En el Political Register, William Cobbett transformó una crónica de Ely en un sarcástico pliego de cargos. Su artículo fingía reclamar que se azotase de nuevo a los milicianos, para luego volver contra los leales a la Corona los mismos reproches que estos dirigían a Napoleón. Un año más tarde, aquel texto lo conduciría ante el Tribunal del Banco del Rey: para la Corona, se trataba de un libelo sedicioso; para Cobbett, de una sátira contra una disposición de Lord Castlereagh.
En junio de 1810, Cobbett compareció en Westminster Hall. El fiscal general Gibbs sostuvo que, tras la mofa, se ocultaba una incitación a la insubordinación.
El asunto se remontaba a la comarca de Ely. En 1809, unos milicianos de la zona se opusieron a una retención de sus pagas. El Courier achacaba la agitación a un descuento aplicado por las mochilas; más tarde, Cobbett hablaría de una disputa en torno a la guinea de marcha. La acusación lo presentaría como un motín. Cinco cabecillas fueron condenados por un consejo de guerra a quinientos latigazos cada uno; parte de la pena fue condonada, pero otra ya había sido ejecutada. Se llamó a la Legión Alemana para sofocar la situación y hacer cumplir el castigo.
La crónica del Courier describía la llegada a Ely de escuadrones de dicha Legión procedentes de Bury, a las órdenes del general Auckland. Cobbett situó aquella noticia al frente de su artículo, a modo de sermón político. Luego recogió las palabras relativas al castigo, haciéndolas resonar como una orden: que se azote a esos hombres otra vez, a diario. La reiteración ponía en ridículo tanto a quienes consideraban merecido el suplicio como a quienes celebraban la intervención de soldados extranjeros.
No se limitó a señalar la injusticia cometida contra los milicianos. Su texto equiparaba los azotes a los apremios que los publicistas legitimistas atribuían a Napoleón para reclutar a sus tropas. Si los franceses —decía— eran encadenados y arrastrados al servicio a punta de bayoneta, ¿qué cabía pensar de unos soldados ingleses a los que se mantenía en formación a golpe de látigo, bajo la mirada de una legión venida de Alemania? Volvía contra el gobierno sus propias denuncias sobre la coacción militar francesa. Arremetía asimismo contra los vecinos de Ely, a quienes preguntaba cómo habían podido contemplar semejante escena sin intervenir.
Al abrirse la vista, la defensa de Cobbett comenzó antes incluso de los alegatos. Un jurado llamado en calidad de suplente fue apartado tras una objeción de Cobbett, quien no adujo motivo alguno. Otro, Henry Faver, fue recusado por su condición de extranjero. Cuando este manifestó haber nacido súbdito británico, Cobbett se disculpó por el error. Fueron incidentes breves, pero recordaban lo que se ventilaba en la sala: el proceso contra una hoja impresa, dirimido ante hombres cuya selección misma podía tornarse una contienda de palabras y de fueros.
El fiscal general expuso la causa del rey. Sostuvo que el artículo atribuía al gobierno crueldad, injusticia y tiranía. Al escarnecer a los milicianos por haber sufrido los golpes, Cobbett los acusaba, a juicio de Gibbs, de haber aceptado el castigo sin ofrecer resistencia. Al preguntar a los habitantes de Ely cómo habían podido limitarse a mirar, les afeaba no haber liberado a los reos. La cuestión no residía, pues, en saber si era lícito censurar una medida o a un ministro, sino en dilucidar si aquella publicación buscaba sublevar a los soldados contra sus oficiales y al pueblo contra el gobierno.
Thomas Harvey fue llamado a declarar para acreditar la publicación. Cobbett admitió ser el autor y propietario del periódico; reconoció que el ejemplar se había adquirido en la librería de Budd. El señor Lukin confirmó la existencia de un cuerpo denominado Legión Alemana. El texto incriminado fue leído de nuevo ante el tribunal. La acusación contaba así con las palabras exactas, con su autor confeso y con el contexto inmediato al que remitían.
Cobbett se dirigió entonces al juez y al jurado. Afirmó que toda la causa dependía de la intención. El ministerio, aseguró, sabía perfectamente que su artículo era una sátira enderezada contra la política de Lord Castlereagh, no contra el rey. No negó haber arremetido contra el ministro; lo que rehusaba era que dicho ataque se transmutase en un libelo contra la persona real. Si el gobierno podía confundir ambos extremos —adujo—, cualquier censura a una providencia pública se volvería peligrosa.
Recordó las acusaciones de que ya había sido objeto y los pasquines que, a su entender, lo habían difamado. Leyó una carta de Lord Sidmouth que desmentía una imputación vertida contra su persona. Volvió luego sobre el artículo de Ely: el asunto no era una secreta incitación a la revuelta, sino el espectáculo de unos jóvenes azotados tras una querella por sus haberes, con el concurso de tropas foráneas. Declaró que la presencia de aquellos soldados le había indignado más que el propio castigo. Sostuvo asimismo que era posible oponerse al empleo de tropas extranjeras sin ser por ello jacobino ni enemigo de la patria.
Para respaldar su defensa, Cobbett invocó antiguos debates parlamentarios acerca de la presencia de jinetes alemanes y dio lectura a pasajes sobre los abusos atribuidos a tropas acantonadas en Sajonia. Dio cuenta de las quejas que afirmaba haber oído en los lugares donde se habían alojado soldados extranjeros, y de la misiva de un oficial inglés que censuraba la conducta de la Legión en Talavera. Eran estos los elementos que él mismo esgrimía ante el estrado; Borrow no los corrobora de forma independiente. Cobbett sostuvo que había escrito movido por la indignación, y que sus propios intereses dependían de la subsistencia del gobierno que se le acusaba de querer derrocar.
Gibbs replicó que una opinión no agotaba el contenido del texto. El jurado, señaló, debía sopesar su reiteración, sus efectos y el momento en que vio la luz: tras un motín y un castigo dictado conforme a la ley. El artículo minimizaba la conducta de los penados y presentaba la llegada de la Legión como si hubiese tenido por propósito primero azotarlos. El ministerio sostenía que había acudido, en primer lugar, a sofocar la insurrección y, después, a hacer cumplir la sentencia. Para Gibbs, la sátira no pecaba solo de mal gusto; incitaba a la insubordinación.
Lord Ellenborough requirió al jurado que examinase el tenor del escrito en su conjunto. Una serie de expresiones reiteradas —dijo— no constituía un exabrupto lanzado a la ligera; si el texto entrañaba una tendencia perniciosa, los jurados debían colegir de ello la intención. Declaró no albergar duda alguna: a sus ojos, se trataba de un libelo sedicioso. Tras unos dos minutos de deliberación, el jurado declaró a Cobbett culpable.
La sentencia se dictó en julio. El tribunal condenó a Cobbett a mil libras de multa y a dos años de prisión en Newgate; la transcripción de Borrow añade siete años de caución de conducta y precisa que permanecería bajo custodia hasta el abono de la multa y la presentación de las fianzas. Los otros tres acusados fueron tratados por separado. Thomas Hansard, impresor, fue condenado a tres meses de cárcel y fianzas; Richard Bagshaw y John Budd, libreros, a dos meses cada uno. El tribunal hacía recaer así sobre el autor la pena más severa, al tiempo que extendía la responsabilidad a los hombres que habían impreso o vendido la publicación.
Cobbett había querido que los azotes infligidos a cinco milicianos no cayeran en el olvido del debate público. En el tribunal, los jueces escucharon sobre todo el efecto que el artículo podía causar en los soldados y en la multitud. Una corrección militar devino materia de enjuiciamiento político; luego, una página impresa condujo a su autor a Newgate. El jurado había resuelto en dos minutos. La sentencia, por su parte, estipulaba dos años de presidio, y más aún si la multa y las cauciones quedaban sin saldar.