En 1532, Tomás Moro devolvió al rey el gran sello de Inglaterra. No renunciaba únicamente a un cargo: se apartaba de un poder que Enrique VIII pretendía arrastrar a una querella donde la conciencia del canciller no podía seguirle. Dos años más tarde, Moro yacía confinado en la Torre de Londres. El monarca le exigía reconocer su supremacía sobre la Iglesia de Inglaterra; el antiguo canciller se esforzaba por no responder. Aquel silencio, que Moro aún creía poder guardar sin condenar a nadie, se convirtió en la pieza angular de una causa por alta traición.
Hijo de un juez londinense, Moro había conocido los honores de la corte y la privanza del soberano. Había ocupado un escaño en el Parlamento, representado a la Corona en misiones diplomáticas y alcanzado, finalmente, la dignidad de lord canciller. Mas el favor regio no le sirvió de escudo cuando el monarca decidió anular su matrimonio con Catalina de Aragón para desposar a Ana Bolena. Moro había dimitido del gran sello y no asistió a la coronación de Ana en 1533. Asimismo, había tratado a Elizabeth Barton, la «santa doncella de Kent», cuyas profecías contra el rey no tardarían en nutrir una causa sumarial. En palacio, cada ausencia y cada trato podían interpretarse ya como una toma de partido.
La ruptura cobró un cariz definitivo cuando el Parlamento impuso un juramento que convalidaba la sucesión dispuesta por Enrique y su flamante autoridad religiosa. Moro rehusó prestarlo. No lanzó desafío público alguno; explicó con templanza que no podía otorgar un consentimiento que comprometiera su conciencia. A ojos del gobierno, semejante reserva distaba de ser neutral. El excanciller fue conducido a la Torre en la primavera de 1534, mientras los pesquisidores le conminaban a pronunciarse con claridad sobre la supremacía del rey. Moro comprendió que una respuesta tajante lo expondría a una acusación de traición. Optó, pues, por contener sus palabras.
En un principio, este mutismo preservaba un estrecho margen entre la negativa y la impugnación. Moro no proclamaba que el soberano no fuese cabeza de la Iglesia; se negaba a afirmarlo. Confiaba en que la ley no convirtiese un pensamiento íntimo en delito. Los interrogadores, no obstante, volvían una y otra vez a la misma exigencia: declarar abiertamente si el rey ostentaba tal autoridad. El anciano sabía que sus expresiones podían ser entresacadas de contexto; se atuvo al silencio y fue devuelto a su celda.
El presidio lo apartaba de su hogar, pero sus libros y las visitas autorizadas lo mantenían unido a los suyos. Cierto día, el procurador general Richard Rich se presentó acompañado de guardias para confiscar sus volúmenes. Rich aseguró que no venía a debatir sobre la supremacía. La conversación, sin embargo, derivó hacia ese terreno. Preguntó a Moro si un Parlamento podía proclamarlo a él, a Rich, rey, y castigar penalmente a quien lo negase. Moro convino en que una asamblea tenía potestad para instituir un soberano; añadió que la analogía no regía para la autoridad espiritual, pues el Parlamento carecía de poder para convertir un postulado religioso en dogma. La discusión, referida más tarde por Moro, se mantuvo en el plano hipotético. No debió haber comprometido a nadie.
Para la acusación, aquel diálogo se erigió de súbito en confesión. En el juicio, Rich sostuvo que Moro había negado la supremacía del monarca. Moro se alzó, debilitado por más de un año de cautiverio, y recusó el testimonio. Recordó que Rich le había empeñado su palabra de no tocar semejante materia; inquirió por qué los otros hombres presentes en la estancia no acudían a refrendar aquella versión. No estaba en su mano probar lo proferido entre los muros de la Torre; únicamente podía esgrimir la promesa que afirmaba haber recibido y evidenciar el abismo entre una elucubración teórica y el cargo de traición que Rich pretendía deducir.
La vista tuvo lugar en Westminster el 1 de julio de 1535, tras unos catorce meses de reclusión. El alegato fiscal se cimentaba en el Acta de Supremacía, en las reiteradas negativas de Moro a jurar y, de manera determinante, en la deposición de Rich. Lo que había sido silencio trocóse, ante los jurados, en una negación deliberada.
Moro articuló su defensa como consumado jurista. No pretendía abrogar las leyes del reino; distinguía la obediencia debida al orden civil de la obligación de profesar una potestad espiritual. El tribunal escuchó también la imputación de Rich, que Moro tachó de falso testimonio. A juicio del antiguo canciller, la acusación adolecía de una flagrante flaqueza: Rich era el único en atribuirle tales palabras, pese a que otros dos hombres se encontraban en la cámara. Llamados a declarar, ninguno de ellos confirmó el intercambio; manifestaron que se hallaban atareados embalando los libros y no prestaron oídos a la plática. Moro recordó que Rich le había jurado no interrogarlo sobre su conciencia, y preguntó a los magistrados si resultaba verosímil que se hubiera confiado precisamente a quien reputaba indigno de crédito. La defensa no podía anular el juramento de Rich, pero sacaba a la luz cuán endeble era un proceso supeditado a esa sola palabra.
Los jurados se retiraron y regresaron en menos de un cuarto de hora con un veredicto de culpabilidad. El canciller se disponía ya a pronunciar la sentencia cuando Moro le advirtió de que a todo reo debía concedérsele la última palabra antes del fallo. Arremetió entonces contra la ley misma, calificándola de contraria a los mandatos de Dios y de la Iglesia, y sostuvo que ningún poder temporal podía arrogarse la dirección de los asuntos divinos. Moro fue condenado a la horca, al arrastre y al descuartizamiento, suplicio reservado a los traidores. El rey conmutó la pena por la decapitación. El antiguo canciller recibió esta «clemencia» con una amarga ironía, expresando el deseo de que ninguno de sus allegados tuviese jamás que implorar semejante perdón. Se le evitaban los tormentos postreros, mas la marcha del cadalso era ya inexorable.
A su familia aún le fue dado despedirse. Mientras lo conducían de vuelta a la Torre, su hijo se arrojó a sus pies para implorar su bendición; Moro lo alzó y lo abrazó con ternura. En Tower Wharf, su hija Margaret Roper se abrió paso entre la guardia armada y se estrechó a su cuello, incapaz de articular otra palabra que «¡padre mío!». Estos adioses, consignados por Borrow, no alteraron la sentencia ni quebrantaron el ánimo de Moro; revelan, no obstante, el íntimo tributo de una lealtad que los legajos políticos suelen reducir a una mera disensión dogmática.
En vísperas de la ejecución, un cortesano creyó entrever que Moro flaqueaba. El prisionero le había comentado que había «mudado»; aludía, en realidad, a su barba, que ya no pensaba rasurar. La anécdota, en apariencia baladí, encierra una aguda ironía: hasta el postrer instante, sus carceleros aguardaban una retractación, mientras él reconducía la frase a su más estricta literalidad. La mañana del 6 de julio, Thomas Pope acudió a comunicarle que perecería antes de las nueve. Moro le agradeció la noticia y rogó que se autorizara a Margaret asistir a sus exequias. Todavía la víspera, el poder confiaba en que una visita, una promesa de gracia o el horror del patíbulo lo harían claudicar. No cedió.
Aquel 6 de julio, Moro fue conducido a Tower Hill con el rostro demacrado por los rigores de la prisión. Una mujer le ofreció vino; lo rechazó, parangonando su marcha con la de Cristo, quien, según recordó, no había bebido sino hiel y vinagre. Otra lo interpeló reclamándole ciertos documentos que le habían sido confiados durante su cancillería. Le pidió que aguardara una hora: muy pronto el monarca lo libraría de todas sus cuitas. Apenas transcurrida esa hora, las últimas tribulaciones de su existencia terrenal carecerían ya de peso; aun al borde del abismo, las obligaciones y querellas ordinarias acudían a exigir respuesta.
Al pie del cadalso, hallábase tan extenuado que rogó al teniente de la Torre que le ayudase a subir, prometiendo que para descender ya se las compondría solo. Se le vedó pronunciar una alocución extensa. Rogó a la multitud que orase por él y diese testimonio de que moría en la fe católica, fiel a Dios y al rey. Antes de apoyar la cerviz en el tajo, apartó su barba, bromeando con que ella jamás había cometido traición. Cayó entonces el hacha del verdugo. Su cabeza quedó expuesta en el puente de Londres; semanas después, su hija Margaret la rescató a precio de rescate para evitar que fuera arrojada a las aguas del Támesis.
El antiguo canciller no revocó la sentencia ni se desdijo de su negativa. Dejó tras de sí una cuestión capital que los jueces habían transformado en crimen: ¿puede condenarse a un súbdito por unas palabras que el poder le atribuye, tras haber consagrado meses enteros a evitar pronunciarlas? Moro había confiado en que el silencio lo mantendría al margen de la contienda. En aquel tribunal no hubo cabida para semejante prudencia.