Un niño comió un bombón de chocolate relleno comprado en Brighton y falleció a los pocos minutos. En el juicio, los médicos reconocieron los síntomas inequívocos de la estricnina; sin embargo, nadie pudo probar de inmediato que el veneno procediera de aquella confitería, ni cómo se había introducido en ella. La trama que condujo a Christiana Edmunds ante el tribunal se componía de recaderos infantiles, un libro de registro farmacéutico, cartas anónimas, un médico casado y una agria controversia sobre la locura. La acusación sostenía que la acusada había intentado desviar hacia un comerciante las sospechas que pesaban sobre ella. La defensa replicó que la cadena de pruebas materiales estaba rota y que el entendimiento de la procesada no admitía juicios sumarios.
El dulce de Brighton
El 12 de junio de 1871, O. D. Miller adquirió unos bombones de chocolate rellenos de crema en el establecimiento de John Maynard, confitero de Brighton, y le dio uno a su sobrino Sidney Albert Barker, de cuatro años de edad. El pequeño se quedó rígido, rompió en llanto y expiró. El propio tío describió síntomas alarmantes tras probar otra de las piezas. El cirujano Richard Rugg, que llegó en medio de las convulsiones, no halló causa visible alguna durante la autopsia. Fue el químico Henry Letheby quien, al examinar un paquete comprado por separado en la tienda de Maynard y el contenido del estómago del niño, detectó estricnina.
Esta distinción resultaba fundamental. Letheby identificó el veneno y confirmó los síntomas; no demostró por sí solo que la muestra sobrante del paquete fuera idéntica a la ingerida por Sidney, ni que hubiese sido adulterada en un momento determinado. En ese intervalo cobró forma la causa judicial. La muerte era un hecho incontestable y el envenenamiento verosímil, pero el recorrido material de la sustancia exigía testimonios y deducciones.
El nombre de Mrs. Wood
El libro de registro del farmacéutico Garrett puso a los investigadores tras la pista de una clienta que se hacía llamar Mrs. Wood. El 28 de marzo, había solicitado estricnina con el pretexto de matar gatos; aportó una dirección en Kingston, en el condado de Surrey, y acudió acompañada por Caroline Stone para que actuase como testigo de la venta. Garrett le despachó diez granos. El 15 de abril, la mujer regresó alegando que el veneno no había surtido efecto y adquirió otros diez granos, esta vez para sacrificar a un perro. Stone confirmó ante el tribunal haber acompañado a una mujer en sendas compras, pero no logró identificar con certeza a la acusada durante la vista.
En el mes de junio, un muchacho entregó a Garrett un pedido presuntamente escrito en nombre de los farmacéuticos Glaisyer y Kemp. La dirección era falsa; no obstante, tras una primera nota y la moneda que trajo el mozo, Garrett despachó una dracma de estricnina. En julio, una carta que fingía proceder del juez instructor o coroner le requirió el registro de sustancias venenosas. Cuando el libro le fue devuelto, faltaba una hoja anterior a las ventas efectuadas a Mrs. Wood. Los asientos que registraban las compras de estricnina, en cambio, permanecían intactos. Garrett no pudo precisar quién había arrancado la página; este hecho pasó a formar parte del pliego de cargos de la acusación, mas no constituyó una observación directa de la mano de Edmunds.
Otros niños declararon haber comprado dulces para una mujer que les entregaba dinero y que, en ocasiones, los enviaba de vuelta a cambiar la caja por otra. George Brookes y William Tye señalaron a la acusada. Adam May, de once años, se mostró más cauteloso: afirmó que se parecía a la señora de los encargos, sin aseverar categóricamente que se tratara de la misma persona. Tampoco tenía la certeza de que ella le hubiera devuelto la misma bolsa de bombones. El tribunal escuchó así testimonios de dispar solidez; el menor más vacilante describió asimismo una posible sustitución entre una caja devuelta y la que entregó a continuación.
Una sospecha invertida
Maynard declaró que jamás había tenido veneno alguno en su establecimiento. Después de que la clienta le manifestara que unos bombones habían indispuesto a una conocida suya, el comerciante mandó analizar sus existencias, que fueron declaradas puras. La investigación del coroner había comenzado el 13 de junio y se aplazó hasta el 22. Edmunds compareció entonces en calidad de testigo, relató que ella misma se había sentido enferma por culpa de aquellos dulces y que había advertido debidamente a Maynard. La crónica judicial refiere que el magistrado instructor estimó que la declarante procuraba endosarle al confitero la responsabilidad del tóxico. El jurado de la instrucción concluyó que se trataba de una muerte accidental; el interrogante sobre el homicidio quedó sin despejar.
Concluida la investigación preliminar, Albert Barker recibió varias misivas anónimas. El inspector Gibbs cotejó la caligrafía con la de una contestación que Edmunds le había remitido a él. El letrado de la defensa impugnó la pericia grafológica del agente; el juez recordó que la legislación facultaba a cualquier ciudadano a comparar escrituras, reservando al jurado la valoración de su mérito. El fiscal exhibió aquellas cartas y las órdenes apócrifas cursadas a las boticas como maniobras destinadas a desviar la atención sobre el origen del veneno. Procedía, no obstante, deslindar las deducciones del ministerio público de lo presenciado por los testigos: ninguno de ellos había visto a la acusada redactar carta alguna.
El expediente judicial recogía finalmente el episodio del dulce ofrecido a Emily Beard, esposa del facultativo con quien Edmunds mantenía una relación de íntima confianza. La acusación sostenía que en diciembre de 1870 se le había entregado un fragmento sospechoso; la mujer lo escupió debido a su mal sabor y no sufrió daños graves. El fiscal interpretaba aquello como la primera maniobra de un plan que, tras despertar las sospechas del doctor Beard, habría buscado comprometer a Maynard. El suceso arrojaba luz sobre el presunto móvil, pero no constituía el delito que se sometía al veredicto del jurado.
Dos cuestiones ante el jurado
El juicio oral dio comienzo en el Tribunal Penal Central el 15 de enero de 1872, ante el barón Martin. La acusación sostuvo que las cremas despachadas por Maynard habían sido sustituidas o contaminadas por la acusada. El defensor, el serjeant Parry, no negó que otros menores hubiesen recibido dulces envenenados en distintas ocasiones. Centró su esfuerzo en el extremo preciso del cargo de asesinato: habían transcurrido diez días entre la compra encomendada al joven May y la adquisición de los bombones que ingirió Sidney, mientras los dependientes despachaban semanalmente parte del género. ¿Quién podía certificar que el dulce mortífero fuese uno de los que Edmunds presuntamente había manipulado? Aquella quiebra en la continuidad material no era un mero detalle, sino la piedra angular de la defensa sobre los hechos.
La segunda línea defensiva versó sobre la imputabilidad. La madre de Edmunds expuso el historial de desequilibrios mentales de su marido, de un hijo y de otra de sus hijas, así como los cuadros de parálisis e histeria padecidos por la encausada. Los dictámenes médicos no fueron unánimes. El doctor Woods juzgó a la procesada incapaz de valorar su propia situación y de discernir el bien del mal como una persona cuerda. Robertson la situó en una frontera incierta entre el crimen y la locura, reconociendo al tiempo que conservaba una inteligencia lúcida y exenta de delirios. Maudsley aludió a una deficiencia del sentimiento moral y la vinculó a la enajenación. Estos juicios facultativos pertenecen a su tiempo; las actas judiciales no autorizan a transformarlos en diagnósticos contemporáneos.
Parry esgrimió estos antecedentes familiares, si bien puntualizó que dejaba al arbitrio del jurado determinar si Edmunds se hallaba o no enajenada. El magistrado sintetizó el debate en dos cuestiones: si la acusada había hecho llegar los bombones emponzoñados a la víctima; y, de ser así, si gozaba del suficiente juicio para responder penalmente de sus actos. Advirtió al tribunal de que la demencia debía quedar plenamente acreditada en el momento de comisión de los hechos. El jurado se retiró antes de las cuatro y regresó al cabo de menos de una hora con un fallo condenatorio. El diario Spectator dio cuenta de la condena el martes 16 de enero. Concluida la vista, Edmunds solicitó ser juzgada por los demás cargos y exponer con detalle su relación con el médico; el magistrado desestimó la petición, resuelto a ceñir el juicio exclusivamente a la muerte de Sidney.
La sentencia y su conmutación
Se pronunció la pena de muerte. A renglón seguido, el secretario judicial le preguntó si tenía algo que alegar para la suspensión del fallo («in arrest of the judgment») y si se encontraba encinta. Edmunds musitó que esperaba un hijo. Se constituyó un jurado de comadronas que dictaminó que no existía embarazo alguno. Aquel trámite procesal, cuyo objeto era fijar si procedía postergar la ejecución, no alteraba los pronunciamientos sobre la autoría material ni sobre la responsabilidad penal.
La crónica del Annual Register añade que la condena capital fue posteriormente conmutada por razón de enajenación. En mayo de 1872, un debate parlamentario situó a Edmunds recluida en el manicomio penal de Broadmoor y precisó que se le había certificado la locura con posterioridad a la sentencia de muerte; el ministro competente distinguió de forma explícita dicho internamiento de una pena de trabajos forzados. El veredicto del juicio y su estatuto jurídico definitivo no deben, por ende, confundirse: el jurado desestimó la eximente de demencia, en tanto que una resolución posterior reconoció su afección mental a efectos de la ejecución de la pena y su confinamiento asilar. La reclusa había sido condenada; no llegó al cadalso.
Esta causa no ofrece respuestas sencillas, sino una sucesión de umbrales probatorios. ¿Se identificaron fehacientemente los bombones hasta el paquete exacto consumido por el niño? ¿Bastaba un cotejo caligráfico para atribuir la autoría de un texto? ¿En qué momento la medicina legal esclarece un hecho sin sustraerlo al rigor de la ley? El proceso zanjó la culpabilidad de Christiana Edmunds; las controversias de su tiempo y su posterior traslado a Broadmoor evidencian que el fallo no clausuró el debate sobre la imputabilidad. Tal es el límite que impone la crónica judicial: rescata testimonios, indicios y resoluciones, pero no concede acceso directo al santuario íntimo donde se concibió el designio criminal.