En Florencia, el cortejo que celebraba que el rey Humberto hubiese salido ileso de un atentado recorría calles iluminadas con antorchas y farolillos. Sonaban las fanfarrias, las banderas ondeaban en las ventanas abiertas y los vítores acallaban la música. En la esquina de la Via Nazionale con la Via Guelfa, una detonación segó de golpe los cánticos. Una bomba Orsini acababa de estallar entre los viandantes. La comitiva se disgregó y la multitud retrocedió en desorden; poco después, las corporaciones recompusieron sus filas y reanudaron la marcha. Varios testigos rezagados ni siquiera advirtieron que acababa de perpetrarse un atentado.
Los primeros balances daban cuenta de dos muertos y once heridos. Stefano Piccini, zapatero y padre de ocho hijos, y Leopoldo Tafanaria, frutero, recibieron sepultura pocos días después de la explosión. Cuatro de los heridos sucumbieron con posterioridad a sus lesiones: Adolfo Gallori, empleado militar; Giuseppe Guasti, obrero; Giulietta Falsi, de seis años; y Primo Ricci, de cuatro. El texto original señala que los demás heridos sanaron, si bien su cómputo final no concuerda con este recuento inicial.
La incógnita inmediata no se hizo esperar: ¿quién había arrojado la bomba? Las sospechas recayeron en primer lugar sobre Aurelio Vannini, ebanista y mecánico reconvertido en tabernero, y sobre Cesare Battacchi, ya fichado por la policía debido a su militancia política. En el domicilio de Vannini, los agentes hallaron adminículos explosivos, cápsulas fulminantes y una mecha. Aquel material despertaba recelos, mas no bastaba por sí solo para probar que uno u otro hubiese lanzado el artefacto contra la muchedumbre. Los pesquisidores no tardaron en ampliar las diligencias a nueve hombres vinculados a los círculos de la Internacional florentina.
El auto de acusación reconstruyó una asamblea en la que Vannini había ejercido la presidencia y Battacchi la secretaría. A juicio del ministerio fiscal, los afiliados habían debatido una represalia contra las detenciones practicadas durante el paso del rey y la reina; al parecer, se propusieron bombas a modo de protesta. La crónica sitúa dicho cónclave el 13 de noviembre, pero el año consignado resulta incoherente con el atentado del 17 de noviembre de 1878 que describe a continuación. No es factible, por ende, fijar aquí una fecha indubitada sin cotejo documental. La acusación hilvanaba aquella reunión con una conversación interceptada la mañana del estallido, con pasquines revolucionarios y con un crisol incautado en su sede social. Tal haz de indicios apuntaba, a sus ojos, a la confección de una bomba.
La prueba material más elocuente radicaba en el artefacto destrozado. Dos peritos examinaron sus esquirlas y reconocieron en ellas los restos de una bomba Orsini, forjada en bronce y latón y cargada con cerca de medio kilo de pólvora. Se dedujo que había sido arrojada desde cierta altura y fundida con escaso esmero. Con todo, los expertos no lograron determinar si un ladrillo requisado por los agentes había servido de molde. La ciencia esclarecía la tipología del arma, pero no señalaba la mano que la había lanzado.
La vista oral se abrió en la primavera de 1879. Los nueve encausados negaron toda participación y trataron de procurarse coartadas. La propia Internacional fue retratada por el cronista como un conglomerado amorfo de peones míseros, carente de principios definidos y teledirigido por agitadores resueltos a derrocar el orden establecido. Tal descripción refleja el dictamen político del relator y no una conclusión probatoria. El tribunal, en cambio, debía dirimir un hecho mucho más circunscrito: una bomba había hecho explosión en mitad de un desfile; ¿habían concertado el ataque varios de los acusados?
Dos repartidores de periódicos, Tito Manelli y Liborio Fedi, aseveraron haber asistido a una reunión en la que se trató de arrojar bombas contra la fuerza pública tras las detenciones. El testigo Mazzini refirió que Agenore Natta había exigido bombas en lugar de una queja por escrito. Natta impugnó esta versión, mas el declarante se ratificó en ella. Otros testigos depusieron que los conjurados se reconocían por una pluma de faisán prendida del sombrero, distintivo que la fiscalía interpretaba como santo y seña faccioso. La sala escuchó asimismo relatos de obreros lenguaraces, formulados en ocasiones bajo los efectos del alcohol: testimonios de oídas cuya solidez probatoria resultaba muy desigual.
Una declaración más endeble causó, sin embargo, un efecto dramático. El barbero Ulisse Romei relató que un parroquiano, Scacciati, le había asegurado haber visto a Battacchi huir tras la detonación. Convocado al estrado, Scacciati negó de entrada reconocer al reo e ignoró cómo explicar su presunta identificación. El fiscal interesó su detención inmediata por falso testimonio; conducido a una estancia contigua, el hombre regresó al poco y confirmó que el fugitivo era Battacchi, alegando haberlo visto de perfil. Battacchi protestó aduciendo que se forzaba a la gente a mentir. El cronista achaca tales vacilaciones al pavor a las represalias de la Internacional; la mudanza de testimonio, en cambio, consta en autos e invitaba a la máxima cautela.
Las coacciones no eran mera conjetura del articulista. Dos testigos, Mazzini y Martelli, manifestaron haber recibido misivas conminatorias rubricadas con el dibujo de dos puñales cruzados. Un antiguo compañero de celda sostuvo que Battacchi había apremiado a Scarlatti para que negara haber coincidido la noche del 17 de noviembre y que le había remitido una nota con idéntico propósito a Nencioni. Otro testigo afirmó saber por boca de la esposa de Nencioni la existencia de un complot en el que habrían participado Battacchi, Vannini, Conti, Scarlatti y Natta, agregando que una tal Gomez se hallaba implicada. Eran probanzas indirectas y el texto no aporta ningún elemento fáctico independiente para todos estos nombres.
El pliego de cargos contra Battacchi cobró fuerza merced a indicios sobre su conducta posterior a los hechos. Varios maquinistas y el empresario del Teatro Nuovo declararon que el acusado se había presentado en la sala a la jornada siguiente, lívido y despavorido, antes de ser retirado por dos individuos embozados en gabanes. Estos detalles no acreditaban su culpabilidad de modo inapelable, mas el tribunal los correlacionó con las testificales relativas a la asamblea y con la identificación del hombre que huía. Vannini, por su parte, quedaba vinculado a la hipotética fabricación del artefacto por los pertrechos incautados en su morada; para Natta y los restantes procesados, la suerte judicial dependía en mayor grado de las palabras vertidas en las reuniones y de los testigos de su entorno.
Las declaraciones obtenidas intramuros suscitaron una controversia añadida. Dos reclusos condenados por estafa, Alessi y Burci, aseguraron que los encausados, tras entablar familiaridad con ellos en prisión, les habían pormenorizado el modo en que fabricaron la bomba. La defensa clamó contra la maniobra: ¿habían sido situados ambos convictos junto a los procesados con el fin deliberado de espiarlos? La crónica consigna la tacha sin dirimirla. Entre peritajes metalúrgicos y relatos de asambleas clandestinas, la justicia debía sopesar asimismo qué crédito cabía otorgar a las confidencias que unos presidiarios atribuían a otros.
El acervo probatorio contra cada uno de los procesados no ofrecía, por consiguiente, el mismo peso. Sicuteri y Marchini lograron acreditar sendas coartadas y resultaron absueltos. La corte consideró probada la participación del resto en la conspiración y tuvo a Battacchi por el autor material del lanzamiento. El 4 de junio de 1879, Battacchi fue condenado a reclusión perpetua; Natta y Scarlatti, a veinte años de prisión; y Vannini, Nencioni, Corsi y Conti, a nueve años cada uno. El desenlace no procedió de la identificación científica del ejecutor, sino de un fallo edificado sobre testimonios directos, declaraciones de oídas, conductas sospechosas y la congruencia que el tribunal creyó hallar entre tales extremos.
La crónica concluye con ademán encendido reprochando a estos hombres que pretendieran erigirse en defensores del pueblo al tiempo que segaban las vidas de niños y trabajadores entre la muchedumbre. Esta indignación moral no oculta una cortapisa de bulto: la relación de los hechos no reproduce íntegramente las piezas de autos ni los alegatos pormenorizados de la defensa. Permite, con todo, desentrañar de qué modo la ciudad trocó primero el estampido en recelo colectivo y cómo la magistratura procuró después deslindar las responsabilidades entre nueve reos. En el arroyo, los acordes musicales habían vuelto a sonar tras la sacudida; en el estrado, la búsqueda de la mano homicida prosiguió a tientas entre versiones cuajadas de sombras.