El 15 de diciembre de 1860, los suscriptores se agolpan en las dependencias de la Caja Mires para recoger las primeras obligaciones de un empréstito otomano. La víspera, la entidad había anunciado su propósito de reintegrar cincuenta millones de francos de su capital social. En París, semejante noticia parecía refrendar la indiscutible pujanza de la firma. De pronto, un rumor recorre las filas: varios magistrados se hallan en el edificio, los libros de contabilidad han sido precintados judicialmente y Jules Mires es objeto de una investigación formal. En cuestión de horas, la ciega confianza que había secundado los negocios de la Caja se transmuta en desasosiego.
El capítulo del Pitaval, publicado en alemán en 1871, narra esta debacle como el infortunio de un financiero que habría tomado el auge industrial por el combustible de una desenfrenada especulación. Su compilador entrelaza la narración, las actas de las audiencias y una serie de juicios morales, teñidos en ocasiones de prejuicios antisemitas. En la presente crónica, tales diatribas quedan confinadas a su justo lugar: el de un relator decimonónico, jamás el de un elemento de prueba. Los cargos, las resoluciones judiciales que se sucedieron y las declaraciones del propio Mires se deslindan puntualmente en cada fase del proceso.
Un hombre de prensa y de crédito
Jules Mires nace en Burdeos en 1809. La crónica describe su trayectoria a partir de modestos empleos e inciertos empeños mercantiles hasta su desembarco en la Bolsa de París, a la que concurre desde 1844. Pone en circulación resguardos provisionales de acciones, se asocia con órganos periodísticos y aprende el arte de conferir a las operaciones financieras la resonancia indispensable para seducir al público suscriptor. De consuno con Millaud adquiere el Journal des chemins de fer; más adelante asume participaciones en Le Pays y Le Constitutionnel. El Pitaval subraya la influencia decisiva del reclamo financiero en tales empresas, si bien sus valoraciones sobre los orígenes del banquero no pasan de ser prejuicios de autor ajenos al rigor histórico de los hechos.
La firma adopta la denominación de Caisse générale des chemins de fer (Caja General de Ferrocarriles). A partir de 1850, concentra capitales, carteras de colocación e ingentes proyectos industriales. Invierte en minas de carbón próximas a Marsella, en altos hornos, alumbrado de gas, desecación de terrenos ganados al mar y tendidos ferroviarios. Los proyectos transfronterizos amplían aún más su escala: ferrocarriles italianos, la línea de Pamplona a Zaragoza, un empréstito español y, por último, el empréstito otomano. El relato retrata una maquinaria en la que la captación dineraria y la propaganda pública marchaban con frecuencia a mayor velocidad que el avance real de las obras.
Las cifras del proyecto de los ferrocarriles romanos ofrecen la medida cabal de semejante audacia. Para tender cerca de seiscientos kilómetros de vía, la Caja prevé un capital de 175 millones de francos. La suscripción suscita una demanda muy superior a las 170 000 acciones disponibles. Mires distribuye títulos entre su propia sociedad, sus socios comerciales y el consejo de vigilancia; los particulares solo logran una fracción menor. Ulteriormente, recompra títulos por encima de su valor a la par, operación que el Pitaval evalúa en más de dos millones de francos. Al invertirse la tendencia del mercado bursátil, las cotizaciones se hunden, el flujo de suscripciones se agota y la entidad se ve forzada a allegar fondos con urgencia, precisamente cuando sus obras y compromisos contractuales exigen desembolsos continuos.
La crónica desvela a continuación el destino de los títulos confiados en depósito o entregados en garantía prendaria. Según la acusación pública, Mires y su socio Solar los enajenan sin mediar autorización legítima, haciendo creer a los depositantes que tales valores permanecen intactos en la cartera de la Caja. Diversas cartas circulares prometen liquidaciones y recompras diferidas; sin embargo, los extractos de cuenta facilitados a los clientes no siempre reflejan las ventas ya consumadas. La causa no se circunscribe, pues, al mero fracaso de inversiones de riesgo. La cuestión estriba en dilucidar si los administradores dispusieron de bienes ajenos como si fuesen de su entera propiedad.
Operaciones bajo examen pericial
La contienda sale a la luz pública cuando el barón de Pontalba, miembro del consejo de vigilancia, reclama 1,7 millones de francos en concepto de comisiones y dividendos no percibidos. Acusa a Mires y a Solar de malversación, de alterar los libros contables y de embaucar a los inversores. Tras una primera delación formal, presenta una querella ante el procurador imperial el 2 de diciembre de 1860. Se abre una instrucción; los registros son examinados y Mires es sometido a interrogatorio. Este desmiente los cargos, invoca los notorios servicios prestados a la industria nacional y califica el litigio de maniobra extorsiva para quebrar su posición.
Mires formaliza un arreglo privado con Pontalba; con todo, el pago de una suma superior al millón de francos no hace sino robustecer los recelos de la clientela. Entretanto, la Caja prosigue sus negocios. El capítulo asegura que la entidad se encontraba ya quebrantada por las malas colocaciones, las pérdidas bursátiles y las obligaciones acumuladas. El 17 de febrero de 1861, Mires es detenido e ingresado en la prisión de Mazas. Pocas semanas después, el tribunal de comercio decreta la disolución de la sociedad y designa a los liquidadores judiciales correspondientes.
El informe pericial contable conforma el armazón de la acusación. Redactado por el perito Monginot, el dictamen cataloga títulos liquidados indebidamente, ganancias asentadas en balance antes de haberse materializado y dividendos calculados sobre inventarios flagrantemente falseados. El ministerio público sostiene varios cargos: la venta de títulos depositados en confianza, la retirada de acciones a cambio de simples recibos provisionales, la emisión de certificados carentes de respaldo en lugar de las obligaciones suscritas y el reparto de beneficios reputados ficticios por los expertos. Mires rebate con ardor sus conclusiones y publica un alegato propio, titulado À mes juges, ma vie et mes affaires («A mis jueces: mi vida y mis negocios»). En él argumenta que las enajenaciones obedecían a imperiosas necesidades sociales y que los títulos eran bienes fungibles, susceptibles de ser restituidos por otros de idéntica naturaleza.
A lo largo de las vistas de junio y julio de 1861 declaran empleados, clientes y peritos. No pocos depositantes refieren haber descubierto la venta de sus valores solo a posteriori. Algunos hubieron de formular apremiantes reclamaciones para recuperarlos; otros se encontraron con saldos deudores calculados a partir de liquidaciones a precios arbitrarios. Un antiguo dependiente declara la existencia de una contabilidad reservada donde se consignaban ventas que jamás figuraron en las liquidaciones remitidas a los poderdantes. Los administradores replican que la casa gozaba de facultades para movilizar los títulos depositados a fin de sostener sus compromisos y que todos los clientes fueron debidamente indemnizados con posterioridad.
La declaración del cajero Roget resulta determinante en lo relativo a los títulos detraídos de la cartera. Asegura haber entregado las acciones a Mires y Solar mediando simples recibos manuales, sin el asiento reglamentario en los libros mayores. Confirma asimismo que parte de dichos títulos seguían figurando como activos disponibles en los balances elevados al consejo de vigilancia. Mires objeta que restituyó los documentos y que los peritos omitieron computar las operaciones subsiguientes. La controversia dista de ser abstracta: gravita en torno al momento de la retirada, el precio efectivo de venta, el importe de la recompra y las partidas que ingresaron en el patrimonio de la sociedad o en el peculio particular de los administradores.
Dos sentencias encontradas
El ministerio fiscal describe las operaciones como una urdimbre engañosa en la que la prensa partidaria, los balances simulados y los títulos en circulación sostenían una solvencia aparente desmentida por los libros. La defensa arguye que los grandes consorcios necesitan dotar de dinamismo a sus carteras, que la crisis de 1857 y los conflictos bélicos sacudieron el mercado y que Mires jamás pretendió enriquecer a sus socios en perjuicio de los inversores. En el plenario, Mires toma la palabra sin cesar, desacredita los cálculos periciales y exige un contraperitaje independiente, solicitud que el tribunal desestima de plano.
El 10 de julio de 1861, el tribunal correccional de París declara a Mires y Solar culpables de sendos delitos continuados de estafa y abuso de confianza, condenando a cada uno a cinco años de prisión y 3 000 francos de multa. Mires queda absuelto del cargo relativo a los beneficios del ferrocarril español. Ambos son declarados responsables civiles solidarios junto con el conde Siméon; los restantes miembros del consejo de vigilancia resultan exsueltos. Este pronunciamiento inicial distaba de cerrar el pleito: los condenados interpusieron recurso de apelación.
La alzada confirma inicialmente la sustancia del fallo condenatorio. Sin embargo, la denegación del nuevo examen contable acabará siendo determinante. La crónica refiere que el Tribunal de Casación anula la sentencia de apelación por quebrantamiento de forma procesal y remite los autos a otra sede judicial. Se abre así la vista ante el tribunal de Douai, donde Mires comparece de nuevo en el estrado reclamando con insistencia el contraperitaje. El cómputo cronológico impreso en la recopilación presenta una manifiesta discordancia en este punto, pues sitúa una resolución de casación con posterioridad al juicio de reenvío. El relato opta por preservar la sucesión rigurosa de las fases procesales sin atribuir una fecha incierta a dicho pronunciamiento.
En Douai, el 21 de abril de 1862, la sala vuelve a denegar el peritaje solicitado, pero absuelve con todos los pronunciamientos favorables a Jules Mires. El tribunal colige que los títulos entregados a la Caja poseían condición fungible, que los poderdantes podían ser válidamente resarcidos y que las operaciones encausadas no reunían los elementos típicos de los delitos apreciados en París. Se trata de una absolución formal de fondo que clausura las diligencias personales reseñadas en la compilación; Mires no volverá a pisar la prisión por esta causa.
El procurador general recurre entonces ante el Tribunal de Casación en el exclusivo interés de la ley. Este cauce procesal extraordinario faculta para rectificar una doctrina jurídica reputada errónea sin que el nuevo criterio pueda perjudicar a la persona definitivamente absuelta. La crónica refiere que la sala de Casación juzgó equivocada la hermenéutica adoptada en Douai, en particular sobre el régimen de los depósitos, los títulos en comisión y los certificados provisionales. No obstante, semejante censura no alteró en un ápice la situación jurídica de Mires, quien conservó íntegro el beneficio de su absolución. El compilador vierte duras invectivas contra el tribunal de Douai; tales aspavientos pertenecen a su fuero moral. El hecho procesal incontrovertible es que la censura doctrinal no modificó la libertad del encausado.
En aquel diciembre de 1860, los suscriptores habían acudido a retirar los títulos que debían consagrar la prosperidad de la Caja. La instrucción judicial sacó a la luz balances, escrituras y obligaciones cuyo alcance fue interpretado de manera antitética por los tribunales. París condenó con severidad; Douai absolvió de plano; Casación enmendó la doctrina sin tocar la sentencia absolutoria. La Caja, por su parte, quedó disuelta y liquidada. Aquellos millones proclamados a los cuatro vientos no eran ya más que asientos contables en disputa entre acreedores defraudados, clientes despojados y los hombres que un día rigieron sus destinos.