Había pagado sus consumiciones a medida que se las servían. En un café, semejante detalle apenas llama la atención: un cliente abona la cuenta, un camarero retira los servicios, la orquesta continúa su pieza. El 12 de febrero de 1894, en el Terminus, junto a la estación de Saint-Lazare, Émile Henry se había sentado entre personas que nada sabían de él. Observaba la sala. Más tarde, ante sus jueces, explicaría que había aguardado a que se llenara más. La paciencia, en este caso, no obedecía a una cita ni al deleite de escuchar música. Debía multiplicar el número de aquellos a quienes alcanzaría su golpe.
El joven tenía veintiún años. Nacido en España en el seno de una familia marcada por el exilio tras la Comuna, había recibido formación científica y desempeñado empleos comerciales. Su trayectoria no encaja en la figura cómoda de un hombre por completo ajeno al mundo que ataca. Conocía sus promesas escolares, sus despachos, sus sueldos modestos y sus jerarquías. En la declaración que leería durante el juicio, relataría su ruptura con los valores que le habían inculcado. Aquella autobiografía política era también una construcción: elegía las decepciones que otorgaban coherencia a su violencia y las presentaba como los hitos de un razonamiento.
Antes del Terminus, había tenido lugar la calle de Bons-Enfants. En noviembre de 1892, una bomba destinada a las oficinas de la Sociedad de Minas de Carmaux había sido trasladada a la comisaría de policía, donde explotó causando varios muertos. Henry reivindicaría este atentado durante la instrucción abierta tras su detención en 1894. Lo vinculaba a la huelga de los mineros y a su hostilidad hacia la compañía. Su relato, no obstante, no se detenía en los directivos de esta última: consideraba enemigos a todos aquellos a quienes su función o su posición social situaba en el bando que había resuelto combatir.
Esta ampliación del blanco constituye el núcleo del proceso. Explica que la segunda bomba pudiera arrojarse en un café. Henry evocaba la represión contra los anarquistas, los registros, las detenciones, la ejecución de Auguste Vaillant tras el atentado en la Cámara de Diputados. A sus ojos, la sociedad castigaba a un colectivo sin distinguir debidamente a las personas; se arrogaba, por tanto, el derecho de golpear a su vez sin sopesar las responsabilidades individuales. El razonamiento trocaba una injusticia denunciada en una autorización para matar. A los clientes del Terminus nadie les había preguntado por sus actos, sus opiniones ni sus vidas: su mera presencia en la sala bastaba para señalarlos.
En el instante elegido, Henry se levantó y se dirigió a la salida. La bomba fue lanzada hacia la orquesta. Tropezó con una lámpara antes de caer y estallar. La detonación, los cristales rotos, las heridas transformaron el café en un puesto de socorro. Un hombre fallecería a consecuencia del atentado y numerosas personas resultaron heridas; los primeros partes y los balances posteriores no coinciden en las cifras. La realidad no se reduce a esa suma. Gentes que habían acudido a pasar la velada debían ahora ser llevadas en volandas, atendidas, devueltas a sus hogares o retenidas por los médicos, sin haber comprendido en un primer momento el designio que las había alcanzado.
Henry intentó huir. Su plan contemplaba llegar a la estación y confundirse entre los viajeros. Fue perseguido por un camarero del establecimiento y por clientes que habían presenciado su ademán. Otros hombres se sumaron a la carrera. El acta de acusación menciona, en particular, a Étienne, empleado de la Compañía del Oeste, a Maurice, peluquero, y al agente Poisson. El fugitivo efectuó varios disparos de revólver. La persecución, que habría podido concluir con un simple arresto a pocas calles de distancia, ponía ahora en peligro a quienes trataban de impedir su fuga. Algunos perseguidores resultaron heridos.
Poisson prosiguió pese a sus heridas y se abalanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo; llegaron otros agentes y redujeron a Henry. Hubo además que protegerlo de la multitud. Aquella rápida sucesión de actos devolvió al centro del drama a personas de carne y hueso que su posterior alegato político pretendería diluir en categorías abstractas: un camarero, un empleado, un peluquero, un policía. No habían esperado a ser designados representantes de un orden social para actuar. Habían visto a un hombre arrojar una bomba, echar a correr, y habían procurado detenerlo.
El inculpado facilitó al principio una identidad falsa. Las pesquisas sobre su filiación condujeron a su vivienda de la calle de Envierges. La investigación reveló que varias personas habían entrado allí tras el atentado y que se habían retirado diversos efectos. El tribunal examinaba, pues, un extremo distinto del autor material, ya bajo custodia: ¿quién había sabido, ayudado o hecho desaparecer indicios? La fiscalía expuso las sospechas, pero admitió que la instrucción no había logrado acreditar todas las complicidades que perseguía. El autor material era conocido; las incursiones producidas en su domicilio dejaban tras de sí interrogantes a los que la instrucción no había podido responder.
En la audiencia de lo criminal, en abril, Henry no intentó articular una defensa fundada en la inocencia. Reconoció sus actos y se empeñó en imponer su propio sentido. El presidente le interrogó sobre la elección del café, su espera, su huida. Las respuestas consignadas evidencian una determinación inflexible por reivindicar aquello que, para la acusación, constituía con precisión la gravedad máxima del delito. Sobrevino después la declaración: una pieza oratoria donde el odio a la sociedad, la denuncia de la miseria y la justificación de las represalias se encadenaban con una seguridad que sobrecogió a sus contemporáneos. La elocuencia de aquella armazón retórica no devolvía un ápice de justicia a quienes había tomado por blanco.
Henry pretendía hablar en nombre de un sufrimiento colectivo. Reconocía asimismo que muchos trabajadores no comprenderían su acción y que no pocos anarquistas la reprobaban. Semejante confesión resquebrajaba la figura del portavoz natural: los hombres y las mujeres cuya miseria invocaba no le habían otorgado su representación ni autorizado sus bombas. El tribunal escuchaba, así, a un reo que confesaba sus crímenes al tiempo que a un militante que pretendía apropiarse de su trascendencia histórica. El tribunal lo condenó a muerte.
El 21 de mayo de 1894, Henry fue guillotinado cerca de la Grande Roquette. Georges Clemenceau presenció la ejecución y dejó constancia de una crónica contraria a la pena capital. No hacía falta respaldar el atentado para sentirse sobrecogido por la muerte administrada al clarear el día. La postura de Clemenceau torna esta historia más ardua, y más humana, que una simple división entre quienes lloraran al condenado y quienes recordaran a las víctimas. Se podía repudiar el crimen de Henry y negarse a que la justicia respondiera con la misma e irrevocable aniquilación de una vida.
En el Terminus, las mesas se habían dispuesto para acoger a los clientes. Henry solo había visto en ellas una masa. El asunto entero estriba, en parte, en ese tránsito: vidas singulares convertidas en un conjunto al que alguien se cree autorizado a golpear. Los nombres registrados durante la persecución, los heridos, el muerto, los testigos devuelven a las personas a esa sala. E impiden que la declaración del acusado sea la única voz que perdure tras apagarse la música.