En Toulouse, la quiebra de un agente de cambio no se mide únicamente por las columnas de un balance. Se lee en las reclamaciones de quienes exigían la restitución de un título confiado para su venta, de una renta depositada en garantía o de unos modestos ahorros entregados al hombre a quien su investidura obligaba a custodiarlos. Cuando Pierre-Zéphirin Gauja compareció ante la audiencia provincial de la Haute-Garonne, los días 14 y 15 de noviembre de 1872, la Gazette des Tribunaux presentó la causa como la de un fedatario público ministerial que había desviado hacia sus propias especulaciones caudales destinados a muy otros fines.
El periódico atribuye al acusado dos edades distintas: cuarenta años en su introducción y cuarenta y uno en el texto del acta de acusación que reproduce en sus páginas. Lo describe como un hombre moreno, de atuendo sencillo, cuyas respuestas, pronunciadas en voz baja, denotaban turbación. Antes de ejercer como agente de cambio en Toulouse, se había formado en el seminario, había recibido las órdenes menores, ejercido la docencia y trabajado después en una notaría. La sala, según el cronista, congregaba a un público numeroso; entre los testigos sentados ante el tribunal figuraban abundantes sacerdotes, pues los ahorros malversados pertenecían, en gran medida, a personas de escasa fortuna y a miembros del clero. El diario señala esta circunstancia, pero no transcribe las declaraciones una por una.
El escrito de acusación sitúa la toma de posesión de Gauja en el mes de julio de 1862, cuando apenas disponía de recursos propios. Fija en 38 000 francos el préstamo concertado para financiar la compra del oficio, la cuota del fondo común y la fianza preceptiva; sin embargo, el mismo pasaje desglosa 25 000 francos por el oficio, 4 765 francos de fondo común y 12 000 francos de fianza, lo que arroja una suma de 41 765 francos. Las cifras impresas no concuerdan: estas tres partidas rebasan en 3 765 francos el importe del empréstito. Más adelante, el periódico fecha el 5 de marzo de 1866 la asociación con François Sage en calidad de socio capitalista, sobrevenida con posterioridad a la entrada en funciones de 1862.
Sage habría aportado 42 151 francos y 43 céntimos a una sociedad cuyo capital se había fijado en 84 302 francos y 86 céntimos. La negativa de Gauja, prosigue la acusación, a exhibir los libros contables y a permitir el arqueo de la caja despertó las sospechas de su socio. Este último solicitó la disolución de la sociedad a finales de 1866. El primer día de 1867, el señor Hénault hijo habría ocupado su lugar, reintegrando a la caja los fondos retirados por Sage. La crónica judicial dibuja así el perfil de una firma cuyo capital procedía de terceros asociados, mientras que la confianza se desvanecía en cuanto los libros permanecían clausurados.
Ya pesaba sobre Gauja el reproche de una primera imprudencia: haber avalado, por valor de 30 000 francos, los efectos comerciales de tres personas declaradas en quiebra poco después. El acta de acusación distingue esta falta profesional de lo que sobrevino a continuación. A partir de enero de 1867, el agente se habría entregado por cuenta propia a operaciones bursátiles rigurosamente vedadas a su ministerio. A fin de ocultar tales maniobras a sus empleados, las habría asentado bajo nombres supuestos: Carbonne, su suegro; Pagnon, su cuñado, y un abad designado únicamente por una inicial.
Durante más de tres años, hasta la liquidación del 30 de junio de 1870, las pérdidas atribuidas a estos tres clientes imaginarios habrían alcanzado los 189 278 francos y 65 céntimos. El engranaje queda expuesto sin ambages en el acta: Gauja habría saldado las diferencias exigibles en las liquidaciones mediante el numerario y los títulos que sus clientes le habían confiado para otros menesteres. Las sumas entregadas para la compra de valores, las constituidas en depósito o en prenda, las rentas, acciones y obligaciones destinadas a la venta o al canje: todos estos caudales comparecen en el relato procesal como bienes de los que resultaba imperativo rendir cuentas.
El verano de 1870 pareció invertir momentáneamente el curso de los quebrantos. La Gazette refiere que la oscilación de las cotizaciones entre las ventas y las recompras permitió a Gauja obtener 157 587 francos de beneficio entre julio y agosto; la quiebra de dos corresponsales, Saunier y Legendre, redujo dicha ganancia a 112 289 francos. Según la acusación, esta tregua le habría permitido satisfacer a los acreedores más apremiantes, conservar la confianza de una parte de su clientela y mantener abierta la oficina. El marasmo sobrevenido con posterioridad paralizó las especulaciones hasta la reanudación de las operaciones en las grandes plazas financieras; Gauja habría reanudado entonces sus manejos bajo las mismas identidades ficticias.
Esta segunda serie de operaciones, prolongada hasta el 15 de enero de 1872, se habría saldado con 92 182 francos y 62 céntimos de pérdidas. Ahora bien, las cantidades detalladas —189 278 francos y 65 céntimos de pérdidas, minorados por el beneficio neto de 112 289 francos y acrecentados luego por los 92 182 francos y 62 céntimos de la segunda tanda— arrojan un resultado de 169 172 francos y 27 céntimos, mientras que el acta imprime un total de 169 772 francos: subsiste así un descuadre de 599 francos y 73 céntimos entre las cifras publicadas. El perito contable había elaborado el balance con la colaboración y la conformidad de Gauja: 335 667 francos y 50 céntimos de pasivo, frente a 136 547 francos de activo. La crónica señala que el dividendo liquidatorio «apenas alcanzará el 40 por 100»: augura una tasa cercana al cuarenta por ciento, y no un techo inalcanzable. Se trata de los guarismos de la acusación con arreglo a lo transmitido por el diario; el artículo no reproduce los libros ni el pormenor de las comprobaciones periciales.
La cesación efectiva de pagos se remontaba, siempre según este texto, a enero de 1872. Diversos clientes reclamaban las sumas libradas para adquisiciones bursátiles, los depósitos o prendas constituidos, así como títulos pendientes de restitución. El 17 de enero, Gauja habría convocado a sus acreedores para exponerles su estado patrimonial y plantear un arreglo amistoso. Las querellas no tardaron en sucederse. Requerido para justificar los abusos de confianza, reconoció, según el acta, haber empleado en sus operaciones de Bolsa los títulos y el numerario que se le habían confiado con la obligación de devolverlos o de darles una aplicación determinada.
Cincuenta y cinco clientes habrían sufrido un perjuicio valorado en cerca de 200 000 francos. El ministerio público hacía hincapié en que la mayor parte de los valores disipados le habían sido entregados en 1871, época en la que, a su juicio, el agente ya no podía abrigar engaño alguno sobre la gravedad de su situación. Evocaba asimismo asientos contables que, a partir de enero de 1870, habían dejado de registrar ciertas entregas de efectivo o entradas de títulos. La crónica judicial anuncia a continuación una enumeración pormenorizada de las sumas depositadas y malversadas, pero omite su desglose en el texto impreso. Menciona la comparecencia de testigos que ratificaron los cargos, sin recoger el contenido de sus deposiciones. El lector recibe, por ende, la armadura de la acusación, mas no el acta textual de los debates.
El señor Legeard de la Dyriais, abogado general, sostuvo la acusación pública. El letrado Piou asumió la defensa. El corresponsal no extracta su alegato final; pasa de inmediato a las breves réplicas, al resumen del presidente y al jurado, convocado para pronunciarse sobre ciento diez cuestiones. Esta parquedad del periódico veda atribuir a Gauja, a su defensor o a los testigos razonamientos o palabras que la crónica no haya consignado. En estas líneas, las operaciones, las cifras y la confesión reseñada pertenecen al acta de acusación; la escena forense se clausura con el veredicto transmitido por la Gazette.
El veredicto fue de culpabilidad respecto a todos los abusos de confianza e inculpatorio negativo en cuanto al delito de bancarrota. El tribunal condenó a Gauja a tres años de prisión y a cien francos de multa. El artículo concluye con la estampa del reo, lívido, al borde del desvanecimiento. Los números habían descrito la ruina de una casa de cambio; el fallo judicial separó los hechos que el jurado consideraba probados de la calificación de bancarrota que desestimaba. Entre ambos extremos quedaban los cincuenta y cinco clientes y los valores que confiaban en recuperar, sin que el periódico, tras notificar la condena, nos revele cuál fue el destino ulterior de sus créditos.