La policía encontró las velas encendidas. En el sótano de una casa de Clignancourt, la mesa aguardaba dispuesta con tinta, plumas afiladas y papel; junto a un poste provisto de una cadena se había colocado una silla. Se habían tomado la molestia de tapiar los respiraderos. Nada debía perturbar la labor exigida al visitante, ni siquiera la esperanza de que sus gritos alcanzasen el jardín. No se trataba, sin embargo, de arrancarle la confesión de un crimen. La viuda Morin pretendía hacerle firmar una serie de pagarés. Antes de conocer aquel sótano, Jean-Charles Ragouleau había recibido una invitación a almorzar.
Cinco años antes, sus caminos se habían cruzado con motivo de una casa en venta. El palacete Saint-Phar, en el bulevar Poissonnière, se hallaba en proceso de expropiación forzosa. Tanto Ragouleau como la viuda Morin deseaban adquirirlo; el 3 de abril de 1806, la mujer se impuso en la subasta por noventa y seis mil francos. Había ganado la puja, pero carecía de los fondos necesarios. Su antiguo competidor se convirtió entonces en su prestamista. Ragouleau le adelantó cien mil francos a cambio de una renta vitalicia constituida sobre varias cabezas de su familia. El dinero permitió saldar parte del precio y emprender reformas: la nueva dueña se proponía explotar una casa de huéspedes.
El inmueble arrastraba ya sus propias cargas. Debía atender otras rentas, amortizar ciertos capitales a la muerte de los rentistas y generar lo bastante para sostener semejante engranaje. El fallecimiento de uno de los beneficiarios hizo exigible una suma considerable. El acreedor negoció en un primer momento con la viuda y, más tarde, cedió su crédito a Ragouleau. Este se halló así en posesión de un segundo título, mientras los pagos de su propia renta comenzaban a llegar con irregularidad. Una propiedad puede parecer imponente a quien la contempla desde el bulevar; vista desde la notaría, se reduce a menudo a una sucesión de derechos ajenos.
Los litigios se reanudaron. Tras diversos acuerdos, el palacete fue vendido a Ragouleau mediante escritura de 18 de abril de 1811, por un precio de ciento sesenta y cinco mil francos, al que se añadía una suma destinada a costas. El precio principal quedó absorbido por los créditos y las cargas; la viuda solo percibió al cabo una fracción de la suma accesoria. Había comprado una casa, dirigido obras y confiado en asegurarse el sustento. Salía de ella con muchísimo menos dinero del que las cifras de la escritura habrían hecho suponer. Aquella diferencia entre el precio estipulado y el dinero percibido acabaría por convertirse en el núcleo de todas sus acusaciones.
Alegó que Ragouleau había ahuyentado a los inquilinos y desalentado a los compradores con el fin de obligarla a malvender. La crónica señala que los debates judiciales no corroboraron tales agravios y que los contratos fueron declarados legítimos. Para ella, sin embargo, el despojo tenía un autor concreto, y ese autor permanecía al alcance de una visita. Continuó tratándolo como a un consejero: le hablaba de caudales pendientes de inversión, le pedía parecer y le anunciaba su deseo de adquirir una finca de recreo. La confianza que fingía profesarle preparaba ya la coyuntura en la que pensaba reducirlo a la impotencia.
Su hija, Angélique Delaporte, vivía con ella. La joven contaba dieciséis años al fraguarse la conjura. La madre le había transmitido su certidumbre de haber sido expoliada; la hija prestaría su caligrafía a dicha certeza. En aquella empresa donde el dinero, los lazos familiares y el rencor se confundían sin remedio, resulta imposible discernir qué pesó más: el deseo de reparar la pérdida, el afán de librar a su madre de la humillación o el arrastre de un designio que dos personas acaban por juzgar razonable al no debatirlo con nadie más. La documentación judicial permite seguir los preparativos, pero no desvela el misterio de sus impulsos más íntimos.
Una tercera mujer estaba al corriente del plan. Jonard era, desde hacía tiempo, la confidente de la viuda. En septiembre, esta le anunció que una invitación conduciría por fin a Ragouleau a la casa dispuesta para él. Jonard resolvió poner sobre aviso al interesado. Estando enferma, se hizo transportar a su domicilio, pero él se hallaba en sus tierras de Essonne. Envió entonces a una amiga, la viuda Petit, para que le transmitiera la advertencia. Ragouleau regresó de inmediato a París y halló en poder de su portero la carta en la que se le invitaba a almorzar. La alarma había precedido a la misiva; la coincidencia otorgaba a aquella confidencia un peso que una simple disputa de comadres jamás habría tenido.
Acto seguido, Jonard acudió a la policía. Según su declaración, Ragouleau debía ser conducido a una bodega, atado y obligado a suscribir pagarés por una suma cuantiosa, para ser asesinado después. Describió con detalle los preparativos, las cartas conservadas para cotejar su caligrafía y las amenazas previstas. Este último extremo —el propósito de darle muerte— sería siempre negado por la madre y la hija: ambas reconocerían la extorsión, jamás la voluntad homicida. La policía no aguardó a comprobar cuál de las dos versiones se materializaba. Se acordó una nueva cita para el 2 de octubre. Ragouleau se presentó, declinó el almuerzo servido y propuso partir de inmediato.
Angélique alquiló un carruaje. A la altura de la barrera de La Villette, los agentes rodearon el coche y condujeron a ambas mujeres a las dependencias del fielato. La excursión campestre concluía ante un comisario. Angélique alegó que se dirigían a inspeccionar una finca cerca de Montmartre; llevaba en la mano un pañuelo cuyo contenido despertó sospechas. En su interior se hallaron quince pagarés redactados con el nombre del beneficiario en blanco: catorce de veinte mil francos y uno de diez mil. Había asimismo una minuta modelo, tres cartas de Ragouleau y un sobre con las instrucciones que pensaban imponerle.
La muchacha reconoció haber redactado los pagarés y el pliego conminatorio. Explicó que un hombre las había despojado sin que ellas pudieran probarlo, y que pretendían arrancarle una restitución que, del mismo modo, no pudiera demostrarse en su contra. De este modo, la impunidad imputada al adversario se convertía en la norma de su propia empresa. El escrito situaba a Ragouleau ante la disyuntiva de firmar o morir, concediéndole un breve plazo para decidirse. Su caligrafía sería cotejada con la de sus cartas. La violencia había previsto hasta sus propios tropiezos: era indispensable que la firma arrancada bajo coacción conservase la apariencia de un acto voluntario.
La inspección ocular en Clignancourt corroboró gran parte de las informaciones. Las troneras del sótano habían sido tapiadas; los aperos destinados a inmovilizar a un hombre y obligarlo a escribir se encontraban en sus puestos. Dos criados recién contratados, Lucie Jacotin y Nicolas Lefèvre, fueron arrestados. Declararon haber obedecido a su señora, quien pretendía vengarse de un individuo al que acusaba de haberle quitado su dinero. Conducida a la bodega, Angélique reconoció el destino de la cadena, las sogas y las armas. Mantuvo, no obstante, que solo debían servir para amedrentar a Ragouleau, sin intención alguna de causarle daño físico.
Ofreció asimismo una explicación sobre los importes. Doscientos mil francos bastaban, afirmó, para consumar la restitución; los pagarés suplementarios permitirían desechar aquellos cuyos trazos delatasen los signos de la coacción. La viuda comenzó por negarlo todo, para admitir poco después el plan de extorsión. Sobrevino entonces un movimiento inverso al que las había unido contra Ragouleau: cada una pretendió asumir en solitario la autoría de la trama. Angélique se presentó como la instigadora; su madre reclamó dicha responsabilidad atribuyéndola a la desesperación. Juntas habían urdido falsificar la voluntad ajena. Ante el tribunal, se disputaban su propia confesión.
Ante el tribunal de lo criminal del Sena, la defensa esgrimió en particular que los actos preparatorios no constituían un principio de ejecución. El jurado consideró, por el contrario, que existía una tentativa de extorsión interrumpida por circunstancias independientes de la voluntad de las acusadas. El 11 de enero de 1813, madre e hija fueron condenadas a veinte años de trabajos forzados y a la pena de exposición pública en la picota. Su recurso de casación fue desestimado. Los criados, absueltos por la sentencia a pesar del veredicto del jurado que los declaraba cómplices, vieron impugnada dicha resolución por el ministerio público: el Tribunal de Casación los remitió ante el tribunal de lo criminal de Versalles. La crónica no consigna su destino final.
Ragouleau no llegó, pues, a estampar su firma en ninguno de los pagarés preparados. Salvó la vida, y los objetos del sótano abandonaron la mesa para ingresar en un sumario. Jonard, que había impedido que la trampa se cerrase, no salió del lance con una reputación intachable: el cronista sospechaba de sus móviles interesados sin lograr esclarecerlos plenamente. Subsiste una certidumbre entre tantas intenciones controvertidas: Angélique se había empeñado en que los trazos arrancados por la fuerza imitasen la soltura de una mano libre; a la justicia le bastó con reconocer la suya propia en los papeles ocultos bajo el pañuelo.