El jurado no había dicho «no culpable». Tampoco había declarado al reverendo William Davies Shipley culpable de libelo. En Shrewsbury, el 6 de agosto de 1784, los jurados habían preferido una fórmula más estrecha: culpable de haber publicado. En aquella causa, el modo de asentar unas pocas palabras del jurado pesaría más que extensas páginas de controversia.
Shipley era deán de Saint-Asaph. Se le reprochaba haber mandado imprimir y circular un diálogo de Sir William Jones, a la sazón juez del tribunal supremo de Bengala, titulado Principles of Government, in a Dialogue between a Gentleman and a Farmer. El texto ponía a conversar a dos personajes, un caballero y un hacendado, sobre el gobierno y los derechos políticos. La acusación lo presentaba como sedicioso; la defensa sostendría que la censura a la conducta gubernamental no constituía, por sí sola, un libelo criminal.
El proceso se ventiló ante el juez Buller, en las asambleas judiciales de Shrewsbury. El jurado debía examinar varios extremos que los debates no tardarían en deslindar: ¿había publicado Shipley el impreso? ¿Tenían los pasajes incriminados el sentido que les atribuía la acusación? Y, sobre todo, ¿debía el veredicto resolver si el escrito era legalmente un libelo? La distinción entre el hecho de la publicación y la calificación jurídica podía parecer sutil. Sin embargo, determinaría lo que el tribunal pudiera hacer con el veredicto.
A lo largo del juicio, los jurados escucharon la defensa de Erskine. La relación de Borrow reproduce esa pugna en la linde entre la crítica política y el ataque sedicioso. La acusación sostenía que el diálogo apuntaba al rey y al gobierno presentes y tendía a provocar la sedición. Erskine remitía a los términos mismos del texto e impugnaba que pudiera transformarse cualquier denuncia de injusticia en prueba de libelo. El debate no versaba, por tanto, únicamente sobre las palabras del labrador y del caballero: concernía al poder de quienes juzgaban para fijarles un alcance penal.
Buller impartió sus instrucciones al jurado. Desechó en primer término a los testigos que acudieron a describir a Shipley como un hombre pacífico: su carácter no respondía a la cuestión del proceso. El juez concedió a Erskine que «allí donde la ley se detiene, comienza la tiranía», y luego separó tres puntos: la publicación, la veracidad de los sobrentendidos del acta acusatoria y la cuestión de derecho —a saber, si el texto constituía un libelo—. Solo los dos primeros correspondían a los jurados; el último permanecía abierto al tribunal llamado a examinar los autos. La ley y el hecho no debían confundirse. Mas cuando los hombres regresaron, su veredicto no zanjó la cuestión. Declararon a Shipley «guilty of publishing only» —culpable de publicación solamente—.
La palabra only suscitó de inmediato un altercado. Buller preguntó a los jurados si admitían las precisiones del acta de acusación: que «C.» designaba al caballero y «L.» al labrador; que las menciones del rey y del Parlamento remitían al rey y al Parlamento de Gran Bretaña. Respondieron que sí. Erskine reiteró que no declaraban a Shipley culpable más que de la publicación. Un jurado puntualizó que no juzgaban si el panfleto era un libelo. Buller les explicó que una decisión limitada a la publicación dejaba abierta la cuestión de derecho, en tanto que only podía hacer incompleto su veredicto. Los jurados insistieron: no resolvían el punto del libelo y lo dejaban al tribunal.
La disputa subió de tono hasta la orden de guardar silencio. Erskine exige que la palabra conste en autos; Buller le conmina a sentarse, advirtiéndole de que, de lo contrario, se verá obligado a intervenir de otro modo. El letrado replica que puede proceder como a bien tenga. Borrow refiere este lance sin añadirle afeites forenses: la conminación del magistrado y la respuesta del abogado bastan por sí solas. En medio de la querella, los jurados intentan precisar aún lo que quisieron manifestar. Uno de ellos llega a mudar el vocablo de sitio: culpable solo de publicar, y no culpable de publicar solamente. Buller replica que viene a ser lo mismo.
Erskine no ha agotado, con todo, su objeción. Supóngase que el tribunal rehúse suspender la sentencia: ¿podrá sostener aún, al discutirse la pena, que Shipley no publicó con intención sediciosa? ¿No corre el riesgo de que el veredicto, cercenado de su salvedad, le cierre esa defensa? El jurado reitera que no se pronuncia en un sentido ni en otro sobre la sedición. No afirma que el panfleto sea inocente; rehúsa pronunciarse al respecto. Son finalmente estos límites, más que la pequeña palabra en disputa, los que el actuario asienta: «Culpable de publicación; pero el jurado no dice si es un libelo». La audiencia deja así a dos adversarios defendiendo sendas lealtades: Buller a la separación del derecho y del hecho; Erskine a las palabras efectivamente vertidas por los jurados.
En noviembre, Erskine compareció de nuevo ante el tribunal. El día 15 solicitó un nuevo juicio. Sostuvo que las instrucciones dadas a los jurados habían sido erróneas y que no se había aportado prueba alguna de sedición. Mansfield respondió que el jurado decidía sobre los hechos y el juez sobre el derecho, división que, según afirmó, venían observando los tribunales desde la Revolución; el veredicto no las había confundido. La pretensión fue desestimada al día siguiente. Los demás magistrados secundaron a Mansfield. Willes insistió en las funciones distintas del juez y del jurado. Ashurst abordó, por su parte, la intención: ¿cómo conocerla de no ser a través de los actos? Una declaración tranquilizadora no podía, a su juicio, bastar para desvirtuar el sentido de una conducta. Las declaraciones que habían retratado a Shipley como hombre pacífico no habían desvanecido, por tanto, la cuestión penal. Erskine buscaba un defecto en las instrucciones cursadas a los jurados; el tribunal hallaba en ellas su doctrina consuetudinaria y denegaba la repetición del juicio.
Quedaba otra vía: solicitar del tribunal la suspensión del juicio, es decir, resolver que ninguna pena podía seguirse legalmente de un veredicto emitido en tales términos.
El 22 de noviembre, Erskine solicitó la suspensión de la sentencia por dos motivos: el veredicto no bastaba para fundar una condena y la publicación no constituía un libelo punible. El actuario leyó las actuaciones; los términos consignados no eran los que Erskine aseguraba haber oído. Mansfield estimó, no obstante, correcta la anotación: los jurados habían querido remitir el punto de derecho a los magistrados. Distinguió entre un panfleto que no difamase al rey o a un particular y un escrito que juzgaba sedicioso, e incluso susceptible de traición. A sus ojos, el texto exhortaba a reclamar la reforma del Parlamento y a armarse después si la petición era rechazada. Advirtió empero que el acta acusatoria no vinculaba sus pasajes a la coyuntura política del momento mediante las alegaciones preceptivas. La aplicación del texto a la época, argüía, debía constar en el acta misma; aun siendo comprendido por todos, dicho nexo no podía añadirse a posteriori. Willes, Ashurst y el propio Buller se plegaron a su parecer y acordaron la suspensión del fallo. El juez que había porfiado con Erskine a cuenta de la redacción del veredicto aceptaba así que esta otra excepción impidiera la pena. Para Shipley, la diferencia entre ambos medios de defensa se convirtió en el abismo entre ver rechazada una súplica y quedar libre del proceso. Borrow concluye señalando que la totalidad de los autos contra el deán quedó anulada. El deán eludía la condena; el debate en torno a las potestades del jurado, por su parte, permanecía intacto.