Habían conducido al panadero ante las autoridades; allí no halló cobijo alguno. Se recogieron testimonios en su favor, se tomaron precauciones, se habló de someterlo a juicio con arreglo a las leyes. Luego la multitud forzó la guardia y se lo llevó. Denis François murió así el 21 de octubre de 1789, en París, entre la promesa de una justicia y la imposibilidad de hacerla respetar.
El pan había preparado el asunto antes de que se le diese un nombre. Las dificultades de subsistencia volvían sospechosa cada espera, inquietante cada reserva. En una ciudad donde era legítimo temer la falta de lo necesario, la puerta de una tahona no era sólo la de un comercio: separaba a quienes pedían de comer de aquel a quien creían dueño de la respuesta. El municipio hacía apostar guardias ante las tiendas. Dicha presencia atestiguaba la amenaza; no bastaba para contenerla.
François trabajaba en el barrio de Notre-Dame. La mañana del 21 de octubre, una mujer lo acusó de ocultar pan. Otras se sumaron a ella. Se descubrió una reserva que las crónicas del suceso presentan como destinada al servicio de la Asamblea Nacional. Lo que hubiera debido suscitar una comprobación se convirtió en prueba inmediata a ojos de los acusadores. Había, pues, pan: ¿por qué debían aguardar quienes lo reclamaban? La cuestión material mudó en acusación de traición.
Conviene frenar aquí el movimiento que los agresores aceleraron. Una reserva no acreditaba un acaparamiento; una queja no era una condena. Los representantes de la Comuna, en el informe remitido el mismo día a la Asamblea, afirmaron la inocencia del panadero y mencionaron los favorables testimonios de burgueses del distrito. Esta palabra oficial no nos brinda cada pormenor del conflicto inicial. Establece, al menos, que las autoridades no habían abandonado sin más a un hombre tras reconocer su culpabilidad.
Lo condujeron al Hôtel de Ville hacia las ocho y media. Hombres y mujeres lo seguían, y en la plaza de Grève el número de presentes aumentaba. Los administradores intentaron calmar el tumulto. Según el relato recogido por Edmond Seligman, anunciaron que François sería llevado al Châtelet. El procedimiento debía recobrar la custodia del acusado. Mas, para una parte de quienes ya lo tenían por culpable, el traslado amenazaba con hurtar al hombre del castigo que exigían.
Se barajó la idea de elegir jueces entre las personas congregadas. Ello mantuvo por un instante la apariencia de un juicio, como si dar nombre a unos cuantos espectadores pudiese suplir la instrucción y las garantías que se negaban a esperar. Faltó tiempo incluso para semejante simulacro. François fue arrancado a quienes lo protegían, colgado de una farola y, más tarde, su cuerpo quedó sometido a nuevos ultrajes. El asesinato se había adelantado a la sentencia que pretendía usurpar.
Su esposa estaba encinta. Los relatos contemporáneos describen su espanto; las estampas mostraron después su dolor y el socorro que le fue otorgado. Los vecinos podían volver a sus quehaceres y los administradores a sus deliberaciones; ella regresaba a una casa cuyo umbral el amo jamás volvería a cruzar. El hijo que aguardaba nacería tras aquella concentración de pocas horas, cuyas consecuencias, para su madre, ya no tenían término.
Los representantes de la Comuna comparecieron ante la Asamblea Nacional. Anunciaron la muerte del panadero, sus vanos esfuerzos y un peligro apremiante: otros dos panaderos detenidos en el Châtelet corrían el riesgo, decían, de ser arrebatados y ahorcados. El asesinato no se antojaba, pues, un hecho concluido; entrañaba una posibilidad de repetición. Los electos solicitaban a la vez medios para asegurar las subsistencias y una ley contra los tumultos que ya no lograban dominar.
La Asamblea respondió esa misma jornada con una ley marcial. Otorgaba a los oficiales municipales la potestad, y en las circunstancias previstas el deber, de recurrir a la fuerza militar. Una bandera roja advertiría de dicha resolución desde la casa consistorial y en las calles. Las personas congregadas podrían designar representantes para exponer sus agravios, pero debían dispersarse. Ciertas intimaciones precederían al empleo de la fuerza cuando la aglomeración persistiese.
De este modo, la muerte de François alumbró una norma cuyos efectos desbordaban con creces su tahona. Las autoridades pretendían impedir que una muchedumbre volviese a apoderarse de un acusado; para ello se dotaban de un instrumento susceptible de reprimir concentraciones que no habrían cometido homicidio alguno. El problema de las garantías mudaba de bando sin desaparecer. Tras un hombre muerto en nombre de una voluntad popular inmediata, la fuerza pública recibía el arbitrio de dispersar a cuantos se amparasen en esa misma voluntad.
Mientras los diputados legislaban, se practicaron detenciones. François Blin, porteador en el puerto del trigo, fue perseguido como autor del ahorcamiento. Michel Adrien, jornalero, fue arrestado por haber distribuido tarjetas destinadas a provocar una sublevación. Sus causas suelen fundirse en una sola fórmula: los asesinos del panadero. Preciso es, sin embargo, distinguir los actos imputados. Los documentos aquí consultados vinculan a Blin con la muerte de François; señalan a Adrien como un hombre acusado de instigar la agitación.
Ambos fueron condenados y ahorcados al día siguiente. La celeridad pretendía conferir a la represión la nitidez de la que había carecido la protección del panadero. Mas esta proximidad de fechas engendra un malestar que el orden restablecido no borra. El día 21, no se había podido preservar con vida al hombre a quien se prometía un juicio. El 22, la justicia disponía de los medios precisos para conducir a la muerte a dos hombres apresados al calor del motín de la víspera.
Las consecuencias no fueron meramente penales. La viuda percibió socorros, y un grabado conservó el recuerdo de su presentación ante el rey y la reina en noviembre. La compasión se trocó en ceremonia, luego en estampa. Hacía visible a la víctima de un desorden del que los poderes pretendían desmarcarse. Nada autoriza a reducir tales auxilios a una farsa; nada obliga tampoco a olvidar el provecho público que podía extraerse de un sufrimiento verdadero.
Al término de esta sucesión, el pan permanece. A él se le buscaba por la mañana; su presencia se había tenido por una confesión; su escasez había prestado al miedo su lenguaje. El asesinato no había saciado a nadie. Las ejecuciones posteriores no habían colmado las artesas. Entre el hambre, la sospecha y el mantenimiento del orden, el caso François evidencia con qué premura una vida puede verse atrapada por dilemas que la superan, para luego desvanecerse casi por completo tras las respuestas que se les procuran.
Denis François había muerto; François Blin pagaba con la vida la participación en el linchamiento que la justicia le imputaba; Michel Adrien expiraba por haber incitado al asesinato. En dos jornadas, la plaza pública había visto desfilar a tres hombres bajo tres cargos distintos. La presteza de las condenas brindaba a las autoridades una réplica inmediata. Dejaba a las familias tres lutos cuya duración ningún bando podía abreviar.