Veintidós testigos aguardaban en el patio del tribunal a favor de Napoléon Gaillard; ninguno había recibido citación judicial. El presidente consideró que no era posible oírlos a todos a petición de un solo procesado y le instó a escoger a unos pocos. Gaillard contestó que no los había visto y que ignoraba lo que vendrían a declarar. Con todo, la sala franqueó el paso a cuantos el aforo permitía recibir. Era el 22 de octubre de 1869, ante la sexta sala correccional de París, y la causa de la reunión de Belleville se dirimiría, en primer término, en torno a esta cuestión: ¿quién, en aquel recinto de la rue de Paris, había escuchado la orden de dispersarse?
Siete hombres comparecían en el banquillo. Lissagaray, Lombard, Oudet y Amouroux, miembros de la mesa de la asamblea, estaban procesados por haberse negado a la disolución e incitado, mediante palabras o clamores, a la comisión de delitos y a la desobediencia a las leyes. Havrez, Noiret y Gaillard respondían además por ultrajes, resistencia y violencias contra los agentes de la autoridad. Dos de los acusados, Havrez y Noiret, se hallaban en prisión preventiva. Este reparto de cargos deslindaba ya los actos atribuidos a cada cual; lo que el tumulto había confundido, la vista pública debía desgranarlo nombre por nombre.
El acto se había celebrado el 10 de octubre, en el número 8 de la rue de Paris, en Belleville. Se debatía allí acerca de los agentes judiciales y de sus relaciones con la administración de justicia. El comisario Briand, comisionado para vigilar la asamblea, aseveró que había conminado a los oradores Ducasse y Nathan en reiteradas ocasiones. Lissagaray, que presidía, sostuvo no haber oído apercibimiento alguno. Las primeras frases objeto de controversia versaban sobre los jueces de instrucción, los mandamientos de arresto y la demolición de las cárceles. Poco después, Nathan habría tildado de «acto infame» que no se hubiese hallado un ujier para emplazar al prefecto de policía, mientras que varios obreros habían sido sentenciados por el tribunal de comercio a quince días de trabajo forzado. A juicio de Briand, fue tras estas palabras, acogidas con aplausos unánimes, cuando declaró disuelta la reunión.
Lissagaray narró aquel instante de un modo muy distinto. El comisario, refirió, se inclinó hacia la mesa; los vocales creyeron que se disponía a formular una advertencia. Pronunció unas palabras que nadie alcanzó a distinguir y acto seguido se cubrió la cabeza. Fue entonces cuando el presidente agitó la campanilla y proclamó que la sesión continuaba, habida cuenta de que la mesa no había escuchado intimación alguna. Amouroux, sentado a su vera, ratificó no haber percibido los avisos. El secretario Perinet, por el contrario, aseguró haberlos oído y dio fe de la orden de disolución. Admitió, no obstante, que redactó las actas al regresar a la comisaría, al dictado de Briand, mientras ambos hilvanaban sus recuerdos.
A partir de entonces, la cuestión de la orden de desalojo se entretejió con la de los accesos. Briand declaró haber intentado salir transcurridos unos minutos, mientras la concurrencia se negaba a dispersarse. La puerta, afirmó, estaba atrancada con una barra de hierro; varios individuos lo rodearon gritándole que no saldría de allí. Por fin se abrió desde el exterior. Cuando regresó secundado por cinco o seis guardias urbanos, un banco arrojado desde dentro pasó rozándolo y se estrelló contra el empedrado. Siguieron otros bancos y sillas. Los agentes se escudaron con ellos para repeler los proyectiles, afirmó el comisario, quien aseveró no haber visto a ninguno desenvainar la espada.
Dentro de la sala, las versiones sobre los golpes no concordaban. Briand había divisado a un hombre con el rostro ensangrentado; la herida le pareció fruto de una contusión y no de un arma punzante. Reparó asimismo en varios agentes contusos, con las ropas desgarradas, y en una herida de espada en la mano de uno de ellos. Otro individuo a quien sacaban a la calle en volandas como herido, apostilló, no lo estaba en absoluto. Perinet, a su vez, vio sangrar de la nariz a un asistente sin poder precisar quién lo había golpeado; creyó recordar que un guardia había sido derribado y desarmado.
Los agentes llamados a declarar a renglón seguido aportaron nuevos pormenores, mas sin individualizar todos los brazos. Brungalia relató haber sido empujado al suelo y golpeado; temió que lo asesinaran con su propia espada, que le había sido arrebatada. Creyó ver a Lissagaray blandir la campanilla instando a permanecer en el recinto, aunque no pudo asegurarlo con certeza. Recuperó su arma y se sirvió de ella, según su testimonio, de plano, para mantener a raya a sus agresores. Gaillard exclamó que el guardia había asestado al menos veinte estocadas; el ministerio público le inquirió entonces dónde se hallaban los veinte heridos. Pairault manifestó haber recibido un golpe de espada; Juneker declaró no haber desenvainado ninguna y dijo ignorar si Noiret, a quien vio forcejear con un agente, había propinado golpes.
A Noiret, el guardia Blanchard le atribuyó el lanzamiento de una silla contra las fuerzas del orden, después de que el joven los increpara tildándolos de cobardes y canallas. A Gaillard, por su parte, se le habría visto trabado en lucha con un sargento a quien arrancó cuatro botones de la casaca. Clauser refirió que Gaillard, al ser instado a apaciguarse, lo agarró del cuerpo y lo zarandeó con violencia. Aquellas declaraciones conferían a la refriega ademanes reconocibles, si bien no lograban imputar cada golpe a un reo determinado. Garland, un ingeniero civil presente en el mitin, había presenciado espadas desnudas, mas no podía asegurar qué manos las empuñaban. Oyó asimismo, cuando el comisario salía, voces que reclamaban que le abrieran paso.
En estrados, la disputa volvió a centrarse en los atestados policiales. Lissagaray aseveró que Briand redactó primero dos actas y luego añadió otras tres a instancias del prefecto. Insistía en que no se había formulado advertencia alguna y en que la mesa en pleno sostenía lo mismo. El fiscal imperial le entregó el expediente invitándole a comprobarlo. Lissagaray examinó los legajos, buscó durante unos instantes y finalmente desistió: «No lo encuentro, pero he visto lo que he visto». El periódico no zanja esta controversia; se limita a mostrar la acusación puesta a prueba frente a los mismos documentos en que se sustenta.
El tumulto había perseguido a los procesados hasta el propio estrado judicial. Una voz partió del público recriminando al comisario que estuviese concertándose con los agentes; el presidente decretó la expulsión del intervector, a quien varios reconocieron como Rigaut, ya condenado por delitos políticos. El brigada Arnoult relató a continuación lo acaecido en la calzada: oyó increpaciones contra los guardias y vio a Havrez señalar al hombre que llevaban en andas como víctima, clamando que lo habían asesinado. Arnoult le propuso acudir a la comisaría a formular su declaración; Havrez se negó y el brigada lo prendió por el cuello. Un individuo se arrojó entonces al suelo delante de ellos, según el declarante, para obstaculizarles el paso. Havrez replicó que todo aquello era falso. El presidente preguntó por la identidad del herido; Arnoult no lo conocía y ni siquiera sabía si se trataba del mismo hombre al que habían visto en la botica.
Ocho días más tarde, el 30 de octubre, las defensas informaron nuevamente ante la misma sala. Jules Favre abogó por la libertad de reunión, sosteniendo que los excesos se corrigen con mayor fruto cuando un derecho no es ultrajado ni queda al albedrío de la arbitrariedad. Laferrière informó por Amouroux; Paul Lax por Havrez. Todos los encausados, con la salvedad de Noiret, que persistió en su silencio, ofrecieron explicaciones personales. Tras la réplica del ministerio público y una prolongada deliberación, el tribunal dictó sentencia: absolvió a los siete procesados del delito de gritos sediciosos, mas los condenó por los restantes cargos. Lissagaray, Lombard, Oudet y Amouroux fueron condenados cada uno a 500 francos de multa; Havrez y Gaillard, a cuatro meses de prisión; Noiret, a tres meses.
La crónica se clausuró con un deslinde terminante: los gritos sediciosos quedaban descartados, pero los demás delitos conllevaban multa o presidio. Cuatro procesados sufrieron idéntica sanción pecuniaria; otros tres fueron condenados a privación de libertad. Gaillard se había presentado a la vista sin haber podido conferenciar con sus veintidós testigos; la Gazette no precisa cuántos de ellos fueron finalmente escuchados. Anunció además que el texto íntegro de la sentencia se publicaría más adelante. En las dos reseñas hemerográficas aquí conservadas, los bancos arrojados, la espada arrebatada y las heridas continúan repartidos entre testimonios que no siempre señalan a las mismas manos.