Se llevaron el parqué de la difunta.
Veintitrés tablas de madera entraron en el sumario junto con lienzos, frascos y las vísceras extraídas durante la autopsia. Procedían de una habitación de la calle Bonaparte, donde Julie de Pauw había sucumbido el 17 de noviembre de 1863. Las deyecciones caídas sobre el suelo podían contener aquello que el cadáver aún rehusaba entregar. El aposento, de donde se creía haber sacado tan solo un féretro, guardaba acaso una acusación bajo los pies de los visitantes.
El médico sospechoso era Désiré Couty de La Pommerais. Había asistido al marido de Julie antes de la muerte de este, para convertirse después en amante de la viuda. Semejante familiaridad le franqueaba el acceso a un hogar donde su presencia no infundía temor alguno. Una receta médica, una explicación sobre la dolencia, un consejo financiero podían recibirse de la misma boca: no era preciso distinguir al facultativo del hombre al que se estaba unida por el afecto.
Había contraído matrimonio en otra parte, con Clotilde Dubizy. La nueva familia aportaba un desahogo del que esperaba beneficiarse, pero que no puso fin a sus apuros. El tren de vida del doctor, sus compromisos y sus deudas exigían unos caudales que su clientela no le procuraba. En 1863 reanudó un trato más asiduo con Julie de Pauw. Aquel regreso adoptaba la apariencia de una atención recobrada. Pronto se vio acompañado de una operación mucho menos sentimental.
Se suscribieron pólizas sobre la vida de Julie ante diversas compañías por un importe total de quinientos cincuenta mil francos. Los derechos acabaron en manos de La Pommerais, quien debía satisfacer las primas y percibir los capitales al sobrevenir el óbito. El hombre que conocía su estado de salud se convertía así en aquel a quien la muerte de ella reportaría una fortuna.
Más tarde justificó esta maniobra alegando una deuda: la viuda le debía dinero y él se aseguraba el reintegro. Mas las cifras fluctuaban. El crédito, considerable en determinadas escrituras, mermaba bajo el interrogatorio; aun admitiendo las últimas sumas invocadas, resultaba imposible comprender por qué la salvaguarda de una cantidad modesta exigía seguros tan desmesurados y primas anuales superiores a lo que se pretendía proteger. El balance, por sí solo, revelaba algo muy distinto de la prudencia de un acreedor.
Julie creía participar en un negocio ventajoso. Según la acusación, La Pommerais le había hecho concebir la esperanza de una renta al forzar a las compañías a transigir ante el anuncio de una enfermedad grave. Se trataba de fingirse amenazada sin estarlo en verdad. Ella habló de una caída en la escalera, se quejó de dolores, escribió cartas. Algunas fueron conservadas por el médico con un celo que pronto devendría sospechoso: describían de antemano la fragilidad de aquella cuya vida había asegurado.
Las misivas no exhibían las marcas ordinarias del curso postal. No eran las noticias que una mujer angustiada habría enviado por propia iniciativa a un hombre ausente. La instrucción las presentó como piezas dictadas, reservadas para servir a su debido tiempo. La confianza de Julie había procurado así al beneficiario de los seguros una versión escrita de su futura enfermedad.
En la noche del 16 al 17 de noviembre, los síntomas fueron reales. Avisadas, sus hijas subieron a su estancia. Julie habló de una indigestión y las mandó a descansar. La Pommerais acudió a la mañana siguiente. Tras su visita, ella siguió considerando el mal como algo pasajero y exigió que las niñas marcharan al internado como de costumbre. Esta aparente calma obedecía a un motivo temible: en el arreglo que creía estar secundando, las señales de enfermedad aún podían antojársele provechosas.
Los socorros llegaron con cuentagotas. Una vecina pasó a visitarla. Un médico al que había consultado con anterioridad se irritó al saber que su tratamiento no se había seguido y se retiró sin practicar un nuevo examen. La Pommerais regresó y volvió a marcharse. Por fin, cuando se llamó a toda prisa al doctor Blachez, era ya demasiado tarde. Julie falleció al atardecer.
El beneficiario de las pólizas se presentó de nuevo tras el desenlace. Mencionó la caída. Una mujer de la casa rebatió semejante explicación: sabía a ciencia cierta que el percance anunciado no había ocurrido en la forma alegada. La versión urdida en las cartas tropezaba por fin con alguien que rehusaba admitirla. Los allegados manifestaron sus sospechas; dio comienzo la investigación judicial.
El 30 de noviembre, el cuerpo fue exhumado. Ambroise Tardieu no halló enfermedad pretérita ni lesión capaz de explicar de forma natural aquella muerte repentina. La comprobación era de gravedad, pero no pasaba de ser una ausencia: no descubrir causa natural no equivalía a sostener entre los dedos la prueba de un veneno. Junto con el químico Zacharie Roussin, emprendió por consiguiente pesquisas en las vísceras, en las materias recogidas de la alcoba y en las sustancias incautadas en el domicilio del médico.
Hubieron de examinarse cerca de novecientos productos. La consulta de La Pommerais ofrecía un inventario lo bastante prolijo como para disuadir toda certeza fulminante. La presencia de sustancias peligrosas en poder de un facultativo no demostraba, de por sí, un empleo criminal. Los peritos debían vincular lo que hallaban con la enfermedad de Julie y discernir luego entre una facultad profesional y un uso homicida.
Su labor tomó un derrotero que dio celebridad al juicio. Los análisis químicos no permitían aseverar la identidad de la sustancia buscada con la nitidez pretendida. Sin embargo, los experimentos fisiológicos y la comparación de los efectos condujeron a Tardieu y a Roussin a dictaminar un envenenamiento y a sustentar una vehemente presunción a favor de la digitalina. Mantenían una reserva en cuanto a la identificación incontestable. Este matiz, que fácilmente se desvanece en el relato de un triunfo científico, formaba parte intrínseca de su propia conclusión.
La defensa pudo así trasladar el debate al corazón mismo de la prueba. ¿Qué demostraba con exactitud el experimento? ¿Hasta dónde era lícito remontarse de los efectos observados a su causa? ¿Y cómo pasar del envenenamiento a la mano que lo habría consumado? El letrado Lachaud no combatía únicamente los guarismos de los contratos y la conducta del médico: impugnaba la solidez del puente tendido entre la ciencia y la acusación.
Otro óbito ensombrecía aún el proceso: el de la señora Dubizy, suegra de La Pommerais, acaecido en 1861. La tardía exhumación no arrojó conclusiones equiparables. La sospecha no debía adquirir, por mera vecindad con el asesinato de Julie, una certeza de la que carecía por sí misma. La vista oral concluyó con la condena del médico por la muerte de la viuda de Pauw; la acusación relativa a su suegra fue desestimada.
El 17 de mayo de 1864, La Pommerais fue condenado a muerte. Su recurso de casación fue rechazado y subió al cadalso el 9 de junio. Las compañías no satisficieron la fortuna anhelada. Las cartas, las primas y la deuda mudable quedaron como los despojos de un cálculo frustrado.
Empero, aquel cálculo había requerido algo más que números. Había sido preciso que una mujer creyera todavía en el médico al sentirse enferma, en el antiguo amante al verlo regresar, en el consejero al prometer librarla de la estrechez. El parqué había aportado indicios; las cartas habían revelado una trama. La última jornada de Julie manifestaba lo que aquellos objetos no podían mostrar por sí solos: el peligro se había introducido en su morada al amparo de alguien a quien ella esperaba para hallar sosiego.