En Castlebar, el viernes 9 de junio de 1786, George Robert Fitzgerald fue conducido a la sala de audiencias a las ocho y media de la mañana. Lo inusual de la hora revelaba ya la gravedad del juicio: la acusación no versaba sobre un acto aislado, sino sobre la muerte de Patrick Randal M’Donnell al término de una prolongada cadena de hostilidades, un arresto controvertido y un supuesto intento de rescate armado. Fitzgerald se había declarado inocente en abril. Recusó a quince miembros del jurado; el fiscal general, por su parte, apartó a quienes constaban como allegados del difunto. En este pormenor procesal, Borrow subraya un celo por la imparcialidad poco común. La crónica da paso entonces a la voz de Gallagher: testigo, superviviente y hombre consciente de que habrá de responder por aquello que no vio.
M’Donnell y Fitzgerald residían a escasa distancia en el condado de Mayo. Gallagher refiere que las disputas entre ambos eran constantes. Unos dieciocho meses atrás, un disparo efectuado desde una ventana de la mansión de Fitzgerald había herido a M’Donnell en una pierna. Cierto individuo fue encausado por dicha agresión y finalmente absuelto; Gallagher conjetura que Fitzgerald hizo entonces extensivo su rencor a M’Donnell, a Charles Hipson y a sí mismo, por haber colaborado en la búsqueda del tirador. Se trata de su apreciación subjetiva, prestada bajo juramento, y no de una deducción fáctica del cronista. Con todo, confirió a la tragedia del 20 de febrero un trasfondo que la acusación estimaba ineludible.
Aquella mañana, M’Donnell e Hipson rogaron a Gallagher que los acompañase a Chancery Hall, la finca de campo del primero. M’Donnell, según se expone, rehusaba seguir viviendo en las inmediaciones de Fitzgerald y había tomado aposentos en Castlebar. No obstante, acudieron a la heredad para impartir instrucciones a la servidumbre. Al tener noticia de su presencia, Fitzgerald despachó a una partida provista de una orden de detención librada, a decir de Gallagher, por una supuesta agresión. El origen de dicho mandamiento resultaba espinoso: el testigo lo califica de maniobra furtiva ante un magistrado que, con posterioridad, habría sido despojado de su cargo. Los cautivos adujeron que la infracción imputada admitía fianza y reclamaron comparecer de inmediato ante un juez de paz. La petición les fue denegada.
Al advertir los tres jinetes que eran perseguidos, se refugiaron en una casa apostada junto al camino. Gallagher persuadió a M’Donnell de ocultarse bajo una pila de malta. La partida de Fitzgerald se personó en el lugar, abrió fuego en reiteradas ocasiones contra el edificio e irrumpió en él. Registraron la vivienda y sus dependencias, hallaron a M’Donnell y lo apresaron. Los tres prisioneros fueron conducidos, maniatados, hasta Rockfield, la hacienda de Fitzgerald. Gallagher señala que a M’Donnell se le consintió permanecer a caballo debido a su pierna maltrecha, mientras que Hipson y él fueron atados el uno al otro. Se les reiteró que era demasiado tarde para comparecer ante magistrado alguno. Pasaron la noche en la casona bajo estricta custodia, sometidos a toda suerte de vejaciones. La detención, a tenor de este testimonio, distaba ya por completo de cualquier diligencia legal legítima.
A la mañana siguiente, un pelotón armado aguardaba en el exterior. Gallagher sostiene haber oído a Fitzgerald ordenar a Andrew Craig que custodiase a los cautivos y abriese fuego sobre ellos a la menor tentativa de auxilio ajeno. Apenas habían avanzado unos cientos de metros cuando Craig gritó: «¡Al rescate!». De inmediato partió un disparo por la retaguardia, que mató a un guardia e hirió a otros varios. La fusilería se generalizó. M’Donnell fue alcanzado en un brazo; Hipson y Gallagher cayeron heridos. El corcel de M’Donnell lo arrastró un trecho más lejos, hasta que un piquete apostado en una encrucijada le cortó el paso. Craig descerrajó varios tiros a quemarropa sobre el cuerpo de M’Donnell. Gallagher añade que remataron al moribundo a golpes de culata. Los mismos hombres abrieron fuego a continuación contra Hipson. Gallagher, agazapado entre unos helechos, salvó la vida cuando alguien advirtió que la consigna no ordenaba su muerte. Fue conducido de vuelta a Rockfield, donde sus allegados lograron socorrerlo.
Gallagher no asegura haber visto a Fitzgerald disparar. Interrogado de forma taxativa, contestó que no vio al prisionero hacer fuego sobre M’Donnell ni golpearlo en persona. Sí lo había visto en Rockfield al partir la comitiva, con un trabuco bajo el brazo, y lo había escuchado impartir la orden a Craig. La precisión es de suma relevancia: el ministerio fiscal no debía probar meramente que Fitzgerald hubiese participado en la balacera; debía cimentar su responsabilidad en la resolución previa que la había hecho posible.
Craig, antiguo criado de Fitzgerald, aportó la pieza incriminatoria capital. El 20 de febrero, según su versión, Fitzgerald le encomendó apresar a M’Donnell, Hipson y Gallagher al amparo del mandamiento y trasladarlos a Rockfield. Al día siguiente, Fitzgerald, Timothy Brecknock, John Fulton y el propio Craig habrían concertado un plan alternativo: una falsa tentativa de rescate, urdida para brindar el pretexto legal de abatir a M’Donnell. A Craig le correspondía dar la señal convenida; varios hombres abrirían fuego desde la retaguardia. Otro tirador debía disparar contra la propia escolta de Fitzgerald para infundir verosimilitud a la celada ante los ojos de testigos no iniciados. Se distribuyeron destacamentos en los pasos para frustrar la huida de M’Donnell. Craig reconoció haber disparado contra este una vez que la montura lo hubo descabalgado. Afirmó bajo juramento que el supuesto auxilio exterior era una patraña absoluta concebida con el único fin de encubrir el homicidio.
Semejante testimonio resultaba demoledor, si bien emanaba de un individuo confeso de su propia culpa. El proceso no soslayó tal dificultad. Craig reconocía su intervención material y señalaba a Fitzgerald como el cerebro de las órdenes impartidas. El interrogatorio le obligó a deslindar quiénes estaban al corriente de la conjura de aquellos que creían limitarse a custodiar a unos presos. Gallagher, el superviviente, corroboraba haber escuchado la orden inicial, mas no podía atestiguar la autoría del disparo letal. Múltiples pormenores coincidían; otros pendían de la credibilidad que mereciesen unos cómplices manifiestamente interesados en presentar la jerarquía de la trama bajo una luz conveniente. Esta tensión procesal dominó la sala: correspondía determinar si una orden escuchada con anterioridad a la marcha bastaba para vincular al crimen a quien no fue visto empuñar el arma ejecutora.
La defensa de Fitzgerald interrogó con rigor a los declarantes sobre la presencia física de su patrocinado. Gallagher reiteró no haberlo visto más que en Rockfield, tras la detención. En lo concerniente al homicidio en sí, el letrado inquirió si Fitzgerald había disparado sobre las víctimas. Craig respondió que no lo creía: la resolución previa estipulaba que él mismo quitaría la vida a M’Donnell, o se cercioraría de que un tercero lo hiciera. Tal respuesta no exoneraba forzosamente a Fitzgerald; disociaba el acto material de la planificación criminal imputada. La acusación se afianzó precisamente en dicha escisión para argumentar que el instigador es penalmente responsable sin necesidad de haber apretado el gatillo.
Concluidas las testificales de la Corona, se invitó a Fitzgerald a exponer su descargo. El acusado delegó la palabra en sus letrados, quienes promovieron varios testigos para demostrar que se hallaba ausente en el instante preciso de las muertes. La defensa redujo el debate a una ausencia física comprobada; la acusación lo recondujo a las órdenes imperativas que habrían precedido a dicha ausencia. Los declarantes podían dar fe del paradero de Fitzgerald, mas ello no refutaba, a juicio de las actas, el designio concertado que describiera Craig.
En sus instrucciones al jurado, el juez afirmó que no pretendía coaccionar su criterio. Con todo, acababa de manifestar que jamás se había ventilado ante su tribunal una culpabilidad de tamaña gravedad. Elogió la probidad de los jurados, los exhortó a abstraerse de los rumores públicos y la prensa, y les advirtió de que una benevolencia desmedida pugna a menudo contra la verdadera justicia. Estas recomendaciones no entregaban la causa intacta a los legos: imprimían con fuerza el sentir del propio magistrado. Tras dieciséis horas ininterrumpidas de vista pública, el jurado se retiró a deliberar. Apenas catorce minutos más tarde, regresó con un veredicto de culpabilidad. Dieciséis horas para examinar la causa; catorce minutos para sellar una condena.
En este litigio, los términos «arresto», «custodia» y «rescate» operaron como engranajes de un mismo lazo mortal. La orden judicial facultaba a esgrimir la aprehensión de prófugos; la custodia permitía alejarlos del amparo de los suyos; la falsa alarma de auxilio marcaba el momento exacto para que sonaran los disparos. La prueba testifical no acredita que Fitzgerald matara de propia mano. Dibuja, en cambio, una potestad ejercida por otros cauces: señalar la víctima, asignar los cometidos y vestir una ejecución sumaria con los ropajes del lance fortuito. La muerte de M’Donnell permanece en el centro del proceso, mas la cuestión dirimida entrañaba un alcance superior: cuál es la responsabilidad penal del mando cuando sus subordinados ejecutan el acto que él, según se afirma, ordenó cometer.