En la primavera de 1871, en París, los cargos públicos mudaban de denominación con la misma celeridad con que caían los poderes. Jules Mekerski, que se hallaba recluido en la prisión de Cherche-Midi desde el 2 de enero bajo la acusación de hurto en perjuicio de un vecino, es puesto en libertad el 20 de marzo, cuando la Comuna abre las cárceles. El informe leído ante el consejo de guerra refiere que ofreció de inmediato sus servicios a los cabecillas de la insurrección. Su hermana, conocida bajo el nombre de Paule Menck, le habría facilitado el acceso a sus despachos. Parte en calidad de delegado hacia Auxerre, Troyes y Bélgica; de regreso en París, pasa a ser delegado de Seguridad General y, más tarde, comisario de policía del distrito de l’Europe.
Es dicha autoridad la que enlaza los tres episodios examinados durante la vista de mayo de 1874. El informe leído ante el tribunal militar los presenta como registros arbitrarios, expolios y detenciones ilegales; Mekerski, por su parte, rebate el papel que le atribuye el ministerio público. La controversia girará en torno al grado de participación de cada cual en tales operaciones llevadas a cabo al frente de partidas armadas.
El primer episodio tiene lugar el 11 de mayo de 1871, en la calle de Richelieu, en la morada del señor Opigez-Gagelin. Según el informe, unos quince federados acompañan a Mekerski. Penetran con el pretexto de incautar armas, retienen al dueño de la casa y a su hijo, y proceden a registrar las estancias. Mekerski se habría presentado como delegado de la prefectura de policía e inspeccionado muebles y gavetas. La pesquisa se prolonga cerca de hora y media. A instancias de la señora Spuller, cuya influencia el procesado habría admitido, el destacamento se retira llevándose consigo varias cartas del mentado Gagelin.
Mekerski no niega haber estado en casa de Gagelin, pero rehúsa el papel preponderante que le imputa la acusación. A las preguntas del presidente, responde que no «presidió» el registro, sino que se limitó a asistir a él. La distinción es sutil, pero plantea de inmediato la cuestión medular de todo el proceso: en una partida donde actúan varios hombres, ¿quién da las órdenes, quién registra y quién responde de lo que desaparece?
Dos días después, el 13 de mayo, la comitiva se presenta ante el palacete de la princesa de Essling, en la calle Jean-Goujon. Mekerski habría anunciado que buscaba arcones de platería grabados con las armas del Emperador. Lo acompañan, según las actuaciones, el comisario de policía del distrito de los Campos Elíseos, dos oficiales, diez federados y un cerrajero encargado de forzar las cerraduras; un perito debe inventariar las piezas. La inspección se extiende a las habitaciones y a las bodegas. La acusación sostiene que se llevaron un cofrecillo de alhajas y doce cubiertos de plata, al tiempo que se repartieron conservas y se trasegó o sustrajo vino. El inventario debía concluir con la colocación de precintos sobre los bienes en la antecocina de la princesa, mas la arqueta de joyas ya no se hallaba allí.
El informe delimita asimismo el tiempo exacto de la presencia del encausado: el saqueo se habría prolongado hasta el 21 de mayo, pero Mekerski no habría asistido sino la jornada del 13, desde las dos de la tarde hasta las siete. Niega en redondo haberse apropiado de nada. Respecto a las bodegas, alega ignorar qué pudo haberse sustraído: eran muchos los presentes. No obstante, un testigo relata que el comisario, impaciente ante la lentitud del registro, habría amontonado él mismo las joyas sobre una bandeja. Si bien esta declaración no basta por sí sola para esclarecer la desaparición de la arqueta, brinda al tribunal un hecho concreto que oponer a la negativa del reo.
En la noche del 17 al 18 de mayo, los hechos se trasladan al convento de las Carmelitas, en la avenida de Messine. La madre superiora solicita los documentos de acreditación al oficial al mando. «Señora, no los verá», declara haber oído la hermana tornera. Los federados franquean finalmente el umbral. En la relación de cargos, Mekerski ciñe la banda roja de comisario y exige todas las llaves. Recorre las celdas, abre armarios y baúles, hace apartar diversos efectos y deja guardias apostados. Un cáliz, encajes y otros ornamentos son depositados en una sala de la planta baja. Más tarde, se habría llevado las llaves interiores en una cesta y conducido a la hermana tornera hasta la capilla, donde los federados habrían profanado los vasos sagrados.
El mismo relato le achaca el arresto del abad Lecompte, a quien retuvo en su domicilio durante tres días bajo la custodia de un centinela. El capellán declara que le fueron arrebatadas doce obligaciones del ferrocarril del Simplón y doce monedas de cinco francos. Los títulos de deuda, precisa el acta judicial, jamás le fueron restituidos. La hermana tornera reconoce a Mekerski durante la audiencia, mas añade que otro individuo parecía ejercer un mando más efectivo sobre los milicianos. Este matiz impide reducir el pelotón a un cabecilla único, si bien no desvanece las acciones que la acusación imputa con nombres y apellidos al comisario.
Interrogado sobre los sucesos del convento, Mekerski ratifica varios extremos materiales: portaba la faja roja; disponía de una orden de arresto contra dos vicarios; entró en el recinto e hizo retirar un cáliz. No obstante, atribuye a sus actos un móvil muy distinto. Afirma que llamó a las puertas para alertar a los vicarios y ponerlos a salvo, y que retiró el cáliz con el único fin de evitar su profanación. Niega haber tomado parte alguna en los desmanes cometidos en la capilla. Por lo que toca al abad, admite haberlo detenido, pero asevera que lo hizo para protegerlo. Tales descargos no invalidan los testimonios de las religiosas ni el del sacerdote; oponen sencillamente una línea de defensa que el lector debe discernir con claridad de los hechos considerados probados.
La sesión del 11 de mayo de 1874 se abre con el interrogatorio del presidente y la lectura del sumario. La señora Spuller, cuyo esposo había dado empleo a Mekerski en el pasado, declara que este llevó a cabo el registro en casa de Gagelin y que, tras las quejas de ella, ordenó a sus subordinados que cejaran en el empeño. Pauline Bonivin, criada, recuerda a los federados invadiendo la finca y al procesado en busca de armas; describe asimismo el ceñidor encarnado. El portero del palacete de Essling refiere la llegada de tres individuos, uno de ellos con banda oficial, y las pesquisas efectuadas tanto en las estancias principales como en los sótanos. Asegura que se apoderaron de un sable perteneciente al general Wolf, pero que se lo devolvieron tras haberlo reclamado. Al preguntarle el fiscal militar si el acusado reunió las joyas sobre una bandeja, el testigo contesta afirmativamente.
Comparece luego la hermana tornera. Relata la irrupción de los federados, el sagrario forzado y las hostias consumidas por varios hombres. Reconoce a Mekerski, aunque no lo señala como aquel que mandaba con mayor firmeza. El abad Lecompte confirma su arresto y su confinamiento domiciliario; denuncia la sustracción de los bonos y del dinero en metálico, y recuerda una frase burlona atribuida al acusado. La risa consignada por la crónica del periódico no resta gravedad a su deposición: el clérigo describe a un centinela con órdenes precisas de abrir fuego si intentaba huir.
Mekerski narra a continuación su huida de París mediante el ferrocarril de Estrasburgo y su refugio en Suiza. Sostiene que jamás procuró ocultarse al volver: habría regresado para someter a examen un modelo de fusil de su invención y se habría hospedado en diversas fondas bajo su verdadera identidad. La policía lo detuvo en las dependencias de la propia prefectura. Esta explicación esclarece los motivos de su reaparición en París, mas no resuelve las acusaciones de saqueo que constituyen la médula del proceso.
Oídos los testigos, el comandante Romain sostiene la acusación fiscal y el letrado Vallon asume la defensa. La Gazette des Tribunaux no reproduce en su integridad los alegatos de una y otra parte. El tribunal delibera y condena finalmente a Mekerski a la pena de trabajos forzados a perpetuidad. Dicho castigo es el fallo que consigna la prensa de la época; no transmuta en certeza incuestionable cada detalle de las imputaciones, del mismo modo que las negativas del reo no bastan para desvanecer el peso de los testimonios vertidos en el estrado.