En Gorea, el 10 de julio de 1782, Benjamin Armstrong fue apartado de las filas, despojado de sus ropas y atado a la cureña de un cañón. El gobernador Joseph Wall había ordenado formar un círculo alrededor del patio de armas. Varios hombres negros, ajenos al regimiento, fueron conducidos allí para administrar el castigo. Se relevaban en turnos de veinticinco golpes. La cuenta alcanzó los ochocientos. Según diversos testigos, Wall apremiaba a los hombres a azotar con mayor saña y gritaba que era preciso abrir las carnes de Armstrong «hasta el corazón y el hígado». El sargento imploró clemencia. Consumado el suplicio, llegó al hospital por su propio pie; murió cinco días después. Veinte años más tarde, el gobernador comparecía acusado de haber ordenado un asesinato.
El proceso no se abrió con la crónica de un latigazo aislado. Sentaba en el banquillo a un comandante y a la guarnición de la isla de Gorea, frente a las costas africanas. La tropa había sufrido una merma prolongada en sus raciones durante meses. El pagador, Dearing, debía embarcar hacia Inglaterra al día siguiente en compañía del gobernador. Los soldados querían liquidar los haberes debidos por dicho periodo antes de que el océano los separase de aquel que administraba sus cuentas. La acusación sostuvo que acudieron en reiteradas ocasiones a la residencia del pagador, sin violencia alguna, para reclamar lo suyo. La defensa pintó, en cambio, a una multitud amenazante que exigía la apertura de los almacenes y advertía con forzarlos ella misma.
Las versiones chocaron desde la primera escena. Evan Lewis declaró que Armstrong había saludado a Wall, sombrero en mano, y explicado que los soldados deseaban hablar con el pagador. Tras la orden del gobernador, se retiraron. Lewis no oyó palabras irrespetuosas ni vio atisbo de motín. La señora Lacy, viuda de un capitán, prestó testimonio opuesto: aseguró haber oído a Armstrong amenazar con saquear los almacenes si no se concedía la paga. Según ella, los hombres regresaron en tropel vociferando que no abandonarían la isla sin cobrar. Un suboficial refirió que habían insistido en varias ocasiones y que Armstrong, Paterson y Upton habrían proferido amenazas abiertas.
El lapso transcurrido entre el reclamo del dinero y el castigo quedó en penumbra. El fiscal recalcó que no constaba examen alguno del incidente matutino antes de ordenar los azotes al caer la tarde. El testigo Lewis relató que vio a Wall golpear a un hombre de la guardia, arrebatarle la bayoneta y mandar llamar a la tropa a golpe de tambor. Los hombres acudieron desarmados. Se formó un círculo y los oficiales deliberaron brevemente. Lewis vio a Armstrong formarse en filas, ser llamado al frente, desnudado y atado al cañón. No presenció procedimiento alguno donde el reo pudiese alegar en su defensa. Otro soldado, Roger Moore, sostuvo que sí hubo consejo de guerra: los oficiales habrían debatido y, acto seguido, el capitán Lacy le habría notificado la sentencia de ochocientos azotes. Pero Moore añadió que jamás había visto constituir un consejo de guerra de semejante guisa, y que Armstrong fue llamado, inculpado y maniatado en cuestión de minutos.
El propio método punitivo fue objeto de disputa. Diversos testigos hablaron de una maroma gruesa, no del gato de nueve colas reglamentario. Se recurrió a hombres negros traídos de fuera del regimiento para azotar al sargento; uno de los testigos explicó que un intérprete debió indicarles cómo proceder. Varios soldados señalaron que cada uno asestaba veinticinco golpes antes de ceder su puesto al siguiente, hasta consumar los ochocientos. Las descripciones del tormento diferían. Algunos oían los alaridos y constataban la gravedad de las heridas; el cirujano Ferrich reconoció que el castigo había provocado la muerte y que el riesgo de tal desenlace era extremo. Con todo, no se opuso a Wall mientras el suplicio tenía lugar.
El cirujano recordó que Armstrong sobrevivió hasta el 15 de julio y que expiró en el hospital. Consideraba los azotes la causa directa de la muerte. Su autopsia reveló equimosis de gran extensión y escasas laceraciones abiertas; explicó que la cuerda machacaba las carnes con mayor profundidad que un látigo, el cual desgarra la piel. Este dictamen pericial resultaba decisivo para vincular la orden de castigo con el óbito posterior. No zanjaba, empero, la cuestión cardinal de la vista: ¿había ejercido el gobernador una potestad disciplinaria legítima frente a una sedición, o había impuesto, sin sumario válido, una pena cuya consecuencia fatal era de suyo previsible?
Wall no fue juzgado en Gorea. Abandonó la isla rumbo a Inglaterra al día siguiente de los azotes. En 1784, el Consejo Privado libró una orden de arresto en su contra. Según el alegato inicial del fiscal, Wall burló al emisario real en una posada de Reading y fue declarado prófugo; se ofreció una recompensa de doscientas libras por su captura. El propio ministerio público recordó que en 1802, casi dos décadas después de los hechos, varios oficiales que habrían podido testificar en su descargo ya habían muerto. La dilatada distancia temporal entre el acto y el juicio constituía una variable de la prueba tanto como un elemento de la trama: recuerdos marchitos, testigos desaparecidos y una presunta huida se entrelazaban con la imagen del orden militar.
La defensa citó a la señora Lacy, quien afirmó haber presenciado los disturbios y sostuvo que se convocó un consejo de guerra tras las amenazas. Aclaró que los látigos reglamentarios habían sido inutilizados y que el gobernador temía por su vida; por ende, los hombres encargados de azotar habrían sido escogidos fuera de filas porque los tambores, implicados en la insubordinación, no podían ejecutar la pena. Los testigos de moralidad ensalzaron luego la figura de Wall. Oficiales que lo habían tratado décadas atrás lo retrataron como un caballero recto y humano; un clérigo que coincidió con él en Italia lo describió como esposo solícito y padre tierno. Estas semblanzas contrastaban con las declaraciones sobre los azotes, pero en nada alteraban lo acaecido aquella jornada en Gorea.
Peter Williams aportó a la defensa un testimonio que poco tenía que ver con el cuadro trazado por el cirujano. Aseguró que, tras los ochocientos golpes, Armstrong caminó hacia el hospital sin ayuda, con la camisa echada sobre los hombros. Afirmó asimismo haber visto a los oficiales reunidos en consejo de guerra en el interior del círculo, aunque no oyó lo que decían al sargento. Lacy habría abandonado luego el corro para dar parte al gobernador. Esta declaración hacía existir una corte marcial por la mera presencia de los hombres congregados y sus movimientos; no permitía, sin embargo, vislumbrar descargo alguno que Armstrong hubiese podido formular.
El jurado se retiró cerca de tres cuartos de hora. A su regreso, el portavoz, visiblemente conmovido según las crónicas, pronunció el veredicto con voz queda y vacilante: culpable. Veinte años mediaban entre la orden impartida en la plaza de armas y aquella respuesta ante el tribunal. Wall había zarpado de la isla al amanecer siguiente al suplicio; Armstrong había quedado postrado en el hospital, donde murió antes de concluir la semana. Durante días, los testigos debatieron sobre un gobernador, una corte marcial, las ordenanzas y un motín. El veredicto redujo la orden dictada en Gorea a la estricta responsabilidad personal del hombre que la había mandado ejecutar.
Wall obtuvo dos suspensiones de pena, pero fue ajusticiado el 28 de enero de 1802. La reseña del Museo Británico dedicada a una caricatura de aquel año confirma este desenlace, omitido en el extracto de Borrow. El antiguo gobernador había zarpado de Gorea dejando al sargento agonizar a causa de sus heridas; casi veinte años más tarde, la justicia dio alcance a quien había ordenado los azotes.