El carruaje aún no se había puesto en marcha. El arzobispo de San Andrés, James Sharp, y el obispo de las Órcadas se encontraban en su interior cuando un hombre descerrajó un tiro de pistola. La bala alcanzó al obispo en el brazo y en el hombro, destrozándole varios huesos. El arzobispo salió ileso del trance. Entre la multitud congregada por la detonación, el atacante se desvaneció llevando consigo una segunda pistola aún cargada.
El caso, consignado por George Borrow en su compilación de 1825, comienza con el proceso de James Mitchel, diez años después del atentado de Edimburgo. El acta de acusación situaba el disparo el 9 de julio de 1668, o en algún otro día de aquel mismo mes. Imputaba un intento de asesinato contra el arzobispo y las heridas causadas al obispo de las Órcadas. Los alegatos, las confesiones y los testimonios describen un acontecimiento cuyas consecuencias políticas y judiciales rebasaron con creces el alcance de un simple tiro.
Mitchel era pastor itinerante y había servido como capellán en varias familias. A tenor de los autos, reprochaba a Sharp su elevación a la dignidad arzobispal y su asiento en el Consejo Privado. Los pesquisas sostenían que se había procurado dos pistolas y aguardado luego al prelado mientras este salía y se dirigía a su carruaje. El disparo fue hecho a través de la portezuela. Según el testimonio del cirujano que lo atendió, el obispo de las Órcadas tenía la mano apoyada en el coche del arzobispo en el instante de ser herido. Los facultativos declararon que el proyectil había quebrado huesos y que pequeños fragmentos óseos supuraron más tarde de la herida; añadieron asimismo que el obispo había recibido cura y recobrado el uso del brazo.
El tirador eludió el arresto. Conforme a los cargos formulados con posterioridad, huyó y residió en Holanda, Inglaterra e Irlanda antes de regresar a Edimburgo. Habría regentado entonces una tienda abierta no lejos de la morada de Sharp, y ello durante cierto tiempo. Cuando finalmente se le prendió, llevaba consigo una pistola cargada con pólvora y bala. La acusación sostuvo que era el arma empleada en la vía pública, y que Mitchel se proponía usarla de nuevo contra cualquiera que intentara capturarlo. El arzobispo, que había visto al atacante aproximarse a su carruaje, afirmó haberlo reconocido tras su detención.
La causa mudó de naturaleza cuando Mitchel habló ante las autoridades. En 1674, firmó una confesión ante el canciller, el lord secretario de registro, el fiscal del rey y el tesorero adjunto. En ella reconocía haber disparado contra Sharp en 1668 y juraba que ninguna otra persona lo había inducido ni estaba al corriente del plan. La declaración fue leída ante los miembros del Consejo; varios de ellos afirmaron haberlo visto ratificarla. Mitchel no solo impugnó su contenido, sino el modo en que se había obtenido y custodiado la prueba. Sostenía que un compromiso de clemencia lo había movido a confesar. Según los testigos del Consejo, declaró haber actuado porque el arzobispo era enemigo de los «piadosos» del oeste, tras los enfrentamientos de Pentland. El cargo regio vinculaba así el atentado no a una querella privada, sino a la posición de Sharp en el Consejo y a su proceder contra los grupos insurrectos. En el juicio, Mitchel negó la acusación y desconoció haber formulado semejante confesión.
La dificultad que dividía al tribunal radicaba en aquello que se le habría prometido a cambio de sus revelaciones. Mitchel presentó una copia de un acta del Consejo que interpretaba como una garantía de salvar la vida. Los representantes del rey, entre ellos el canciller y Lauderdale, negaron haberle prometido indulto alguno. Sharp aseveró que en el primer interrogatorio solo se le había comunicado que, de confesar libremente y mostrar arrepentimiento, él haría cuanto estuviera en su mano por ayudarlo; afirmó no haber garantizado resultado alguno. El jurado debía, por tanto, dirimir dos extremos distintos: el atentado y la existencia de una promesa que habría de escudar a Mitchel de la pena capital.
El debate jurídico se prolongó. El letrado de Mitchel alegó que una tentativa que no causó la muerte de nadie no debía castigarse como homicidio. Impugnó asimismo el uso del término «asesinato» en el derecho escocés, el valor de una confesión recibida ante el Consejo y la noción de que una herida ya sanada equivaliese a una mutilación fatal. La acusación replicó que una ley castigaba con la pena capital todo ataque contra un miembro del Consejo Privado y que el tiro asestado a Sharp encajaba en ese supuesto. No se juzgaba, pues, únicamente la herida infligida al obispo de las Órcadas: los actos de Mitchel habían atentado contra un consejero del monarca.
Los testigos circunscribieron el disparo a un lugar y a una secuencia de hechos. William Paterson había visto a un hombre con una pistola en Blackfriars Wynd inmediatamente después de la detonación, si bien no pudo afirmar con certeza que se tratara de Mitchel. El carcelero declaró que el acusado le había confesado el disparo y relatado que había regresado a la calle fingiendo buscar al culpable. El obispo de Galloway refirió haber conversado con Mitchel en prisión; este le habría manifestado que Sharp era enemigo de los piadosos y que estos no hallarían sosiego mientras él viviese. Los cargos de la acusación se robustecían con esta trabazón entre el arma, la confesión y el móvil religioso.
El documento aportado por Mitchel ponía a los miembros del Consejo ante sus propias palabras. El canciller Rothes sostuvo que no había concedido seguridad alguna de respetar su vida. Si el texto contenía expresiones que parecían prometerla, añadió según las actas, debieron de asentarse allí por error. El fiscal del rey se opuso al examen de dicha pieza: los miembros del Consejo ya habían negado tal compromiso. Mitchel debía, en consecuencia, probar contra quienes lo habían interrogado la garantía que debiera haberlo amparado. Los magistrados admitían que una promesa fehaciente hubiese bastado para preservar su vida; todo pendía en lo sucesivo de aquello que los jurados diesen por cierto.
El 10 de enero de 1678, el jurado declaró por unanimidad probados el ataque contra el arzobispo y las heridas del obispo. Dio validez asimismo a la confesión, mas desestimó la defensa fundada en la promesa de vida. La sentencia quedó fijada para el viernes 18 de enero en la plaza del mercado de Edimburgo: Mitchel debía ser ahorcado y sus bienes muebles confiscados. La crónica de Borrow concluye con esta condena.
El arzobispo había salido con vida de aquella calle; el obispo de las Órcadas cargó con la herida en el brazo. Mitchel, por su parte, había consumido cerca de diez años entre el disparo, la fuga, el retorno y la confesión que los jurados terminaron por hacer valer. Las palabras del Consejo relativas a una posible gracia no quedaron acreditadas como promesa; su defensor no logró que se apartara del juicio la sola intención. En Edimburgo, una bala erró al hombre a quien iba destinada, pero los años de incertidumbre no desviaron la acción de la justicia de quien empuñó el arma.