécdotas que Champagnac califica de irrisorias. La acusación principal sostenía que había vendido la plaza a los ingleses. Entre los indicios invocados, el capítulo menciona cohetes disparados durante el asedio, cuyo motivo se ignoraba, y una ronda nocturna efectuada al son del tambor. El texto no refiere contacto secreto alguno con el enemigo ni entrega de informes militares; presenta tales acciones como los meros indicios de los que se deducía la acusación de venta de la plaza. Ciento sesenta cargos, según el capítulo, amalgamaban las quejas de la Compañía, de los oficiales y de los colonos. Unos atañían a la disciplina y a las operaciones bélicas; otros versaban sobre sus arrebatos, los castigos impuestos, palabras denigrantes o visitas privadas. Entre los reproches presentados como fútiles, se le acusaba de haber mandado suministrar arroz a sus caballos cuando ni siquiera los tenía. Semejante acumulación equiparaba la conducta de un general en campaña con meras habladurías de salón.
El propio Champagnac cuestionaba el fundamento de tales diligencias: Lally no había recibido los fondos del rey ni los de la Compañía, circunstancia que descartaba, a juicio del autor, toda malversación de caudales. Juzgaba asimismo inverosímil la traición, habida cuenta de que el general había regresado a Francia para constituirse preso y de que los ingleses contaban con medios sobrados para tomar Pondicherry. Un episodio relativo a ciertos legajos complicó aún más el proceso. El jesuita Lavaur, antiguo residente de Pondicherry, falleció en París. Entre sus pertenencias se hallaron dos memoriales: uno favorable a Lally, el otro acusándolo de todos los crímenes. El escrito hostil fue entregado al procurador general. Champagnac relata que Lavaur pensaba decantarse por uno u otro según el cariz de los acontecimientos; no obstante, los documentos no se reproducen en la crónica, por lo que resulta imposible deducir de ellos una prueba independiente de la intención atribuida al religioso.
El abogado general Séguier, tras haber examinado los autos con detenimiento, habría considerado que Lally debía ser absuelto. Según la fuente, expresó este parecer ante diversos magistrados y en los círculos de París. Su opinión fiscal, empero, no prevaleció sobre el fallo colegiado del Parlamento, que admitió las imputaciones y dictó la pena capital. El capítulo atribuye tal desenlace a la indignación pública y a las reclamaciones de los accionistas, dependientes, oficiales y empleados de la Compañía. Subraya asimismo que los arrebatos del general contra sus acusadores no hicieron sino exacerbar la animadversión de la que era objeto.
Al notificársele la sentencia, Lally se clavó en el pecho un compás con el que trazaba mapas en su prisión. La herida no fue mortal. El temor de que expirase antes del suplicio motivó que se adelantara la ejecución unas horas. Lo condujeron a la plaza de Grève en un carro enfangado. Se le colocó una mordaza para impedirle dirigir la palabra a la multitud o increpar a sus jueces. Champagnac describe una concurrencia nutrida de curiosos y anota que algunos de sus adversarios aplaudían.
La sentencia ordenaba la decapitación y la confiscación de sus bienes; reservaba asimismo cien mil escudos en beneficio de los pobres de Pondicherry. Las pesquisas ulteriores no sacaron a la luz sino un patrimonio modesto, insuficiente para cubrir dicha suma una vez saldadas las deudas. Y sin embargo, el consejo de Pondicherry había tasado las riquezas del general en diecisiete millones. Tres días después de la ejecución, un juez habría declarado que ninguna falta concreta había fundamentado el fallo: la condena se sustentaba en el conjunto de la conducta de Lally.
Su hijo, nacido de un matrimonio secreto, consagró sus esfuerzos a rehabilitar su memoria. El Consejo del Rey anuló la primera sentencia, pero el Parlamento de Ruan ratificó la condena; el Consejo la casó de nuevo y remitió la causa a Dijon. El 23 de agosto de 1783, el Parlamento de Dijon confirmó a su vez el fallo de París, con mayor severidad si cabe, según la crónica. Champagnac recuerda que el hijo consagró largos años a esta defensa y que Voltaire, poco antes de morir, celebró con júbilo la primera casación. Con todo, el capítulo no concluye con una rehabilitación judicial definitiva: deja a Lally suspendido entre resoluciones que se anulan y se restablecen sucesivamente, en el seno de una causa cuyo cargo principal sigue sumido en la controversia.