El jueves por la mañana, Sir Thomas Denman leyó en un periódico que Job Cox debía ser ejecutado el martes siguiente. El juez había asistido, sin embargo, a la sesión del Consejo Privado donde se había decidido la suerte del cartero: Cox no debía morir, sino ser deportado de por vida. En Newgate, no obstante, se había recibido la víspera una orden provista del sello negro del recorder Newman Knowlys; se había advertido al prisionero de que se preparase para la ejecución. Una resolución había modificado su condena; el documento llegado a la prisión sostenía lo contrario.
El asunto se había iniciado con una carta confiada al propio servicio de Cox. El 18 de marzo de 1833, el señor Foreman, del número 101 de Grafton Street, en Dublín, envió a su hermano H. Foreman, en Queen Street, Clerkenwell, un pliego que contenía un billete de banco de diez libras. La carta no llegó a su destino. La investigación de la administración postal determinó que Cox, cartero de la General Post Office, había firmado el registro al hacerse cargo del envío; el billete reapareció después en manos del señor Lott, tabernero en Lambeth, quien lo había recibido de Cox y le había entregado el cambio. Pelham consigna que existían sospechas sobre otros robos y que Cox fue detenido; no describe otras condenas en esta sección.
El registro policial de Bow Street, en la transcripción de las causas del 15 de abril, señala en primer término que Cox fue remitido para examen complementario en relación con una carta que contenía un billete de diez libras. El 29 de abril, dos líneas consignan su nombre: una atañe al pliego de Foreman e indica su traslado a Newgate para ser juzgado; la otra concierne a una carta de cinco libras, designa a Richard Chinn en la columna de las víctimas y lleva la mención «detained». Estos asientos acreditan las acusaciones y sus primeras consecuencias procesales, no una condena formal en la causa de Chinn. Pelham, que sólo refiere el caso de Foreman, no precisa el desenlace de este segundo expediente.
En la sesión de mayo del Old Bailey, Cox fue juzgado y declarado culpable del delito relativo al billete de diez libras. El 20 de mayo de 1833 se pronunció contra él la pena de muerte, con arreglo a la ley que tipificaba entonces el robo de correspondencia como crimen capital. Pelham no reproduce los debates ni los alegatos de la defensa; se limita a recordar la disposición administrativa que sucedía a la sentencia: el recorder de Londres debía someter al rey y al Consejo Privado los expedientes de los condenados a muerte.
Pelham vincula este relato a su censura general contra Knowlys. Recuerda con anterioridad el caso de Hunton, condenado por falsificación documental: el recorder se había demorado en transmitir el resultado de su informe al rey, prolongando la zozobra de varios reclusos. Aquel expediente no guarda relación con el de Cox, y el libro no pormenoriza aquí los trámites del proceso de Hunton; sin embargo, arroja luz sobre el juicio que merecía un cargo del que dependía la transmisión fidedigna de las decisiones reales.
El caso de Cox fue presentado junto con los demás. El Consejo Privado conmutó la sentencia por la de deportación perpetua, con confinamiento solitario y trabajos forzados antes de la partida. Newman Knowlys, recorder de Londres, había estado presente en la reunión; mas, a su regreso, hizo notificar al reo que su ejecución había sido ordenada. Cox, que había confiado en las gestiones de sus allegados, acogió la noticia con hondo pavor. El capellán de la prisión acudió a prestarle los auxilios espirituales que de ordinario se reservan a quien se dispone a morir.
La orden de Knowlys llegó a Newgate el miércoles por la tarde, a las seis y media. Los celadores de la prisión previnieron a Cox y dieron aviso a los sheriffs. El jueves por la mañana, Denman descubrió en la prensa el anuncio del suplicio, señalado para el martes venidero. Pelham reproduce el aviso de un artículo fechado el domingo 23 de junio; no precisa con mayor exactitud el día de dicha lectura. Denman creyó en un principio que obedecía a una información errónea: sabía que el Consejo Privado no había dispuesto la muerte de reo alguno y que Cox debía ser deportado a perpetuidad.
Denman trató el asunto con uno de los subsheriffs, quien confirmó la recepción de la orden y los preparativos emprendidos en Newgate. El juez le instó a cotejar los libros del secretario de Estado. El examen de los registros del señor Capper confirmó la conmutación. Lord Melbourne, enterado del error que había cundido en la prisión, mandó despachar una contraorden. La crónica no menciona al firmante de dicha disposición; precisa que la orden debía anular el mandato con sello negro rubricado por «Newman Knowlys». Cox había sido notificado de su muerte veintidós horas antes. Pelham refiere que la contraorden le proporcionó un alivio absoluto, sin consignar sus palabras.
El yerro fue elevado con posterioridad ante el Common Hall de la City de Londres. El 24 de junio, tras haber oído a Knowlys, la asamblea aprobó por unanimidad una resolución en la que manifestaba su «horror y pesar»: el rey había conmutado la pena y, sin embargo, la vida de Cox había estado a punto de ser segada por el mandato del recorder. El acuerdo adoptaba, como explicación más indulgente, un quebranto de las facultades mentales imputable a la vejez; estimaba, no obstante, que Knowlys debía renunciar a un oficio de cuyos deberes ya no era capaz de responder.
El recorder se hallaba presente y fue recibido con apagados murmullos de desaprobación. El tribunal de aldermen aceptó seguidamente su dimisión. Knowlys alegaba su avanzada edad, su quebrantada salud y las secuelas de una grave dolencia; recordaba más de cuarenta y siete años de servicios prestados a la City, de los cuales más de treinta habían transcurrido como common-serjeant y recorder. El honorable C. Ewan Law, hijo de Lord Ellenborough, fue elegido para sucederle.
Pelham añade que la práctica de elevar al monarca los casos de los condenados a muerte quedó abolida más tarde, y que la pena capital para el robo de correspondencia fue sustituida por la deportación. No indica en este punto las fechas de tales reformas ni demuestra que fuesen consecuencia del error de Knowlys. El relato se ciñe a una concatenación más breve y contundente: una pena conmutada, una orden contradictoria y la posterior compulsa de los libros antes del plazo señalado. Para Cox, veintidós horas mediaron entre el anuncio de la muerte y la contraorden; para la City, la falta devino en una quiebra de la confianza depositada en la magistratura encargada de transmitir la clemencia real.