En diciembre de 1801, en Trinidad, Louisa Calderon fue conducida ante el gobernador Thomas Picton tras una investigación sobre el robo de unos pesos de plata pertenecientes a un hombre con quien convivía. El magistrado encargado de interrogarla, según el fiscal que expuso el caso en Londres, carecía de facultades para obligarla a hablar. Acudió por tanto al gobernador. La orden que la acusación atribuyó a Picton constaba de una sola frase de su puño y letra: que se aplicara el tormento a Louisa Calderon.
El proceso se celebró varios años más tarde, en Londres, y versó tanto sobre el cuerpo de una menor como sobre el derecho vigente en una isla recién sometida a la dominación británica. Trinidad se había rendido en 1797 a la expedición de Sir Ralph Abercromby. El abogado de la acusación, Garrow, recordó que el general había garantizado el mantenimiento de las leyes locales en tanto el rey no dispusiera otra cosa. Si el tormento aún formaba parte de dichas leyes, sostenía la defensa, el gobernador pudo creer de buena fe que obraba en el cumplimiento de su deber. Si no pertenecía a ellas, la orden era criminal.
Garrow presentó a Louisa como a una niña. Su edad exacta sigue siendo objeto de discusión en las fuentes. El fiscal la describió conviviendo con Pedro Ruiz; afirmó que había levantado sospechas de complicidad después de que Carlos González, presentado como amigo de Ruiz, hurtara cierta cantidad de pesos. La joven negó toda participación. El magistrado, incapaz de recabar más por su sola autoridad, recurrió a Picton. Fue entonces cuando Garrow exhibió lo que presentó como la orden del gobernador y afirmó que no se tardó en llevarla a ejecución.
Se advirtió a Louisa de que sería torturada si no confesaba, con riesgo de perder los miembros o la vida. Ella persistió en su negativa. La acusación refirió a continuación que se había llevado a la prisión a dos o tres mujeres negras, amenazadas a su vez de tortura por brujería, a fin de acrecentar su terror. El suplicio infligido a Louisa era denominado «picketing» por algunos testigos, mas Garrow impugnaba este término: a su juicio, no se trataba del piquete del castigo militar, sino de una tortura ordenada por el gobernador. Las actas describen a la joven suspendida de una muñeca, con un pie apoyado sobre un piquete de madera, mientras la otra mano y el otro pie permanecían atados entre sí. Al día siguiente, se repitió la prueba invirtiendo los pies.
En el estrado, Louisa confirmó haber sido encarcelada con su madre tras el robo y conducida ante Picton. Declaró haber oído al gobernador amenazar con entregarla al verdugo si no revelaba quién se había llevado el dinero. La trasladaron luego al aposento donde el instrumento se hallaba dispuesto. Describió su muñeca izquierda atada a una soga que pasaba por una polea, su mano derecha ligada a la espalda y su pie izquierdo descansando sobre la púa. El tribunal examinó asimismo un dibujo de la escena. Al verlo, Louisa se estremeció; el magistrado se negó en un primer momento a mostrárselo a los jurados, pero consintió después de que la defensa aceptara su exhibición.
Atestiguó haber permanecido sobre la púa tres cuartos de hora la primera vez, y veintidós minutos al día siguiente. Se desmayó antes de que la bajaran en ambas ocasiones. Luego la encerraron con unos hierros llamados grillos, fijados a la pared; afirmó haber permanecido en ellos ocho meses. Las muñecas y los tobillos se le habían hinchado; sus muñecas llevaban aún, afirmó, las marcas de la atadura. Su testimonio no se limitó a los dos episodios de tortura: señaló a los presentes, entre ellos el carcelero, el magistrado, su escribano, un alguacil y el verdugo.
Rafael Shando, alguacil en Trinidad, confirmó parte de esta cronología. Declaró haber regresado del interior del país el 22 de diciembre de 1801 y haber visto a Louisa después de que la bajaran del instrumento, momento en que le daban un vaso de agua. El magistrado le habría ordenado traer a Carlos para que Louisa repitiera sus declaraciones en su presencia. Al no ocurrir nada durante el careo, fue devuelta a los grillos. Shando afirmó asimismo que fue torturada de nuevo el 23 de diciembre, entre las once y el mediodía, durante veintidós minutos. La sostuvo cuando se desmayó en dos ocasiones.
Según su testimonio, el magistrado mandó vinagre al ejecutor para que se lo administrara a Louisa. Nadie fue designado para defenderla; ningún cirujano se hallaba presente para asistirla. Shando aseguró no haber conocido jamás el uso del tormento en la isla antes de la llegada de Picton. Tan sólo recordaba haber visto aparecer el aparato en los cuarteles y luego en la cárcel. Añadió haber visto al gobernador ordenar al carcelero que llevara a un hombre negro al cuerpo de guardia para someterlo a tortura. La acusación presentaba así el procedimiento contra Louisa no como un incidente aislado, sino como la introducción de una práctica desconocida hasta entonces.
Para calibrar lo que la defensa pretendía hacer valer, Garrow recordó que la tortura no tenía cabida en el derecho inglés. Tras el asesinato del duque de Buckingham a manos de John Felton, el Consejo Privado había contemplado interrogar al homicida bajo tormento para descubrir a posibles cómplices; los jueces consultados dictaminaron por unanimidad que semejante medida no estaba permitida por las leyes del reino. Garrow contraponía este antiguo límite a la orden que ahora atribuía a un gobernador británico en Trinidad.
La defensa no negó que la tortura hubiera sido ordenada; atacó la cuestión de derecho. El letrado Dallas sostuvo que la ley española, mantenida en Trinidad tras la conquista, autorizaba dicho procedimiento. Picton habría aplicado, pues, la ley que creía deber administrar. Arguyó asimismo que el gobernador no había obrado por malevolencia: aun si su interpretación jurídica era errónea, un error de buena fe debía, a su juicio, apartar la acusación penal. Garrow, por su parte, alegó la ausencia de testimonios de vecinos que recordaran la práctica de la tortura antes de la llegada de Picton.
Durante la vista, se aportaron e identificaron por el fiscal general de Trinidad varios tratados de derecho español destinados a las Indias. Tras largos debates, Lord Ellenborough solicitó al jurado que se ciñera a una sola cuestión: ¿formaba parte el tormento de la ley de Trinidad en el momento de la rendición de la isla a los británicos? Les recordó que el mantenimiento de las leyes locales no establecía de forma automática que cada norma de España fuese aplicable en su colonia. Los libros podían ilustrar el derecho; correspondía a los jurados dirimir si demostraban que la tortura estaba efectivamente autorizada en la isla.
El jurado dictaminó que ninguna ley de tortura existía en Trinidad en el momento de la rendición. El juez les indicó entonces que Picton no podía ampararse en una supuesta ley que no había estado en vigor y orientó el veredicto hacia la culpabilidad. En este punto, la acusación había obtenido el pronunciamiento que reclamaba sobre el fondo jurídico, pero la crónica procesal no concluye ahí.
El 25 de abril, Dallas solicitó un nuevo juicio. Reiteró cuatro argumentos: la acusación promovida contra Louisa por las autoridades de la isla, la convicción de Picton de que el tormento estaba permitido, la falta de dolo y la lectura de un libro de derecho español adquirido con posterioridad al juicio. Dicha obra, aducía, debía interpretarse junto a las leyes de España cuando el código colonial guardaba silencio sobre una causa penal. El tribunal concedió una providencia para que la acusación justificara el mantenimiento del veredicto. El capítulo de Borrow se detiene en este trámite; el procedimiento, en cambio, prosiguió su curso.
En 1808, el segundo juicio alteró el terreno procesal. Conforme al estudio del historiador James Epstein, el jurado emitió un veredicto especial: reconoció la existencia de la tortura en el derecho de Trinidad al tiempo de la cesión y no halló contra Picton malicia alguna ajena a la ilegalidad de su proceder. Las consecuencias de este veredicto quedaban pendientes de deliberación. Los alegatos se prolongaron en 1810; en 1812, la corte aplazó hasta nueva orden la resolución de las cauciones de Picton. La causa quedó sin sentencia definitiva y jamás se pronunció condena contra él.
En Londres, Louisa había mostrado las marcas de sus muñecas y descrito los hierros que la retuvieron durante ocho meses. Los jurados debían dirimir qué leyes habían cruzado los mares junto a los gobernadores. Ella, para hablar ante ellos, había tenido que relatar todo lo que aquellas supuestas leyes habían permitido infligirle.