Lesurques había acudido para acompañar a un amigo. No tenía cita alguna con un acusador ni motivos para temer los escasos minutos que pasaría en una oficina judicial. Su compañero reclamaba unos documentos confiscados durante una investigación; una vez concluidas las formalidades, ambos se marcharían. Dos mujeres aguardaban también allí. Miraron a los hombres que entraban y creyeron reconocer a unos asesinos.
De aquel encuentro, en el que nadie se había tomado la molestia de separar a quienes debían efectuar el reconocimiento de aquellos a quienes se les iba a mostrar, surgió una condena a muerte. Pero el célebre asunto del correo de Lyon no se reduce por entero a un desgraciado azar. Para que un rostro conduzca a un hombre al cadalso, hacen falta después deposiciones, careos, un tribunal; es preciso que las objeciones cedan una tras otra, o aparenten ceder. Es esa prolongada metamorfosis de la sospecha en certidumbre lo que da comienzo en el despacho de Daubanton.
El 27 de abril de 1796, la posta de Lyon había sido asaltada en el camino, cerca de Lieusaint. El correo y el postillón habían sido asesinados. Los bandoleros se llevaron moneda metálica y millones de asignados destinados al ejército de Italia: dos existencias segadas, un botín considerable y la autoridad pública vulnerada en uno de los movimientos más ordinarios de su poderío, el paso de un carruaje. El camino había sostenido a los asesinos; ahora debía revelar sus huellas.
Se interrogó a cuantos habían servido, cruzado u observado a viajeros. Varios hombres habían pasado por las posadas, habían solicitado cuanto precisa un jinete y dejado tras de sí impresiones sobre su porte y su indumentaria. Aquellos recuerdos eran valiosos. Eran asimismo frágiles, pues el cliente a quien se sirve de beber no advierte que, pocos días después, habrá de responderse de su fisonomía ante un juez. La memoria había obrado sin saber que se le exigiría convertirse en prueba.
Una pista condujo a Couriol, detenido en Château-Thierry con efectos procedentes del robo. A su alrededor, las pesquisas atraparon a otras personas. Guénot, que fue puesto en libertad, había dejado papeles en poder de la justicia. Regresó a buscarlos junto a Lesurques, su compatriota de Douai. Así, uno de los gestos menos sospechosos de todo el proceso —presentarse de manera voluntaria en una dependencia donde conocen el propio nombre— cobró súbitamente la apariencia de una imprudencia criminal.
Las dos testigos reconocieron a los visitantes. La libertad de Lesurques concluyó en ese instante.
Contaba a su favor con una posición desahogada, una familia, relaciones capaces de dar fe de su conducta. Ello podía explicar la estupefacción de su entorno; no bastaba para desarmar la acusación. Un hombre respetable podía robar, y el tribunal no estaba obligado a confundir una buena reputación con la imposibilidad material. La defensa debía, por tanto, abandonar el terreno apacible de las costumbres por el otro, mucho más estrecho, del horario: ¿dónde se hallaba Lesurques mientras la posta era asaltada? ¿Quién lo había visto? ¿En qué momento preciso?
Varios testigos lo situaban en París. Entre ellos, el joyero Legrand poseía un libro de registro que debía otorgar a su recuerdo el respaldo de una fecha escrita. El papel parecía brindar lo que la palabra sola no podía garantizar. Mas luego se descubrió una corrección en la fecha. Legrand fue sospechoso de falso testimonio, y lo que debía apuntalar la coartada comenzó a hundirla.
Aquella tachadura tuvo un alcance muy superior al exiguo espacio que ocupaba en la página. Las demás atestaciones no desaparecían materialmente; mudaban de cariz. Si uno de los defensores había amañado su libro, ¿por qué los siguientes no habrían de haber amañado su memoria? La sospecha podía nutrirse en adelante de los mismos auxilios que se aportaban al encausado. Ya no solo se le reprochaba haber sido reconocido en el camino; se vislumbraba a su alrededor una confabulación para borrar aquel tránsito.
En el juicio de agosto, los testimonios colisionaron, pues, sin anularse mutuamente. Unos aseguraban haber visto a Lesurques en París; los otros, sobre el itinerario de los asaltantes. Un nombre, no obstante, cruzó aquella contradicción: Dubosc. Madeleine Bréban, vinculada a Couriol, sostenía que se había incurrido en una confusión. El hombre buscado no era el que comparecía; otro se le parecía y habría llevado una peluca rubia.
La semejanza ofrecía una explicación para el conjunto. Podía salvar a los testigos de la mentira sin arrojar a Lesurques al crimen: habían reconocido un rostro, pero atribuido ese rostro a la persona equivocada. No constituía, con todo, una demostración por sí sola. Era preciso hallar a aquel otro hombre, probar su presencia, examinar sus vínculos con la banda. El tribunal juzgaba a reos presentes, mientras que aquella hipótesis exigía una instrucción aún abierta.
El 5 de agosto de 1796, Lesurques, Couriol y Bernard fueron condenados a muerte. Otros acusados escaparon a la pena capital; Guénot fue absuelto. El compañero que había acudido a reclamar sus papeles iba a poder vivir. Aquel que lo había acompañado permanecía en prisión.
Entonces Couriol asumió un papel singular en la historia. Ya no intentaba únicamente defenderse: afirmaba su propia culpabilidad y la inocencia de Lesurques. Sus declaraciones, reiteradas antes de la ejecución y recogidas hasta en la crónica del último trayecto, señalaban a los verdaderos partícipes según él. Un condenado puede mentir; la confesión de la propia falta no convierte de forma automática cada palabra siguiente en verdad. Pero resulta difícil escuchar a un hombre consentir su propia condena mientras combate la de su vecino, y luego desdeñar esa protesta como un rumor sin trascendencia.
Lesurques fue ejecutado el 3 de octubre de 1796. Couriol murió el mismo día. La justicia había concluido su primer proceso; no había agotado la causa.
Dubosc fue hallado y juzgado unos años más tarde. Su condena entregó a los defensores de Lesurques el hombre de carne y hueso que había faltado en el primer debate. Ya no era solo un nombre arrojado en una sala de vistas: otro acusado había comparecido por el mismo delito. La familia emprendió a partir de entonces una batalla cuya duración mide con elocuencia la resistencia hallada. Ya no se trataba de salvar a un padre, sino de conseguir que sus hijos pudieran llevar su apellido sin la ignominia de la sentencia adosada a él.
El derecho no les concedió la victoria que el público esperaba. Reconocer a un nuevo culpable no bastaba jurídicamente para excluir a un antiguo cómplice. La revisión procesal requería algo más que una historia convincente de dobles. El asunto contribuyó a los debates que hicieron evolucionar la ley en 1867; la demanda de la familia fracasó, no obstante, ante el Tribunal de Casación en 1868. Lesurques se convirtió en la memoria colectiva en el rostro mismo del error judicial, sin obtener jamás la rehabilitación que habría clausurado su legajo.
Esta disparidad es la última zozobra de la historia. Es lícito narrar la tachadura, los reconocimientos, las protestas de Couriol y la tardía comparecencia de Dubosc; no se debe añadir a ellos una sentencia de inocencia que jamás fue pronunciada. Dos hombres aguardaban en un despacho. Uno de ellos reclamaba su pasaporte. El otro creía tan solo hacerle compañía. Más de setenta años después, una familia aguardaba todavía a que la justicia dictaminase lo que aquella mañana había probado en verdad.