La reina debía mostrarse en Madrid; no pasó de una galería de su palacio. El 2 de febrero de 1852, Isabel II acababa de abandonar la capilla real para dirigirse a Atocha cuando un sacerdote la alcanzó con una puñalada. Era la una y cuarto. Las ceremonias preparadas para la jornada, las visitas, las iluminaciones, todo cuanto debía conceder al público su parte en la fiesta quedó suspendido. Ya no restaba más que aguardar a los médicos.
La herida había rozado el antebrazo derecho antes de alcanzar el costado. Los facultativos no la juzgaron muy grave en un primer momento, pero sus partes conservaban la prudencia de quienes examinan una llaga reciente. Se anunció que la reina permanecía en calma; después se describió una reacción, sudor, sueño. Cada boletín pasaba de las habitaciones regias al gobierno y del gobierno a la gaceta oficial. El cuerpo de la soberana disponía de su propio servicio de noticias.
El hombre detenido se llamaba Martín Merino y Gómez. Era, en efecto, sacerdote. Este detalle, lejos de mitigar la alarma, le confería un cariz adicional de escándalo. La monarquía se presentaba rodeada por la Iglesia; un eclesiástico acababa de poner las manos sobre ella. Las protestas del clero afirmaron con insistencia que aquel hombre no representaba ni su vocación ni sus enseñanzas. Se hacía imperativo aislar al culpable hasta en el propio hábito que vestía.
La justicia no tuvo que buscar durante mucho tiempo al autor material del golpe. Tuvo, en cambio, que responder a la pregunta que ocupó a los ministros durante las jornadas siguientes: tras él, ¿había alguien? Un asesino solitario no deja de ser terrible; un asesino cuyos compañeros permanecen en la sombra mantiene abierto el peligro. Merino se hallaba bajo custodia, mas aquella incertidumbre continuaba recorriendo las estancias de palacio.
El gobierno se reunió en sesión permanente. Al margen del procedimiento judicial, abrió su propia investigación. El presidente del Consejo y el ministro de Gracia y Justicia interrogaron personalmente al prisionero. Una hora de conversación no les reveló cómplice alguno. No por ello dieron la pesquisa por concluida. Otras personalidades, encargadas de acercarse a él juntas o por separado, habrían de retomar la cuestión bajo otra forma.
Merino no era un desconocido sin pasado. La prensa francesa no tardó en recoger recuerdos de sus años de exilio en Gironda: lecciones de español, de matemáticas, de latín; una casa en La Brède; un conocimiento de Horacio que sus antiguos vecinos no habían olvidado. Estos testimonios indirectos, publicados tras el atentado, discrepaban incluso acerca de su apetito. Unos describían a un hombre sobrio; otros, a un aficionado a la buena mesa. La estampa pública se fabricaba mientras la instrucción corría ya hacia su término.
La misma noche de la agresión, el juez del distrito de Palacio, Pedro Nolasco Aurioles, anunció a las once que el sumario se hallaba concluido y que remitía los autos al ministerio fiscal para la acusación. El poder había mantenido la causa ante la jurisdicción ordinaria, en lugar de encomendarla al tribunal del Senado. Esta decisión preservaba las formas judiciales; apenas introdujo dilación alguna en su cumplimiento.
El 3 de febrero se examinaron las pruebas presentadas a favor del reo en presencia de su defensor y del representante del ministerio público. A las siete de la tarde, el juez hizo saber que había pronunciado la pena de muerte en garrote. El condenado debía sufrir previamente la degradación eclesiástica. El expediente partió de inmediato hacia la Audiencia de Madrid. La reina había sido herida la víspera; su agresor ya había recibido su primera sentencia.
Entre tanto, en palacio, la fiebre remitía y el apetito regresaba. Ambas noticias progresaban a la par en la Gaceta: la convalecencia de la víctima y la condena de su agresor.
El día 5 se celebró audiencia pública ante esta segunda jurisdicción. Lectura de las piezas, observaciones del letrado, conclusiones fiscales: la sesión concluyó antes de mediodía. La pena fue confirmada. Se avisó al arzobispo de Toledo para que pudiera tener lugar la ceremonia religiosa previa a la ejecución. El obispo de Málaga acudió al Saladero con los eclesiásticos designados para asistirle.
A las dos de la tarde, en una estancia de la prisión cuyos balcones se hallaban abiertos, Merino fue degradado. La relación oficial subraya la concurrencia de asistentes y la solemnidad del acto. El sacerdote era segregado públicamente del estado cuyos miembros había escandalizado. Seguidamente se publicó la providencia judicial; el condenado entró en capilla. La ejecución quedó fijada para el sábado, a la una y cuarto: con exactitud, la misma hora del atentado.
La búsqueda de cómplices, no obstante, prosiguió. El presidente del Tribunal Supremo logró granjearse cierta confianza. Merino le confió una última voluntad y el paradero de una suma oculta, con instrucciones precisas para su distribución. No le dio nombre alguno. Semejante disparidad debió de resultar frustrante para quienes aguardaban una revelación política: el reo era capaz de señalar dónde se hallaba su dinero, pero persistía en sostener que carecía de socios.
El 6 de febrero entregó un escrito destinado a Isabel II. Exigía que se le diese traslado solo después de su muerte, a fin de que no pudiera atribuirse su proceder a la esperanza de alcanzar merced alguna. Pedía perdón y reiteraba que no dejaba tras de sí a nadie encargado de atentar contra la vida de la reina. Otro texto, firmado ante las personas que lo rodeaban, ratificó dicha declaración. Los visitantes religiosos no obtuvieron más nombres que los ministros.
El 7, Merino fue ejecutado. Aún sostenía, en el instante del suplicio, haber obrado sin cómplices. El gobierno disponía a partir de entonces de un condenado muerto y de una aseveración repetida; quiso obtener algo más definitivo que lo uno y lo otro. Emprendió la tarea de borrar las huellas materiales del hombre.
Las órdenes prescribieron la destrucción del puñal y de su vaina, así como de las armas halladas en su domicilio. Los libros y papeles debían ser arrojados al fuego, con ciertas salvedades relativas a intereses privados y familiares. El cuaderno de notas políticas, por su parte, debía incorporarse al expediente remitido al ministerio, cerrado y bajo sello. Se deslindaba de este modo aquello que convenía preservar para el poder de lo que ya no debía circular entre los hombres.
El cadáver fue conducido al cementerio. Temían las autoridades que se sustrajese alguna de sus partes para comerciar con ella o fingir su estudio; ordenaron su incineración y el esparcimiento de las cenizas en la fosa común. Un acta dejó constancia de los presentes y de las horas. A las siete y veinte, la operación había concluido.
Al día siguiente, la Gaceta publicó las disposiciones destinadas a extinguir hasta el recuerdo de Merino. Imprimió su nombre, sus declaraciones, los mandatos y sus firmas. El borrado se había consumado con escrupuloso celo; para dar cuenta de él, había sido preciso levantarle un monumento de papel.