Todo comenzó con un huevo y con una palabra que el alcalde se empeñó en proscribir. La risa callejera mutó en litigio de autoridad; meses más tarde, el incendio de un almacén perteneciente a este mismo edil brindó el pretexto para incoar un proceso que mantuvo en zozobra a varios vecinos durante años. La crónica denomina a estos ciudadanos «los mártires de Marceillan»; apelativo que rememora la prolongada duración de su calvario, mas no un trágico desenlace sobre el cadalso.
El señor Rigaud de Belbèze, hacendado acaudalado, antiguo alcalde y capitán de guardacostas, arrastraba ya querellas contra diversos convecinos. Gozaba, a juicio de Champagnac, de fama de hombre altivo e intratable. Con todo, el primer incidente revestía una naturaleza que debió haberse disipado entre carcajadas. En 1773, el cura párroco Lunaret, anciano de probada estima, compartía mantel con su vicario Cauvet, joven eclesiástico cuya conducta reprobaba. Cierto día de Cuaresma, según se cuenta, Cauvet arrebató un huevo de las manos del párroco y lo devoró entre risotadas; tras una suave reprensión, reincidió en la falta. Lunaret procedió entonces a retirarle el plato y el sitio en su mesa.
Cauvet convirtió la escena en chanza pública. Sin embargo, la villa tomó partido por el venerable pastor: coreábase «à l’yoau», vocablo del patois que designa el huevo, y la burla recayó sobre el vicario. Poco a poco, el grito fue languideciendo. Rigaud, que ostentaba por entonces la vara de alcalde, pretendió acallarlo por la fuerza de la autoridad. Acaso buscaba congraciarse con el obispo de Agde, protector de Cauvet, insinúa la crónica; el motivo no deja de ser una mera interpretación del cronista. Rigaud prohibió primero de viva voz que se repitiese la palabra, para luego promulgar la interdicción a son de trompeta. El bando surtió el efecto contrario: el vocablo vedado volvió a circular por todas las rúas.
Rigaud escribió al comandante de la provincia aseverando que Marceillan ardía en combustión, presa de desórdenes y de una abierta rebelión. El conde de Périgord dispuso la verificación de tales quejas y las juzgó desmedidas. El asunto pudo haber fenecido allí. Empero, el regidor aguardó a la festividad de San Juan, antigua celebración en la que se encendían hogueras, y mozos y mozas danzaban cubiertos con máscaras. Aquel 1773, una labradora vistió las ropas de su marido y encabezó una cuadrilla de muchachos embozados en torno al fuego. Para el vecindario era costumbre festiva; Rigaud, en cambio, coligió una parodia de la fogata prendida por el cuerpo municipal.
Ciertos delatores presentaron la fiesta como un designio sedicioso contra los magistrados. Sostuvieron que varios participantes se habían ataviado con togas y capuchones para escarnecer a los oficiales municipales, y con sotanas y alzacuellos para zaherir al vicario; que un individuo en bata de baño se paseaba en cabriolé dispensando bendiciones y que coplas obscenas escoltaban tales escenas. Champagnac asevera que semejantes imputaciones se desvanecieron ante las pruebas jurídicas. Rigaud, por su parte, las elevó en un memorial al duque de La Vrillière, gobernador de la provincia, ofreciéndolas como indicios palmarios de una conspiración.
Los vecinos comenzaron a temer que la autoridad local descargase su furor contra ellos. Catorce notables constituyeron un sindicato de defensa el 11 de julio de 1773. Dicho documento resultaba defectuoso con arreglo al rigor de la ley; no obstante, la crónica recuerda que era práctica harto común en la comarca y que el propio Rigaud había promovido uno análogo en 1771. Esta vez le atribuyó un cariz muy distinto: bajo su pluma, las cautelas del vecindario se trocaron en conjura. Hacia finales de octubre, un subdelegado de la intendencia arribó para abrir indagatorias. Rigaud lo hospedó en su propia morada; y entre aquellas cuatro paredes se substanciaron las sumarias.
Trece órdenes reservadas de arresto —las temibles lettres de cachet— fueron la consecuencia de tales pesquisas. Al despuntar el 3 de marzo de 1774, treinta jinetes de la mariscallía irrumpieron en Marceillan para ejecutarlas. El cura Lunaret fue desterrado a tres leguas de su feligresía; otros convecinos fueron relegados a diversas distancias o confinados en fortalezas y presidios. La campesina que había encabezado las danzas fue conducida a Béziers, y un jornalero, a Pézenas. Los perseguidos se entregaron a los guardias o enfilaron el sendero del destierro sin oponer resistencia. La crónica los retrata luciendo en la frente la serenidad de la inocencia; por lo demás, nada en el origen del tumulto recordaba la insurrección que Rigaud pregonaba con vehemencia.
Dos jornadas antes, un fuego se había declarado en el almacén de Rigaud, colindante con su casa principal y sito en la plaza mayor. El vecindario, entre el cual se contaban tres o cuatro de los sujetos posteriormente desterrados, acudió presuroso a atajar las llamas. Rigaud solo perdió parte de su maderamen, forrajes y la techumbre del cobertizo. En las actuaciones quedó asentada una manifestación que gravitaría sobre el porvenir de la causa: en medio del gentío que sofocaba el fuego, Rigaud habría dicho que dejasen arder la estancia, pues se le resarciría de todo y estaba bien seguro de su negocio. El 3 de marzo, la misma noche de las detenciones, radicó querella formal contra personas desconocidas, aduciendo que el fuego había brotado por los ventanales del henil.
El juez ordinario se inhibió de la causa. Rigaud obtuvo entonces la designación de un magistrado delegado por el señor de alta justicia. Un monitorio conminó a los vecinos a declarar sobre hechos por entero ajenos al siniestro; un fraile recoleto, ganado para su causa, predicó en el púlpito con el afán de intimidar las conciencias. El alcalde demandó incluso que el Consejo de Despachos avocara la causa para resolverla en sede administrativa, pretextando que el incendio guardaba íntima conexidad con las órdenes reales. El Consejo desestimó semejante vínculo por considerarlo una quimera y remitió a Rigaud ante los tribunales ordinarios. Tras minucioso examen, el ministro reconoció que los pretendidos desórdenes no habían sido sino arranques de regocijo popular sin mengua del orden público; las órdenes reales fueron revocadas poco después.
Sin embargo, la revocación no sofocó la persecución judicial. Rigaud regresó a Marceillan y logró que se librasen autos contra Benezech, Salelles, Billiers, Jacques Marquet, Antoine Fabre y Élisabeth Delaire. Fechados el 31 de julio de 1774, no se notificaron sino a finales de septiembre. Los interrogatorios, atestigua la crónica, se convirtieron en celadas urdidas contra la memoria y la buena fe. Al no mostrarse el juez delegado suficientemente dócil, nombróse a un segundo letrado durante su ausencia. Este mudó el decreto de comparecencia dictado contra Benezech en auto de prisión corporal. Advertido de la maniobra, el encartado compareció voluntariamente en la cárcel y exigió ser oído en declaración.
Rigaud se valió entonces de un pliego rubricado por el carcelero de Marceillan, un rústico labriego que apenas sabía firmar. Habíale presentado el documento al amparo de la noche, arguyendo que la firma no era más que una formalidad baladí. El escrito hacía confesar al carcelero que Benezech se había personado para constituirse preso, pero que luego se había negado a permanecer encerrado, transitando a placer por la casa rectoral. Tan pronto como comprendió el perverso uso que se hacía del papel, el custodio protestó en debida forma ante notario y reveló las circunstancias del engaño. Con todo, la pieza ya había servido para arrancar al Parlamento de Toulouse un auto que trasladaba la instrucción a Béziers. Benezech fue conducido allá en medio de un aparato afrentoso; los restantes encausados hubieron de desamparar sus hogares para proseguir la defensa.
Concluida la instrucción criminal, el ministerio fiscal solicitó la libre absolución de todos los acusados, con desagravio de su honor y condena en costas y perjuicios contra la parte acusadora. La sentencia, empero, desoyó estas conclusiones. Benezech fue condenado a sufrir tormento ordinario y extraordinario; Salelles, a tres años de destierro y a pagar diecisiete mil libras por daños y perjuicios a Rigaud; un deponente llamado Marie, declarado falso testimonio, fue condenado a pública retractación y al destierro. Los reos apelaron la resolución. El Parlamento de Toulouse revocó la sentencia de instancia, los absolvió de culpa y cargo y condenó a Rigaud al pago de indemnizaciones. Uno de los jueces de primera instancia, citado ante los estrados, fue suspendido de sus funciones por espacio de tres meses.
Rigaud marchó a París e interpuso recurso de casación, mostrándose ante el Consejo de Estado como víctima de su propio celo por el sosiego público. El Consejo anuló la sentencia tolosana el 11 de septiembre de 1775 y remitió los autos a las Reclamaciones de Palacio. Tronson du Coudray asumió la defensa de los encausados; fue menester aguardar, lejos de Marceillan, hasta el fallo definitivo del 5 de febrero de 1779. Todos quedaron formalmente absueltos de las acusaciones, con facultad para imprimir y fijar el auto de su descargo a su propia costa; Rigaud resultó condenado al pago de las costas procesales.
La villa se había regocijado primero por un simple huevo, para conocer después el rigor de las órdenes reales, el extrañamiento y las mazmorras. Aquellos decretos de gracia no tardaron en quedar sin efecto; la causa criminal urdida al calor del incendio, en cambio, se dilató durante casi un lustro. Alrededor del cobertizo consumido por el fuego se disputó con encono la potestad de interrogar, de desviar una causa judicial y de arrancar la firma a un carcelero iletrado. Al término de esta tribulación, a los absueltos se les concedió la prerrogativa de pregonar su inocencia en carteles impresos que saldrían de su propio peculio. Tras los bandos a son de trompeta y los despachos carcelarios, les restaba aún abonar el papel sellado que daría testimonio público de su probidad.