El disparo de pistola no había alcanzado al cardenal. Aquel error de escasas pulgadas iba a abarrotar los calabozos durante cerca de dos años. El 23 de julio de 1826, en Rávena, Agostino Rivarola regresó con vida a su residencia; el canónigo Ignazio Muti, que lo acompañaba, había recibido la bala destinada al prelado. Por las calles, aún transitadas por los festejos de San Apolinar, el rumor corrió con mayor presteza que las primeras pesquisas. Se había querido segar la vida del hombre comisionado para doblegar a las sociedades secretas. Cumplía ahora descubrir a los autores, a los cómplices y, para el gobierno pontificio, las ramificaciones de un enemigo que combatía sin uniforme.
Un hombre junto al estribo
Rivarola había impuesto en las Legaciones de las Romañas un fallo cuya cifra revelaba por sí sola la magnitud del castigo: en julio de 1825, quinientas ocho personas fueron objeto de penas o interdicciones diversas. Las sentencias de muerte habían sido conmutadas, mas las familias arrastraban consigo las prisiones, la vigilancia perpetua y la penuria de subsistir bajo la sospecha. La Carbonería, entramado de cenáculos clandestinos de dispar ambición, había pasado a ser para el poder la denominación de una amenaza universal. Para sus afiliados y allegados, el cardenal personificaba una represión sumamente tangible.
Un año después, la festividad del patrón de Rávena brindó la ocasión de tenderle una celada. Primo Uccellini, futuro memorialista y recluso él mismo de aquella batida, relata que se sopesó un primer asalto a la salida de un concierto. El gentío tornó inviable la tentativa. El carruaje del cardenal fue seguido discretamente hasta la mansión Rasponi; allí aguardaron su marcha. En la versión legada por Uccellini, un hombre se apostó frente a la casona, amparado en las sombras de un portal.
La sentencia promulgada en 1828 fija, a su vez, el instante crucial: el cardenal subía al coche junto con Muti; un criado cerraba una portezuela; el tirador irrumpió por el flanco opuesto. El plomo hirió de gravedad al acompañante del dignatario. Los asaltantes emprendieron la fuga y abandonaron varias armas, en parte incautadas. Rivarola resultó ileso. Muti quedó malherido; su posterior deceso sería achacado a dicha lesión en el relato de Uccellini. La turbación de los primeros instantes no debe oscurecer la distancia entre la víctima que se pretendía abatir y la que realmente fue alcanzada.
El cardenal abandonó poco después las Romañas. Su salvación distaba, empero, de restaurar el sosiego: la busca y captura de los culpables adoptó la forma de una comisión especial, encabezada por el prelado Filippo Invernizzi y el coronel Giacinto Ruvinetti. Aquella corte extraordinaria no solo debía esclarecer el magnicidio frustrado, sino también dar carpetazo a otros crímenes que carecían de una resolución judicial satisfactoria. La portezuela abierta en la oscuridad conducía a un sumario inconmensurablemente más vasto.
Tres crímenes en una sola sentencia
El primero de aquellos otros delitos databa del 5 de abril de 1824. El director provincial de policía, el conde Domenico Matteucci, había sido tiroteado a traición mientras llamaba a la puerta de una vivienda donde solía departir al caer la tarde. Varios disparos por la espalda le causaron la muerte instantánea. La comisión atribuiría este homicidio a Angelo Ortolani y Gaetano Rambelli, atribuyéndoles un móvil estrictamente político: el odio a la autoridad instituida y el furor de bando.
El tercer crimen era de fecha más próxima. El 15 de marzo de 1827, Mosè Forti caía abatido, igualmente por la espalda. Los jueces señalaron a Luigi Zanoli y Gaetano Montanari como ejecutores materiales, a Abramo Isacco Forti como instigador y mantuvieron el cargo de complicidad contra el hermano de este último, Beniamino. La pertenencia de los presuntos encausados a los conciliábulos clandestinos justificaba que esta causa se agregara a las precedentes. Sin embargo, no demostraba por sí sola que la muerte de Mosè obedeciera al mismo designio ideológico que el atentado contra el cardenal.
Los nombres propios se cruzaban en los autos sin que los hechos guardasen identidad entre sí. Ortolani era oficial en el horno público; Zanoli, zapatero; Montanari, barbero; Rambelli, sombrerero. Abramo Isacco Forti ejercía el comercio. El procedimiento congregaba a todos aquellos hombres en una misma causa, y la posteridad terminaría por fundirlos bajo una idéntica etiqueta. Empero, la sentencia no acusaba de manera indistinta a cada reo de haber disparado contra Rivarola. Distribuía las culpas entre los tres delitos e imputaba además a Ortolani tentativas pretéritas de envenenamiento mediante el pan de su tahona.
Tales cargos constituían el andamiaje narrativo de la comisión. Su publicación impresa no ofrece un testimonio diáfano de cada escena criminal: sostiene que la convicción moral sobre los procesados era plena, esgrime en particular las confesiones de Zanoli y se remite a los restantes indicios del expediente. Frente a esta incontestable seguridad procesal, las memorias de los cautivos conservaron una semblanza muy distinta sobre los métodos coercitivos empleados para quebrar voluntades y las prebendas prometidas a quienes delataban.
En las galerías de San Vitale
Uccellini consigna que el hilo de la pesquisa comenzó a desenredarse a raíz del arresto de un individuo implicado en una riña callejera. Este habría ofrecido revelaciones a cambio de su impunidad; un conspicuo cabecilla de las sociedades clandestinas, Stefano Piavi, habría secundado luego las delaciones. El memorialista no fue testigo directo de tales componendas y admite en ocasiones su propia incertidumbre. Lo que sí presenció sin intermediarios fue la consecuencia: las redadas se sucedieron vertiginosamente, las cárceles ordinarias se tornaron insuficientes y el antiguo convento de San Vitale abrió sus puertas para albergar a la riada de confinados.
Uccellini fue internado allí en octubre de 1827. Su calabozo poseía un ventanuco cegado casi por entero con maderos. Los centinelas vigilaban el menor movimiento; una luminaria permitía proseguir dicha celada durante la noche. Desde aquel encierro, Uccellini no podía contemplar los interrogatorios del resto de los reclusos. Percibía, no obstante, las pisadas por el corredor, constataba las ausencias y sabía de los traslados. El pulso sordo de la galería se convirtió en el único y angustioso método para descifrar el curso del proceso.
El gobierno pontificio fomentaba las abjuraciones de las sectas, las declaraciones llamadas espontáneas y las delaciones formales. Uccellini juzgaba esta táctica más demoledora para la Carbonería que el propio presidio: sembraba la cizaña entre correligionarios, tornaba sospechosa la excarcelación de cualquier compañero y situaba a cada cual ante el pavor de que el otro hubiese claudicado. Sus escritos destilan la cólera del insurrecto. Mas no albergan sombra de duda sobre lo que tornaba aquella instrucción tan atroz para los reos: la suerte de un hombre podía quedar sellada por palabras testimoniales que jamás llegaría a conocer.
Cinco nombres, una mañana
La comisión dictó sentencia el 26 de abril de 1828; el sumario impreso se hizo público el 9 de mayo. Ortolani, Zanoli, Montanari, Rambelli y Abramo Isacco Forti fueron condenados a la pena capital. A Beniamino Forti se le impusieron siete años de galeras; a Angelo Branzanti, cinco años de reclusión. Otros dos encausados obtuvieron la libertad bajo severas prescripciones. El auto asevera que la defensa había sido oída tanto en estrados como por escrito. Las censuras de los liberales cuestionan, por el contrario, la existencia de garantías procesales efectivas, la libre elección de letrado y la posibilidad de aportar pruebas de descargo. Ambas versiones no pueden conciliarse tachando una de ellas con un simple trazo de pluma.
El 13 de mayo, Uccellini oyó redoblar la campana que anunciaba el cadalso. Los cerrojos de las celdas se habían echado; las galerías permanecían sumidas en un silencio sepulcral. Un vecino de celda le inquirió qué presagiaba aquel tañido. Se trataba, según se lee en sus memorias, del hermano de uno de los reos. Quien no alcanzaba a ver el patíbulo sabía ya por el bronce que la muerte era inminente; ignoraba aún, forzosamente, sobre quién iba a descargarse.
La espera se prolongó hasta pasado el mediodía. Los cinco hombres murieron en la horca. Uccellini supo con posterioridad que Rambelli y Forti habían rechazado los auxilios espirituales que acompañaban la preparación del suplicio. Su testimonio sobre aquellas postreras controversias procede de confidencias recabadas con posterioridad; su experiencia directa se redujo a la clausura, al eco inacabable del bronce y a la vuelta de la guardia. Cuando se reanudó el rancho, fue incapaz de probar bocado. La ejecución había concluido para la burocracia estatal, pero aquella mañana continuaba latiendo en el fondo de las celdas.
Los cinco ajusticiados ingresaron de inmediato en el martirologio de la persecución política; los hechos imputados se esquematizaron y los nombres de las víctimas pasaron a un segundo plano. Restaban, sin embargo, tres crímenes de muy distinta naturaleza: un comisario asesinado en un portal, un canónigo herido en un carruaje y un hombre ultimado por encargo, según la sentencia. Agruparlos confirió toda su contundencia al proceso. Discernirlos devuelve hoy a cada protagonista su lugar en la tragedia —y recuerda que un juicio político puede albergar muertes muy reales sin eximir jamás de escudriñar con qué métodos se designó a sus autores.