Los sombreros permanecieron en las cabezas. El 6 de enero de 1809, cuando Napoleón entró en Valladolid por el puente, la ciudad no le ofreció el entusiasmo que los cortejos imperiales solían encontrar a su paso. Hubo aclamaciones francesas, las de los partidarios del nuevo régimen; por lo demás, el cronista Hilarión Sancho retuvo sobre todo aquella cortesía negada. Por la noche se iluminó el palacio. Resultaba más sencillo ordenar luminarias que saludos.
Seis días más tarde, el emperador anunciaba a su hermano que haría ahorcar a siete hombres al día siguiente.
Entre ambos momentos no mediaba tan solo un conquistador herido en su amor propio. Valladolid había atravesado meses de violencia, de mudanzas de autoridad y de represalias. Hubo vecinos que denunciaron a sus convecinos; otros murieron bajo la acusación de traición. La presencia de un ejército no suspendía los rencores locales: concedía a quienes gozaban de su oído el medio de presentarlos como asuntos de Estado.
En el mes de junio precedente, el comandante de artillería Miguel de Ceballos había sido traído prisionero desde Carboneros. Se le acusaba de haber entregado Segovia a los franceses. Según Sancho, la multitud de Valladolid lo asaltó y le dio muerte en el Campo Grande. Su esposa y sus hijos lo acompañaban. El cronista, no obstante su hostilidad hacia el ocupante, dejó constancia de aquella muerte en su diario; la acusación de traición se distinguía en él del asesinato que había provocado. Haber sido señalado como traidor había bastado para entregar a un hombre a los golpes.
Pocos días después, mientras la derrota de Cabezón empujaba a los españoles hacia la ciudad, fue asesinado otro prisionero. Juan Ignacio González Prada, empleado de justicia, se hallaba detenido en el cuartel de San Ignacio. Sus carceleros temían, relata el mismo testigo, que los denunciase a los franceses una vez que estos hubieran entrado. Eliminaron al delator que temían antes de que pudiera hablar. En esa lógica del terror, la muerte se convertía en una precaución.
Luego, las tropas francesas ocuparon la ciudad, partieron y regresaron. Los habitantes padecieron requisas, saqueos y contribuciones. En noviembre, ante el anuncio de un nuevo avance, gran parte de la población huyó bajo la lluvia con sus hijos y cuanto pudo llevarse consigo. Algunos representantes que permanecieron en el lugar salieron al encuentro de los soldados enarbolando un lienzo blanco en la punta de un palo. Gregorio Chamochín formó parte de la autoridad municipal reconstituida. Su nombre volvería a aparecer cuando Napoleón exigiera detenciones.
En enero, el soberano francés había vencido en las batallas; le restaba entregar un reino a José. Este esperaba para entrar en Madrid. Los juramentos de obediencia, las diputaciones y los nombramientos debían transformar una ocupación militar en un gobierno aceptado. Mas Napoleón no se contentaba con registros firmados. Quería dividir a la población entre aquellos a quienes se tranquilizaría y aquellos con quienes se daría un escarmiento.
En Valladolid, Sancho atribuye a Chamochín el encargo de practicar las detenciones. Se habría prendido a dieciocho o veinte personas. El diario se sirve de la fórmula de una noticia recibida, no del tono de un escribano que coteja un libro de registro; muestra, con todo, la irrupción del orden imperial en las calles. Los soldados no conocían por sí solos todos los rostros. Eran necesarios hombres de la tierra que señalasen las puertas.
El 12 de enero, al mediodía, Napoleón escribió a José. Aprobaba los arrestos efectuados en Madrid por el general Belliard, recomendaba ejecuciones y ponía luego a Valladolid como ejemplo. Siete hombres debían ser ahorcados allí al día siguiente. Los tachaba de notorios responsables de excesos; aseguraba que los vecinos honrados los habían denunciado en secreto y que recobrarían el aliento al verlos desaparecer.
En aquella carta, los delatores tenían una cualidad moral; los denunciados, un número. Los nombres, los hechos particulares y los descargos de cada cual no acompañaban a la orden transmitida al rey. Se trataba de enseñar una manera de gobernar: arrebatar a la capital un centenar de hombres tenidos por peligrosos, hacer morir a una parte y despachar a los demás hacia Francia. La pena ya no respondía únicamente a un delito; debía surtir efecto sobre quienes fueran sus testigos.
Sin embargo, hubo vecinos que solicitaron el indulto para los condenados de Valladolid. Su proceder contrariaba el cuadro de una ciudad unánimemente aliviada. Napoleón lo rechazó y ofreció, días después, su propia interpretación de aquella negativa: en el fondo, afirmaba, los solicitantes se alegraban de no haber obtenido lo que pedían. La explicación resultaba cómoda. Permitía entrever la aprobación incluso en la súplica y transformar las objeciones en testimonios favorables.
Las ejecuciones tuvieron lugar. Pero el número anunciado en la misiva no coincide con el consignado en el diario local: Sancho habla de cinco ahorcados y de otro hombre indultado cuando ya subía al cadalso. Menciona asimismo destierros a Francia. Siete condenados anunciados por el poder, cinco muertos registrados por un vecino: la discrepancia subsiste. Deja entrever, sobre todo, lo que las cifras imperiales aplastan: el instante en que un castigo aún puede suspenderse para un individuo, mientras deja de poderlo para sus compañeros.
El 16 de enero, Napoleón volvió sobre el asunto en otra carta a José. En Madrid, los magistrados habían absuelto a algunos de los hombres detenidos o los habían condenado tan solo a prisión. El emperador ordenó un nuevo juicio ante una comisión militar y exigió que los culpables fuesen fusilados. Valladolid servía de nuevo como argumento. Allí había denegado indultos, había mandado ahorcar y consideraba semejante rigor como un acierto político.
Este cotejo desvela la verdadera naturaleza del caso. La represión de crímenes reales, de los cuales el asesinato de Ceballos ofrecía un espantoso testimonio, se confundía con la voluntad de someter a una población. Un fallo judicial en exceso benévolo se trocaba en un estorbo que otra jurisdicción debía enmendar. El emperador pretendía restablecer la seguridad; los habitantes veían instaurarse, a la par, un poder capaz de elegir el tribunal a tenor de la condena esperada.
Napoleón abandonó Valladolid el 17 de enero. Las luminarias se habían extinguido, las autoridades permanecían y las cárceles no se vaciaban por ello. Sancho prosiguió su diario describiendo las contribuciones, los arrestos y las partidas de guerrilla que hostigaban a los franceses en los contornos de la ciudad, obligando a los soldados a replegarse hasta las puertas mismas. La calma proclamada no había puesto fin a la guerra.
En la correspondencia del vencedor, Valladolid cabía en adelante en una lección dirigida a un hermano. En las calles, era menester continuar viviendo entre quienes habían delatado, quienes habían implorado clemencia y las familias a las que nada se había devuelto. Los sombreros, por su parte, acabaron por volver a casa con sus dueños; no todos los hombres apresados regresaron jamás.