Cuando Francis Bacon escribió a los pares que era «una caña quebrada», ya no pretendía defenderse caso por caso. Acababa de admitir que las acusaciones de corrupción, consideradas en su conjunto, estaban fundadas. Pocas semanas antes, el lord canciller de Inglaterra ocupaba el centro de una institución en la que los litigantes confiaban en alcanzar justicia. Ahora, la Cámara de los Lores le exigía rendir cuentas por dádivas recibidas mientras los pleitos aún se hallaban pendientes de resolución.
El primer testimonio que llegó a los Comunes se cifraba en una suma de cien libras. Awbrey sostenía un litigio ante la cancillería; fatigado por las dilaciones, tomó el dinero a préstamo y acudió a Gray’s Inn junto con Sir George Hastings y el señor Jenkins. Ambos caballeros entregaron la suma a Bacon. Al salir, aseguraron a Awbrey que el canciller le agradecía el gesto y le garantizaba el éxito de su pretensión. Sin embargo, la orden dictada en su causa le resultó contraria. Hastings reconoció haber llevado el dinero y haber señalado que su propósito era favorecer a Awbrey. La promesa, si es que se formuló en los términos entendidos por el peticionario, no había servido para comprar la resolución esperada.
La queja de Edward Egerton añadía un escenario distinto y una cuantía más gravosa. Tras haber ofrecido a Bacon una pieza de orfebrería tasada en cincuenta y dos libras, le remitió cuatrocientas libras por conducto de Hastings y de Sir Richard Young, en un momento en que su pleito continuaba sustanciándose. Se le refirió que el canciller vaciló al principio, juzgando la dádiva excesiva, mas acabó aceptándola en concepto de gratitud por servicios pretéritos. Egerton afirmó haber sabido que el magistrado se comprometía a favorecerlo en sus justas pretensiones. Los emisarios confirmaron el traslado de la bolsa, si bien sostuvieron ignorar qué contenía.
El diferendo de Egerton ya se hallaba enredado en una tupida trama de fianzas, arbitrajes y mediadores. Se había impugnado una sentencia de Bacon, y una obligación de seis mil marcos debía vincular a las partes a su laudo. Ante la negativa de Edward Egerton a acatar el fallo arbitral, Sir Rowland entabló una acción judicial para compeler su cumplimiento. Se afirmó que un eclesiástico, el doctor Field, propuso más tarde a Egerton gestionar ciertas influencias ante Bacon, prometiendo que una suma considerable se repartiría entre quienes intercedieran por su causa. Durante la pesquisa, un intermediario admitió no recordar la cifra exacta, pero aseguró que superaba con creces lo que un pleito podía merecer ante tribunal alguno. Los guarismos no revelaban un simple regalo: dibujaban un segundo proceso clandestino en torno al primero.
Los comisionados convocaron a Hastings. Conforme a su testimonio, según lo refiere Borrow, Bacon lo habría hecho pasar a solas para rogarle que disuadiera a Awbrey de interponer queja alguna, valiéndose de su ascendiente sobre él. Hastings exhibió la petición ante el canciller; este prometió administrar justicia, pero Awbrey jamás halló reparación. Cuando Hastings le advirtió con posterioridad que tendría que asumir la responsabilidad del asunto, Bacon replicó que lo negaría bajo palabra de honor. Eran aseveraciones de extrema gravedad, vertidas por un hombre que había transportado personalmente los caudales: los Comunes debían juzgar tanto los presentes del canciller como el crédito que merecían los intermediarios encargados de llevarlos.
Las dos quejas iniciales no tardaron en verse acompañadas por otras. A propósito de Lady Wharton, un escribano de la cancillería declaró que la dama lo había llevado en su carruaje a casa de Bacon para demorar el asiento de un auto que habría puesto término a sus pretensiones. Con posterioridad, obtuvo audiencia y un decreto favorable. Otro testigo sostuvo que la dama entregó cien libras en una bolsa labrada por sus propias manos, y luego doscientas más antes de que se concluyera la redacción del decreto. Borrow recoge una chanza atribuida a Bacon sobre cuán difícil resultaba rehusar la labor de tan hermosa señora; en esta crónica, la ligereza del donaire no disimula la consecuencia denunciada: el dinero había precedido al fallo.
Sir John Trevor, otros litigantes y diversos individuos cuyos nombres constaban en los autos fueron mencionados a su vez. Los escribanos y sirvientes dieron cuenta de presentes que ascendían a varios centenares de libras, piezas de plata, un bargueño, muebles, préstamos sin interés y sumas desembolsadas con posterioridad a las sentencias. Bacon intentaría más tarde distinguir entre lo que consideraba recibido tras la conclusión de una causa, lo que calificaba de préstamo y lo que reconocía haber aceptado mientras el procedimiento seguía abierto. Esta distinción acaso tuviera peso en su descargo personal, pero no remediaba la postración de un tribunal donde los justiciables se preguntaban qué obsequio sería tomado como pura gratitud y cuál como el precio necesario de una audiencia.
El 19 de marzo, cuando los lores abordaron la causa, Bacon les escribió alegando hallarse demasiado enfermo para asistir a las deliberaciones. Suplicó a los pares que conservaran una opinión favorable hacia su persona hasta que se escuchara la acusación, que se le concediera plazo para consultar letrados y formular respuesta, y que se le permitiera recusar a los testigos. Recordó asimismo la ingente cantidad de providencias que dictaba cada año y el peligro de que la acumulación indiscriminada de quejas bastara para condenarlo. La Cámara respondió manifestando su propósito de atenerse a las reglas de la justicia e instándolo a preparar su defensa.
El 24 de abril, el príncipe presentó a los lores una sumisión remitida por Bacon. Manifestaba haber hallado en los cargos trasladados motivo bastante para desistir de su defensa y someterse al juicio de la Cámara. Sin embargo, evitaba todavía confesar ningún cohecho concreto; no precisaba de qué modo había tenido noticia de cada acusación y parecía atenuar la gravedad de algunas de ellas. Los lores juzgaron insuficiente su confesión. Al día siguiente, le exigieron una determinación categórica: o se defendía, o confesaba de plano.
Bacon optó por la confesión, con una salvedad. Admitiría cada uno de los artículos, arguyó, mas solicitaba la venia de corregir aquellos extremos donde el cargo excediera a los hechos probados. Los pares le concedieron plazo hasta el 30 de abril. En su detallado memorial, reconoció haber recibido dádivas de litigantes con pleitos en curso, en particular en las causas de Egerton, Wharton, Trevor, Fisher y Hansby. Confesó igualmente los presentes recibidos tras ciertas providencias y diversos préstamos concedidos sin interés, si bien continuó sosteniendo que ciertos efectos habían sido tasados en exceso o que determinadas sumas constituían verdaderos empréstitos. Reconoció la culpa de las exacciones cometidas por sus criados, al no haber velado debidamente sobre ellos. En conclusión, admitió que, aun ateniéndose a su propia relación de los hechos, concurrían en su proceder sobrada corrupción y negligencia.
Una comisión de pares acudió a preguntarle si reconocía aquel pliego de sumisión como obra propia y si se ratificaba en él. Respondió que era su acto, de su puño y de su corazón, y volvió a compararse con la caña quebrada. La Cámara entendió en estas palabras el abandono formal de toda defensa. El rey ordenó entregar el gran sello a otro magistrado el 1 de mayo. El 3 de mayo, los Comunes instaron formalmente a los lores a dictar sentencia contra el antiguo canciller. Bacon, postrado en su lecho por la enfermedad, no compareció en persona.
La condena fue severa: cuarenta mil libras de multa, reclusión en la Torre a merced de la voluntad regia, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y formar parte del Parlamento, y prohibición absoluta de aproximarse a la corte. Jacobo I dispuso su excarcelación tiempo después y le asignó una pensión. Un indulto ulterior extinguió las incapacidades y el resto de las penas accesorias. Con todo, Bacon no volvió a ocupar su escaño; sus quebrantos de salud se lo impidieron, y halló la muerte en 1626. Awbrey se había visto obligado a pedir prestadas las cien libras que llevó al canciller, y no por ello dejó de recibir una providencia desfavorable. En aquella queja primigenia residía ya toda la desventura del litigante: haber pagado con la vana esperanza de obtener una justicia que no debía comprarse, para luego verse compelido a denunciar su propio desembolso a fin de ser, al cabo, escuchado.