En 1413, en los albores del reinado de Enrique V, John Oldcastle, señor de Cobham, se halló desgarrado entre dos lealtades que los poderosos de su tiempo consideraban irreconciliables. Era caballero, noble y allegado del monarca; pero también pasaba por proteger a los lolardos, aquellos predicadores y devotos a los que la Iglesia anatematizaba. En la crónica de George Borrow, el asunto principia con una asamblea eclesiástica convocada en Londres por Thomas Arundel, arzobispo de Canterbury. La acusación no atañía únicamente a cuestiones doctrinales: se le reprochaba a Oldcastle haber amparado a predicadores en diversas diócesis y haberles provisto de mesnadas armadas, desafiando las resoluciones de la Iglesia. El diferendo espiritual cobraba ya la forma de una flagrante perturbación del orden público.
Los cargos versaban sobre el sacramento de la misa, las penitencias, las peregrinaciones, las imágenes piadosas y la autoridad misma de las instituciones religiosas. Ciertos prelados eran partidarios de obrar de inmediato e incoar un proceso sumarísimo por herejía contra Oldcastle. Otros estimaban imprudente acometer de frente a un varón de tan esclarecida cuna y tan favorecido por su soberano. Prevaleció la templanza de someter el caso al propio Enrique. Tal diligencia encomendaba al monarca una tarea harto espinosa: respaldar a un antiguo compañero de armas sin desairar a los obispos y salvaguardar la paz del reino sin convertir un contencioso canónico en una querella palaciega.
Enrique mandó llamar a Cobham y le aconsejó encarecidamente someterse al dictado eclesial. Conforme a Borrow, le otorgó tiempo para meditar y le persuadió de que prefería devolverlo al redil de la unidad antes que entregarlo al rigor del castigo. Semejante admonición constituía a la vez una gracia y una postrera vía para el avenimiento. Oldcastle rehusó. Sostuvo con vehemencia sus convicciones y arguyó que únicamente debía responder ante Dios, negándose a reconocer a aquellos prelados como árbitros legítimos de su fe. A partir de aquel instante, su privanza regia cesó de servirle de escudo: no lograba ya sino dar un eco más estrepitoso a su desobediencia.
En el castillo de Leeds, donde Cobham tenía su morada, el primer ejecutor enviado a notificarle el emplazamiento no logró franquear el zaguán: ¿con qué derecho penetraba en el feudo de un noble sin su venia? El alguacil hubiese de marcharse de vacío. Ante la afrenta, Arundel mudó de enviado. John Buller, ujier de la cámara regia, compareció en nombre del soberano y logró franquear los batientes. Narra la relación que conminó a Cobham asegurándole que Enrique aguardaba su acatamiento a la cédula judicial. Cobham persistió en su denegación, sospechando que los clérigos esgrimían el nombre regio como señuelo para conducirlo a juicio.
El primado renunció entonces a la vía privada. A partir de aquel trance, el llamamiento público no escatimaría miramientos: los mandamientos fueron fijados en las grandes puertas de la catedral de Rochester. Los partidarios de Cobham los desprendieron con presteza. Volvieron a ser fijados; tornaron a desaparecer. Con anterioridad a todo debate teológico, el procedimiento hubo de estrellarse contra portalones cerrados y pergaminos reducidos a andrajos. El señor al que los prelados pretendían sentar en el banquillo disponía todavía de vasallos para despedir a los oficiales y de secuaces para borrar sus edictos. Con todo, la captura terminaría por consumarse, viéndose arrastrado ante la corte. Ya no le asistiría la prerrogativa de replicar despidiendo a un ujier.
El arzobispo le intimó a revocar sus aseveraciones y reconciliarse con la madre Iglesia. Oldcastle permaneció inexorable. Adujo que prefería la muerte antes que perjurar contra los fueros de su conciencia. Habiendo Oldcastle rechazado todo ápice de rectificación, Arundel leyó la sentencia inapelable: se le condenaba en calidad de hereje convicto y se le relajaba al brazo secular, «para que proceda a darle muerte», según reza la cláusula que traslada Borrow. Con todo, el monarca le había concedido con anterioridad un plazo de reflexión y lo había puesto bajo custodia en la Torre; el relato precisa que permaneció allí recluido algún tiempo tras la condena, hasta que consumó su fuga.
Permaneció escondido unos cuatro años en tierras de Gales, al decir de Borrow. Desde Londres resultaba ya imposible hacerle llegar cédula alguna. No obstante, a su nombre no tardó en vincularse una imputación harto más grave, que habría de cerrarle el camino del perdón con idéntica crudeza que la previa excomunión.
El gobierno no vaciló en vincular a Cobham con un complot insurreccional. Borrow consigna que un grupo de conjurados se concentró en Saint Giles in the Fields, en los aledaños de Londres, y que la refriega fue considerada un alzamiento sedicioso contra la Corona. El texto no esclarece con pruebas independientes qué parte correspondía a un designio concertado por Cobham y qué parte fue fruto de las sospechas gubernamentales. No obstante, la intentona armada devino el pretexto capital para que la incriminación por delito de lesa majestad eclipsara a la de herejía. El prófugo que había desacatado al consistorio eclesiástico y quebrantado los cerrojos de su celda era considerado a partir de entonces un enemigo del Estado.
La aprehensión definitiva hubo de postergarse y sobrevino en el principado de Gales, en la comarca de Powis. Sir John Grey, señor de Powis por gracia de su enlace matrimonial, congregó sus huestes en cuanto se supo que Cobham se guarecía en sus heredades. Borrow relata que el fugitivo trabó un combate encarnizado y que cayó herido antes de rendirse. El pormenor reviste peso capital: el dignatario a quien la corte procuró en un inicio encauzar mediante la persuasión retornaba a Londres escoltado por guardas, postrado en unas andas tras un trance de sangre. Ya no volvía como un noble citado a rendir cuenta de sus dogmas, sino como un reo cuya evasión y rebeldía armada conformaban los pilares de una causa criminal de índole estrictamente política.
Hallábase a la sazón el Parlamento reunido en Londres, y los notables acordaron suspender su clausura hasta que Cobham fuera examinado. Conducido a la presencia del duque de Bedford, regente en ausencia del rey, escuchó la lectura del libelo que le acusaba de la conjura de Saint Giles y de felonía consumada. Lejos de defenderse al tenor de las fórmulas acostumbradas, peroró sobre la soberana misericordia de Dios y afirmó que la vindicta pertenece únicamente al Altísimo. El juez le atajó, conminándole a contestar de modo directo a las acusaciones. Cobham proclamó entonces que no reconocía autoridad alguna en aquel tribunal, toda vez que Ricardo II, su rey legítimo a sus ojos, vivía aún y hallábase refugiado en Escocia.
Semejante aserto selló su destino: Bedford y los pares apreciaron en ello la negativa categórica a someterse a Enrique V. Consigna Borrow que Cobham fue condenado a ser arrastrado sobre un zarzo, ahorcado y quemado, sentencia que se cumplió en el paraje de Saint Giles el 14 de diciembre de 1417. El compilador rescata del cronista Walsingham las últimas palabras que el ajusticiado habría dirigido a sir Thomas Erpingham: si resucitaba al tercer día, le instaba a interceder para que sus adeptos profesaran su doctrina en paz y sosiego. Tal memoria proviene de la pluma de un cronista eclesiástico, mas no constituye certidumbre del pensamiento íntimo del reo. Una cadena de hierro le ciñó el talle; el patíbulo ardió juntamente con sus despojos. Aquellos que habían arrancado las requisitorias en Rochester habían logrado hacer jirones unos edictos de papel, mas no pudieron impedir que la potestad del reino aprehendiera al hombre.