El 15 de abril de 1776, Westminster Hall se llena de pares, damas de la nobleza y embajadores extranjeros. A las diez y media, la reina y la familia real toman asiento en la tribuna. El actuario lee las actas que han elevado la causa ante este tribunal y, a continuación, el pliego de cargos. El sargento de armas anuncia la comparecencia de la acusada. Elizabeth, duquesa de Kingston, avanza hacia la barra escoltada por tres damas de su séquito, su capellán, su médico y su boticario. Hace tres reverencias, se arrodilla y vuelve a incorporarse a instancias del lord gran senescal.
La acusación es la de bigamia. Antes de responder, la duquesa da lectura a un documento: su letrado le ha aconsejado oponer al auto de procesamiento una sentencia eclesiástica de 1769 que la declaraba libre de todo compromiso matrimonial respecto a Augustus Hervey. El gran senescal le advierte de que debe declararse formalmente sobre los cargos. Ante la pregunta del actuario, responde: «No culpable, milores». Cuando se le inquiere cómo desea ser juzgada, elige someterse al juicio de sus pares.
Tras estos títulos se oculta una herencia. El duque de Kingston falleció en 1773, legando sus tierras a Elizabeth en usufructo hasta su muerte o segundas nupcias; los bienes debían recaer después en su sobrino Charles Medows. El hermano mayor de este, Evelyn, excluido del testamento, impugna la validez del matrimonio. La cuestión suscita mucho más que una disputa doméstica: la esposa que detenta los bienes, ¿es legítimamente la viuda del duque? Hervey, por su parte, sigue con vida. Incluso se convirtió en conde de Bristol en 1775. Cualquiera que fuese el matrimonio considerado válido, Elizabeth puede reivindicar el rango de consorte de un par. Este pormenor le garantiza su fuero especial y le será de gran utilidad tras el veredicto.
El proceso queda pendiente de una cuestión previa: ¿basta la sentencia eclesiástica para sobreseer la causa, o el tribunal de los pares puede admitir a trámite las pruebas de un matrimonio precedente? El procurador general interviene en contra de la pretensión de que la resolución canónica escape a la jurisdicción de los tribunales civiles. Lord Talbot, tras manifestar que ya ha escuchado más de lo que su memoria puede retener, solicita que la sesión se traslade a la cámara del Parlamento a fin de ponderar minuciosamente los argumentos. Lord Camden somete entonces a los magistrados tres cuestiones: si los pares pueden oír a los testigos, si la sentencia eclesiástica tiene carácter definitivo y si cabe perseguir la colusión o el dolo en su obtención. Los jueces dictaminan que, en ambos supuestos, la acusación está facultada para presentar sus pruebas. Los pares se retiran durante media hora, regresan a la sala y ordenan al fiscal general proseguir. La primera escaramuza de la duquesa no ha logrado impedir el examen de las declaraciones testimoniales.
La crónica de Borrow hace remontar entonces la acusación a 1742. Anne Craddock afirma haber conocido a la duquesa cuando aún era la señorita Chudleigh y se hallaba hospedada en casa del señor Merrill durante las carreras de Winchester. Fue allí, según su testimonio, donde Chudleigh y Hervey se conocieron y se profesaron afecto. Craddock asevera que contrajeron matrimonio en secreto, una noche cerca de las once, en la iglesia de Lainston, en Hampshire. Las actas judiciales de la causa fechan este enlace el 4 de agosto de 1744. Señala al rector Ames como el oficiante de la ceremonia y cita al señor Mountney, a la señora Hanmer y a sí misma entre los presentes. La ceremonia, refiere, tuvo lugar mientras la doncella residía todavía con su tía; su relato sitúa, por ende, el acto mucho antes de las posteriores nupcias con el duque de Kingston.
La escena que refiere contiene un detalle singular: el templo estaba a oscuras, pero el señor Mountney llevaba adherida una bujía de cera sobre la copa de su sombrero. No obstante, al ser interrogada, Craddock reconoce haber recibido una misiva del señor Fossard en la que se le prometía una sinecura si consentía en declarar contra la duquesa. La carta puntualizaba que podía mostrada a Hervey. Su testimonio ocular aporta una prueba directa según sus palabras; el ofrecimiento de prebendas arroja de inmediato una sombra de duda sobre los motivos de su comparecencia.
Otro testigo, Caesar Hawkins, declara conocer a la duquesa desde hacía unos treinta años y haber tenido noticia del casamiento. Afirma que tanto Hervey como Chudleigh le hablaron de él antes de que Hervey volviese a embarcarse. Hawkins sostiene asimismo haber asistido al nacimiento de la criatura nacida de ambos y haberla visto. Al regreso de Hervey, este le habría rogado que propusiera el divorcio a la duquesa, pero ella se habría negado. Tiempo después, la dama le hizo saber que había promovido ante Doctors’ Commons un procedimiento para acallar las declaraciones públicas de matrimonio formuladas por Hervey.
Judith Phillips, viuda del rector Ames, no estuvo presente en la ceremonia. Reproduce lo que su difunto esposo le refirió y recuerda que Chudleigh le rogó tiempo después recabar de él una certificación. El señor Merrill aconsejó a la joven consultar a un letrado. Siguiendo tal parecer, se adquirió un libro de registro parroquial y se asentó la partida matrimonial entre asientos recientes de defunciones. Phillips reconoce el trazo de su marido; otros eclesiásticos lo ratifican igualmente. El libro es exhibido ante el tribunal. Por su parte, un escribano de Doctors’ Commons comparece para dar fe de la impugnación interpuesta contra la testamentaría del duque. Así, junto a la nocturna escena descrita por Craddock, la acusación se fundamenta en un registro completado tardíamente y en personas que no presenciaron de forma directa el enlace.
La defensa de la duquesa se basa en otra serie de diligencias. Afirma no haber creído jamás encontrarse válidamente casada con Hervey. Según la declaración a la que da lectura, la corte eclesiástica la declaró libre de todo vínculo con Hervey, e implora que se respete dicho fallo. Refiere asimismo haber sometido su caso al arzobispo de Canterbury, quien la habría declarado expedita para contraer nuevas nupcias y habría entregado a su médico una licencia especial para desposar al duque de Kingston. Añade que, tras el enlace, fue públicamente reconocida como duquesa y recibida en audiencia por el rey, la reina y la princesa viuda de Gales. No solo reivindica la validez de un antiguo rito eclesiástico: aduce los dictámenes y licencias recabados antes de su matrimonio con el duque, así como la plena aceptación institucional de la que gozó con posterioridad.
El 22 de abril, concluida la fase testifical de la acusación, la duquesa procede a la lectura de su alegato de defensa. Los pares se retiran y emiten su veredicto en su ausencia. La declaran culpable. Cuando ella comparece de nuevo ante la barra, el gran senescal le pregunta si tiene alguna excepción que oponer a la condena. La encausada entrega un escrito al actuario: invoca el privilegio de los pares. Los lores acceden a la pretensión y ordenan su puesta en libertad previo abono de las costas de ordenanza.
Hasta ese instante, Borrow la describe con un dominio de sí imperturbable. Al pronunciarse el veredicto, se desvanece y debe ser sacada en volandas de la sala. El proceso concluye así con dos resoluciones netamente diferenciadas: el tribunal de los pares la ha hallado culpable, pero su estatuto nobiliario le evita la pena común. Poco después, abandona Inglaterra para continuar sus días en el continente. Falleció en Francia en 1788 —y no en Rusia veinte años después del juicio, como asevera la crónica de Borrow—. En Westminster, el privilegio consumó lo que la defensa no había podido alcanzar: franquear la puerta de la libertad sin borrar el estigma de la condena.