Hay causas judiciales que no concluyen con el veredicto. El jurado se limita a responder a la pregunta formulada por la ley; mas, cuando el reo debe afrontar el cadalso, la prisión se transmuta a su vez en un lugar de examen, y médicos, magistrados y ministros se preguntan si aquel a quien han juzgado puede considerarse todavía dueño de sus actos. El proceso contra George Victor Townley, ventilado en Derby en diciembre de 1863, no fue únicamente la crónica de un asesinato perpetrado a orillas de un camino vecinal: se erigió en una agria disputa pública sobre los confines del delito, la enfermedad y las prerrogativas del derecho de gracia.
Townley conocía a Elizabeth Goodwin desde hacía varios años. Conforme a la reseña retrospectiva que publicaron en 1864 los redactores del Journal of Mental Science, ambos mantenían un compromiso matrimonial desde hacía más de un trienio, si bien la precaria situación económica de él y la falta de un empleo fijo venían postergando la boda. El 14 de agosto, Elizabeth le escribió pidiéndole la ruptura de tales esponsales. El folleto asevera que la joven se había prendado de un eclesiástico que se había alojado en Wigwell Grange, morada de su abuelo, el capitán Goodwin; añade asimismo que en su misiva ella prefirió esgrimir, como causa, la firme oposición de este último. Tales pormenores proceden de tratadistas empeñados en sostener una tesis médica controvertida: no constituyen, pues, la voz genuina de Elizabeth, cuyas cartas, confiadas al capitán y luego destruidas sin ser leídas, ya no pueden ser interrogadas.
Townley imploró una última entrevista. Tras una primera respuesta favorable, Elizabeth le habría rogado que no acudiese, aduciendo que pensaba abandonar la hacienda por un tiempo indeterminado. El 20 de agosto, el joven se trasladó a Derby y pernoctó en una posada. A la mañana siguiente, tomó el tren hasta la aldea vecina de Whatstandwell y emprendió la marcha a pie hacia la casa. Por el camino visitó al reverendo Harris, íntimo de la familia. A tenor del informe de 1864, Townley aludió a la ruptura con aparente templanza, afirmando que no albergaba intención de interferir en la vida de la muchacha. Harris le aconsejó que se personara en Wigwell Grange. Llegó hacia las seis menos veinte de la tarde, solicitó ver a la joven y salió con ella a pasear por el jardín.
Regresaron por separado al caserón y volvieron a salir al poco rato. Entre las ocho y las nueve de la noche, un jornalero escuchó lamentos procedentes de Wigwell Lane. Elizabeth avanzaba a duras penas apoyándose contra el muro, con el rostro y la delantera del vestido anegados en sangre. Balbuceó que un hombre la había asesinado y suplicó que la llevasen a su hogar. Townley alcanzó de pronto al obrero y confesó haberla apuñalado. Ayudó a sostener el cuerpo exánime, la llamó «pobre Bessie» y profirió que ella no debió serle infiel. Cuando las fuerzas les obligaron a tenderla en el suelo, intentó contener la hemorragia; creyéndola después muerta, se inclinó para besarla. Ya no respiraba. Ante el portalón de la hacienda, frente al capitán Goodwin, reconoció de nuevo su crimen y declaró, siempre según el mencionado folleto, que la mujer que lo engañaba merecía la muerte.
Los hechos sustanciales no fueron puestos en duda durante la vista. La defensa jamás negó la materialidad de la acción; alegó, en cambio, la irresponsabilidad de Townley a causa de una enajenación mental. Su tía evocó desórdenes en una rama colateral de la familia. Su madre describió el estado de exaltación que embargó al reo tras la recepción de la carta. La cuestión capital estribaba en las deposiciones periciales, pero el doctor Forbes Winslow no había examinado al recluso sino tres meses después del homicidio, y una vez más la víspera del juicio. Interpretaba como indicios de enfermedad las extravagantes ideas del acusado acerca de sus derechos de propiedad sobre Elizabeth, así como su arraigada convicción en una conspiración urdida en su perjuicio.
Los días 11 y 12 de diciembre, Townley compareció ante el tribunal de Derby bajo la acusación de asesinato con premeditación. El magistrado presidente, el barón Martin, expuso a los jurados que les correspondía dilucidar si el procesado comprendía la naturaleza y consecuencias de su acción, y si sabía que cometía un acto vedado por la ley. Tras deliberar durante escasos cinco minutos, el jurado pronunció un veredicto de culpabilidad. El juez refrendó el fallo e impuso la pena de muerte. Una semana más tarde, The Spectator destacó el interrogatorio de Winslow como el pasaje más llamativo de la causa; juzgaba poco verosímil que el presunto delirio conspirativo, manifestado meses después del suceso, acreditara una demencia coetánea al crimen. Era, sin embargo, el parecer de un rotativo y no un dictamen técnico imparcial.
Al día siguiente de dictarse la sentencia, el barón Martin se dirigió por escrito al ministro del Interior, Sir George Grey. Manifestaba considerar ajustada a derecho la condena, mas hacía constar que Winslow y el cirujano de la prisión, James Gisborne, habían calificado al reo de víctima de una afección mental de suma gravedad. Preguntado por Grey sobre si él mismo reputaba loco a Townley, Martin repuso que carecía de un juicio formado: la actitud del recluso, que permaneció con la cabeza gacha y apenas articuló palabra en la sala, no le permitía pronunciarse. Juzgaba, empero, inexcusable una nueva exploración. Esta sutil distinción gobernaría todo el curso ulterior de los acontecimientos: Martin no revocaba su conformidad con el veredicto, pero solicitaba que se comprobara el estado presente del penado antes de conducirlo al cadalso.
Grey sometió el caso a los comisionados de alienación mental. Su informe, fechado el 28 de diciembre, concluía que Townley había sido rectamente sentenciado con arreglo a la norma legal aplicada en el juicio, mas señalaba a la vez que sus desvaríos conceptuales, su pervertido sentido de la moral y los antecedentes de herencia familiar alegados impedían considerarlo cuerdo. Los comisionados no hallaron un delirio plenamente estructurado: aquella supuesta «conspiración» se les antojaba una interpretación desmedida de lo que fue una oposición muy real a su noviazgo. Entretanto, tres magistrados y dos médicos rubricaron un certificado que declaraba al reo judicialmente demente. Siguió a este un segundo documento, tramitado con la anuencia de magistrados del condado. Al recibir estos despachos cuando la fecha de la ejecución era ya inminente, el ministro decretó la suspensión de la pena; alegaría más tarde que la legislación vigente le imponía imperativamente el traslado de Townley a un manicomio. El indulto, con todo, no había sido aún concedido.
Aquel aplazamiento encendió los ánimos de la sociedad. Cuarenta jueces de paz de Derbyshire protestaron formalmente contra la resolución, denunciando que las pesquisas iniciales habían sido promovidas por el letrado de Townley y no por las autoridades del penal. El folleto facultativo de 1864 da cuenta de semejante indignación y de la virulenta polémica que se desató; se alinea abiertamente contra el testimonio de Winslow y refuta de plano que pueda diagnosticarse una manía moral a tenor de las conductas descritas. Sus autores consagran páginas enteras a demostrar que el jurado estuvo acertado y que los alienistas se equivocaron. El opúsculo es elocuente respecto a los hechos materiales, mas ilustra también los intereses doctrinales y corporativos que aquellos hombres pretendían salvaguardar.
Townley ingresó en el manicomio de Bethlem el 11 de enero. Sir George Grey comisionó a cuatro nuevos facultativos para que dictaminaran sobre el prisionero. Tras dos exhaustivas entrevistas, estos concluyeron por unanimidad, el 28 de enero, que se hallaba en su cabal juicio. Razonaban que el examinado sabía de sobra que la ley castigaba el crimen y que su pretensión de haber degollado a Elizabeth para «recuperarla como bien propio» no era más que una justificación maquinada a posteriori. Esta comisión no reexaminaba el proceso de Derby: se limitaba a dar fe de su estado clínico en Bethlem, semanas después de la vista.
El 8 de febrero, Grey rindió cuentas de la cronología de los hechos ante la Cámara de los Comunes. Detalló la condena a la pena capital, el oficio del juez instructor, los certificados sobrevenidos, la orden de suspensión, el internamiento y el último dictamen de los cuatro galenos. Comunicó que el Gobierno había resuelto conmutar la pena por la de servidumbre penal perpetua y trasladar al reo a la prisión de Pentonville. Los parlamentarios se dividieron agriamente respecto al alcance jurídico de la demencia, el rigor de la ley y la desigualdad de recursos de los acusados ante el banquillo. Algunos consideraban escandalosa la conmutación a la luz del informe que confirmaba su sanidad de juicio; otros amparaban al ministro, amparándose en la irreductible duda médica o combatiendo, por principio, el suplicio de la horca.
Ninguno de los testimonios preservados sugiere, pues, una absolución de Townley. El jurado le declaró culpable; el juez ratificó que el castigo era merecido; dos colegios de peritos discreparon sin remedio sobre su juicio; el ministro optó, en fin, por sustraer su cuello al lazo fatal. La joven asesinada jamás pudo defenderse de las palabras que en boca de ella pusieron, ni esclarecer los motivos de su repudio. Quedan las actas, las declaraciones tamizadas por memorias parciales y la controversia secular entre legistas y médicos en torno a la frontera de la locura. Hay causas que alcanzan la posteridad porque la justicia sabe ponerles término; esta lo fue porque, mucho después del veredicto, los hombres de leyes siguieron debatiéndose sobre qué habían resuelto en verdad.