En la primavera de 1862, decenas de miles de cartas reaparecieron en la circulación postal vienesa provistas de una anotación que declaraba su retraso sin explicarlo: «Desviadas y, finalmente, puestas en camino». Partieron con destino a París, Graz, Linz, Italia o confines aún más remotos. Algunas habían aguardado durante casi un año. Todas habían transitado por la misma oficina, y no pocas habían sido abiertas antes de ser restituidas a sus destinatarios. El capítulo del Nuevo Pitaval imputa este colosal extravío a un único empleado de correos, Karl Kalab, cuyo puesto le franqueaba el acceso a la correspondencia ordinaria en el instante preciso en que mudaba de manos.
La estafeta central de Viena recibía a diario las sacas procedentes de decenas de dependencias de barrio y aldeas limítrofes. La correspondencia se clasificaba siete veces al día en una vasta sala donde varios oficiales distribuían las cartas según su destino. Kalab prestaba servicio allí desde hacía años. Había ascendido con paso firme en el escalafón, recibido un fondo de sellos para su venta y, más tarde, asumido la responsabilidad de suplir al contralor encargado de inspeccionar ciertos puestos de trabajo. Su labor habitual consistía en abrir los paquetes de correo local, cotejar los envíos certificados y depositar los pliegos ordinarios sobre la mesa de selección.
Dicha posición constituyó la condición material del delito. Desde 1858, Kalab custodiaba la llave de un cajón cerrado bajo su pupitre, reservado a los envíos pendientes de franqueo. Hizo de él su escondite. Al clasificar la correspondencia, retenía cartas comunes en la palma de la mano, daba la espalda a sus compañeros con el pretexto de manipular los paquetes locales y deslizaba los sobres a través de una ranura oculta bajo una tablilla. Los demás empleados casi nunca abrían dicho cajón; tras modificarse el sistema de depósito, aquel mueble cayó prácticamente en el olvido.
Las primeras reclamaciones habrían podido señalar al funcionario que manipulaba los envíos, pero no lo hicieron. Los retrasos se multiplicaban y la dirección solicitó a varios remitentes que facilitasen las señas omitidas y las fechas de expedición. El superior jerárquico de Kalab lo enteró de las pesquisas y le encomendó la búsqueda de las cartas señaladas. Las halló puntualmente, según consigna el compilador. A ojos de la jerarquía, tal hallazgo no hizo sino corroborar su celo. En la estafeta, aquel empleado que tan minuciosamente espiaba a los demás lograba presentarse como quien enmendaba las negligencias ajenas.
En la primavera de 1862, el cartero Mermon advirtió que Kalab solía apartar cartas durante la clasificación. Supuso en un principio que las demoraba por dudar de su destino. Sin embargo, Kalab se abstenía de tales maniobras cuando la mirada del contralor se posaba sobre él. Mermon redobló entonces su vigilancia y lo sorprendió envolviendo un legajo de cartas antes de deslizarlo por la hendidura del cajón. Dio parte de inmediato al contralor Kurzweil, quien comprobó que, en efecto, se habían ocultado cartas en aquel compartimento.
El 8 de abril, una comisión integrada por un comisario de policía se personó en la oficina. Se le exigió a Kalab la llave del cajón. Preso del pánico, reconoció haber introducido un fajo y se hallaron veinticuatro cartas, todas depositadas la víspera. En la mesa de trabajo que ocupaba se descubrieron otros cuarenta y cuatro paquetes. Kalab confesó que, a lo largo de los tres últimos meses, había sustraído cartas, las había abierto y se había apoderado de su contenido, tasando su botín en unos trescientos florines. La fiscalización de sus existencias de timbres arrojó asimismo un superávit de 117 florines, que atribuyó a su propio sueldo; testimonio desmentido al punto por un compañero que había cobrado dicha mensualidad en su lugar para resarcirse de un préstamo.
La comisión lo condujo a continuación al hospital de ciudadanos, donde aseguraba residir. Se derrumbó en el trayecto y suplicó volver a la estafeta para confesarlo todo. Los pesquisidores insistieron en inspeccionar su domicilio real, sito en el arrabal de Neubau. La estancia arrendada era tan exigua que había mandado retirar la mesa para poder desplazarse por ella. Los armarios, una maleta y una cómoda rebosaban de fajos de cartas. Se contaron 1 659 paquetes todavía atados con bramante, que contenían 56 284 pliegos. En otros rincones yacían 799 cartas abiertas, 1 655 sobres vacíos y multitud de marcas postales despegadas, engomadas de nuevo y dispuestas para su reutilización. El hogar albergaba cenizas de papel: Kalab había quemado parte de lo que sustraía.
El tribunal ordenó remitir los pliegos a la estafeta central a la mañana siguiente para reanudar su curso reglamentario. Urgía salvaguardar el secreto epistolar; el magistrado estimó que la duración y el provecho del latrocinio podían reconstruirse por otros medios, al menos de forma aproximada. Durante dos jornadas, veinte escribientes contaron las cartas, comprobaron los sellos y estamparon en cada cubierta la fórmula que advertía del retraso. Los 56 284 pliegos intactos no eran sino una fracción del conjunto. Sumando las cartas abiertas y los sobres sueltos, la crónica calcula un mínimo recobrado cercano a las 58 000 cartas y cifra en 8 200 florines el valor de los timbres que llevaban adheridos.
Los pliegos de envolver permitieron remontarse más atrás en el tiempo. Cerca de 1 400 hojas con fechas comprendidas entre noviembre de 1859 y abril de 1862 habían servido para atar los legajos. Al cotejarlas con el promedio de cartas por paquete, el cronista computa millares de robos ciertos en determinados meses y aventura un total verosímil de 200 000 cartas desde 1856. Esta última cifra no dimana de un cómputo forense: constituye una extrapolación del autor, basada en parte en el papel que Kalab habría quemado para calentarse. El tiempo y la magnitud real de la expoliación quedaron, pues, al margen de lo formalmente incautado.
Las misivas albergaban también objetos y mensajes cuyo valor no se reducía a su precio material. La relación detalla varios ejemplos: un empleado ferroviario que aguardaba reunirse con su familia en Viena no halló a nadie en los andenes, pues su aviso había quedado sepultado entre los bultos de Kalab; la carta apremiante de una parturienta que solicitaba el auxilio de una comadrona tardó dos años en llegar a su destino; diversos manuscritos remitidos a directores de escena jamás alcanzaron su paradero. Estos episodios, consignados por el compilador, evidencian los estragos de un expolio cuyas víctimas ignoraban, en la mayoría de los casos, que habían sido despojadas.
Los instructores intentaron desentrañar cómo un estipendio tan modesto había permitido la adquisición de bienes raíces. Kalab había ingresado en la administración con recursos ínfimos; un colega había sufragado su fianza de entrada. Con el tiempo, sin embargo, adquirió dos fincas en Hietzing, las amuebló con desahogo y auxilió económicamente a sus padres. Según los interlocutores, atribuía su prosperidad a una tía acaudalada o a la generosidad de un conde. Durante el juicio inventó a un acreedor llamado Michael Minkov, quien supuestamente le confiaba caudales y le había prometido nombrarlo heredero. Ningún testigo pudo certificar la existencia de tal personaje. El ministerio fiscal confrontó tales patrañas con sus ingresos y sus compras patrimoniales, mientras Kalab aducía ganancias en la lotería y la reventa fraudulenta de efectos postales.
El 23 de septiembre de 1862 se abrió la vista en el tribunal regional de Viena. Kalab sostuvo que su lucro había sido escaso, pretendiendo haber actuado movido por el afán de denunciar la defectuosa organización del servicio postal y de protestar contra la precariedad de los salarios. En la confesión manuscrita presentada con anterioridad, alegaba haber retenido la correspondencia para despertar la atención de las autoridades; admitía, no obstante, haber persistido en sustraerla y violentar sus sellos. La crónica enfrenta sin miramientos estas disculpas a las fincas adquiridas, a los sobres descubiertos y a las prolijas series de envoltorios fechados. Las actas del proceso no confunden semejantes pretextos con la verdad probada.
La calificación jurídica fue mutando a lo largo de las sucesivas instancias. El tribunal de primera instancia lo condenó por abuso de autoridad, desechando la figura de malversación o apropiación indebida de caudales custodiados: las cartas no le habían sido confiadas personalmente a Kalab, sino aprehendidas durante la operación material del triaje. Tras el recurso del fiscal, la curia superior añadió el delito de robo, pues su empleo le brindaba acceso a unos pliegos que luego sustraía ilícitamente. La corte suprema deslindó finalmente el abuso de autoridad —configurado por la sustracción material de las cartas— del robo de los valores que estas contenían, los cuales jamás habían sido encomendados formalmente ni a la administración de correos ni al propio Kalab. En cuanto a la pena, los tres grados jurisdiccionales coincidieron unánimemente: diez años de reclusión mayor en el presidio de Stein.
El compilador sostiene que los quebrantos superaron con creces el dinero rescatado, y que no pocas cartas destruyeron hogares, demoraron noticias vitales o arruinaron transacciones comerciales. La exorbitante cifra que aventura para el conjunto del extravío no pasa de ser una conjetura editorial; el fallo definitivo, en cambio, se fundó rigurosamente en los paquetes incautados, las declaraciones prestadas, las fechas de los pliegos y los efectos recuperados. Al concluir el proceso, el membrete estampado sobre los sobres no alcanzaba a reparar lo que se había perdido para siempre. Dejaba únicamente constancia de que una carta reemprendía por fin su rumbo, cuando el secreto, el tiempo y la confianza pública ya se habían desvanecido entre las manos de un oficial infiel.