Una tarjeta depositada en un club transformó una querella familiar en un asunto de Estado. El 18 de febrero de 1895, el marqués de Queensberry dejó en el Albemarle Club una nota dirigida a Oscar Wilde, con un insulto que apuntaba directamente a su vida íntima. Wilde tomó la determinación de entablar contra su autor una querella privada por libelo criminal. La vista, celebrada del 3 al 5 de abril, abrió muy pronto a la acción pública otra vía: la acusación penal contra Wilde y Taylor. En la crónica publicada por Charles Grolleau en 1906, la maquinaria judicial se despliega así en dos tiempos: primero, la tentativa de hacer condenar a Queensberry; después, dos procesos contra Wilde y Alfred Taylor, que no habrían de concluir del mismo modo.
La cronología estrecha la concatenación de los hechos sin volverla inevitable: la tarjeta data de febrero; la querella privada se interpuso en marzo, si bien sus vistas tuvieron lugar del 3 al 5 de abril; el primer procedimiento penal se instruyó en abril y, finalmente, el segundo juicio dio comienzo el 20 de mayo de 1895. La ley de 1885, conocida como la enmienda Labouchere, facultaba para perseguir actos calificados de «gross indecency» entre hombres, incluso sin necesidad de acreditar las infracciones más graves que la acusación también podía esgrimir.
El opúsculo de Grolleau no es el sumario oficial ni una transcripción taquigráfica certificada. Se presenta como extracto de actas estenográficas, pero su introducción impone una lectura moral, a menudo hostil, a los sucesos que relata. Conviene deslindar esa voz editorial de la materia estrictamente judicial: acusaciones, descargos, resoluciones del magistrado y veredictos. Los términos injuriosos de la época, y aquellos que la ley adoptaba, no describen una falta moral universal; pertenecen a un orden penal que castigaba ciertas prácticas sexuales entre varones, tipificadas en el texto legal como «gross indecency». La ley de 1885 había erigido dicha «gross indecency» en delito menor. Al amparo de semejante disposición discriminatoria fue procesado Wilde.
El primer acto judicial consistió en una querella privada por libelo criminal, promovida por Wilde contra Queensberry a raíz de la tarjeta dejada en el club; no debe confundirse con los procesos penales posteriores entablados contra Wilde y Taylor. Durante la vista, los letrados del marqués se esforzaron por demostrar que la imputación consignada en la nota era verídica; hicieron comparecer, por tanto, a testigos y aportaron elementos relativos al trato que Wilde dispensaba a diversos jóvenes. Wilde respondió a los interrogatorios, admitió amistades, visitas, obsequios y cartas, mas rechazó categóricamente los actos delictivos que se le atribuían. Aquella causa por libelo criminal no dirimía la culpabilidad de Wilde respecto a los cargos que ulteriormente se formularían en su contra: su objeto exclusivo era la denuncia privada contra Queensberry. Con todo, la derrota de Wilde ante el jurado alteró de inmediato el panorama. Se incoó la persecución penal.
Grolleau refiere esa metamorfosis como una consecuencia casi automática del veredicto dictado contra Wilde en la causa privada por libelo criminal. Tal certidumbre constituye ya una interpretación. El juicio por difamación había permitido a la defensa de Queensberry articular testimonios en los que las autoridades pudieron apoyarse; no había sustituido, sin embargo, a las pruebas de cargo que exigiría el tribunal penal. La crónica de 1906, teñida de su propia indignación, presenta en ocasiones las acusaciones como si hubiesen quedado zanjadas antes de la apertura de las sesiones. Empero, Wilde y Taylor comparecieron con posterioridad ante un jurado penal, frente a cargos precisos respecto de los cuales se declararon inocentes.
En abril, Wilde y Taylor fueron juzgados conjuntamente en el Old Bailey. La acusación combinaba alegaciones de actos sexuales con cargos de conspiración y proxenetismo. Ambos hombres proclamaron su inocencia. Los testigos detallaron encuentros, estancias, dádivas y relaciones; la defensa cuestionó su solvencia moral, sus intereses espurios y las contradicciones existentes entre sus relatos. Grolleau refiere asimismo el empleo de epístolas y documentos incautados. Resume los debates, pero su testimonio no autoriza a considerar cada imputación como un hecho probado por la mera circunstancia de haber sido proferida en el estrado.
La vista discurría entre pormenores íntimos y cuestiones probatorias. La representación procesal de Wilde argüía que ciertos testimonios estaban viciados de parcialidad o carecían de fiabilidad; la acusación buscaba corroboración en las declaraciones de otros jóvenes y en las circunstancias materiales de los encuentros. El juez Charles requirió a los miembros del jurado que sopesaran por separado cada cargo y los elementos que lo sustentaban. Algunas acusaciones fueron retiradas o desestimadas por falta de confirmación bastante. Esta distinción resultaba capital: ser mencionado en el relato de un testigo, figurar formalmente procesado bajo un cargo y ser declarado culpable por un jurado representan tres condiciones jurídicas netamente distintas.
Concluidas las deliberaciones, el jurado se vio incapaz de alcanzar un acuerdo sobre los extremos capitales. El magistrado declaró disuelto el jurado. Los cargos por conspiración quedaron sobreseídos por decisión del tribunal; asimismo, se desestimaron dos cargos que pesaban sobre Taylor. Grolleau añade que tres de los doce miembros del jurado no podían inclinarse por otra opción que la absolución. Presenta este desglose como una noticia referida, y no como un cómputo oficial transcrito en su texto, por lo que debe mantenerse bajo reserva de atribución. La resolución formal resulta más terminante: al no mediar un veredicto unánime sobre las cuestiones principales, el proceso debía celebrarse de nuevo.
Wilde y Taylor abandonaron la sala sin sentencia absolutoria sobre los cargos en que el jurado había discrepado. Al día siguiente, Wilde obtuvo la libertad bajo fianza, según Grolleau, mediante un compromiso de dos mil quinientas libras y dos garantes de mil doscientas cincuenta libras cada uno. Aquella libertad provisional nada resolvía de forma definitiva. Tan solo suspendía la reclusión a la espera de una nueva vista. La incertidumbre procesal, que el primer jurado no había acertado a despejar, volvería a dirimirse ante otro tribunal.
Al reanudarse las sesiones en mayo, las causas se instruyeron por separado. Taylor compareció primero ante el jurado. Las testificales reprodujeron algunos pasajes ya ventilados; los interrogatorios versaron asimismo sobre la correspondencia y los vínculos entre los implicados. El jurado declaró culpable a Taylor de los cargos de indecencia, mas no llegó a un acuerdo en lo relativo a los de proxenetismo. El pronunciamiento de la pena quedó aplazado hasta la conclusión del juicio de Wilde, que dio comienzo al día siguiente. Esta secuencia temporal reviste una importancia capital: Taylor ya había recibido un veredicto de culpabilidad sobre determinados cargos antes de que el segundo jurado se pronunciase sobre Wilde; ambos procedimientos no integraban un único fallo colectivo.
El nuevo escrito de acusación contra Wilde le imputaba actos cometidos con Charles Parker, Alfred Wood, Edward Shelley y diversas personas no identificadas. El cargo de conspiración con Taylor había sido revocado. Wilde se declaró no culpable. Shelley y otros testigos expusieron sus versiones, que la defensa cotejó minuciosamente con las cartas, las fechas y la verdadera naturaleza del trato que mantenían con el acusado. Wilde reconoció haber conocido a varios de aquellos jóvenes, haberles escrito y haber gozado de su compañía; negó, en cambio, los actos ilícitos imputados. Sus cartas a lord Alfred Douglas fueron leídas y glosadas en la sala. Su tono podía alimentar sospechas; no bastaban, por sí solas, para tener por acreditado cada uno de los hechos concretos contemplados en el acta de acusación.
El magistrado retiró del examen del jurado un cargo relativo a Shelley, ante la ausencia de la corroboración que juzgaba indispensable. Exhortó asimismo a los jurados a no convertir la ausencia de Douglas, marchado a París, en indicio de cargo contra Wilde, ni a fallar sobre la conducta de quien no se hallaba presente en el banquillo. Respecto a la deposición de Wood, subrayó la falta de pruebas accesorias sobre un episodio concreto e instó al jurado a la prudencia. Aquella advertencia no invalidaba los restantes testimonios; precisaba el rigor de la deliberación. Incumbía a los jurados pronunciarse sobre los cargos aún vigentes, a partir de las pruebas practicadas, y no juzgar si la vida privada de un hombre satisfacía sus cánones de respetabilidad.
El veredicto, no obstante, fue de culpabilidad. El juez condenó a Wilde y a Taylor a dos años de prisión con trabajos forzados. Los clamores hostiles o escandalizados que Grolleau refiere tras la lectura de la sentencia ilustran la atmósfera que reinaba en la sala, pero no alteran la naturaleza de los cargos ni el alcance de la pena. Taylor había sido declarado culpable por un jurado independiente de los cargos de indecencia; Wilde lo fue al término del segundo proceso. El primer jurado, por su parte, no había absuelto a los acusados: simplemente no había podido alcanzar una decisión sobre las cuestiones fundamentales.
La fuente acotada prolonga su relato tras la sentencia, abarcando el presidio y la muerte de Wilde. La presente crónica opta por clausurar su arco histórico al término de los procesos y de la condena; este límite narrativo no debe entenderse como una cota del documento original consultado. Grolleau no brinda al lector una mirada neutral: condena moralmente cuanto relata, se recrea en la caída social y convierte los debates en un drama edificante. Mantener presente este sesgo no equivale a desestimar las declaraciones ni a rectificar los fallos. Permite advertir con claridad lo que el procedimiento procesal distingue y lo que la crónica confunde.
De una querella privada por libelo criminal donde la imputación de Queensberry fue sostenida como verídica, a un primer jurado en desacuerdo, y más tarde a dos jurados convocados por separado para dirimir el pleito, las fases procesales no son intercambiables. El sumario revela de qué modo una acusación por difamación sacó a la luz elementos empleados luego contra Wilde, cómo ciertos cargos fueron desestimados por insuficiencia probatoria y de qué manera otros desembocaron en una condena fundada en una ley que incriminaba actos tipificados como «gross indecency» entre hombres. La justicia dictó una pena; la compilación, por su parte, añade un juicio social que desborda con creces la verdad judicial de la vista. Leer ambos testimonios por separado es ya un modo de devolver a cada decisión su justa medida.